El Supremo de Israel veta el rastreo masivo del servicio de espionaje a los móviles de los contagiados

Casi un año después de su polémica aprobación por el Gobierno, el Tribunal Supremo de Israel ha vetado este lunes el rastreo masivo de los móviles de los contagiados por covid-19 con los sistemas de vigilancia del Shin Bet (servicio secreto interior). A petición de cuatro organizaciones de defensa de los derechos civiles, los magistrados han considerado una grave infracción de las libertades ciudadanas el sistema de barridos generalizados para detectar los contactos de los infectados con otras personas, a las que se impone en consecuencia una cuarentena. El Alto Tribunal establece que el seguimiento de los móviles solo podrá ser impuesto en casos individualizados de pacientes que se nieguen a cooperar con las autoridades sanitarias.

La tecnología secreta de rastreo que utilizan los servicios de espionaje israelíes para seguir los pasos de palestinos sospechosos de terrorismo ha servido para detectar un 7% de los casos contabilizados por el Ministerio de Sanidad entre el 17 de marzo, cuando comenzó a aplicarse, y el 31 de diciembre de 2020, según un informe del Ministerio de Inteligencia. Los sistemas de geolocalización del Shin Bet identifican a quienes han entrado en contacto durante más de 15 minutos y en un radio de dos metros con un infectado registrado.

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El Tribunal Supremo concluye que una decisión que fue impuesta con carácter temporal y por la vía de urgencia, en el momento del estallido de la pandemia, se ha ido renovando sucesivamente por el Gobierno, con el único aval de una comisión parlamentaria, hasta convertirse en una medida permanente.

La ONG Asociación de Derechos Civiles israelí, que calificó hace un año de “peligroso precedente de violación del derecho a la intimidad” la implantación del barrido masivo de móviles, ha celebrado ahora el veto judicial a “un uso extremo y antidemocrático de medios de vigilancia en la lucha contra la pandemia”, según un comunicado citado por Reuters.

El Supremo ha limitado el uso del rastreo por parte del Shin Bet a casos individuales y como herramienta complementaria. Los datos recopilados serán utilizados por la policía para notificar a aquellas personas que hayan estado en contacto con los infectados que deben someterse a una cuarentena de dos semanas. Pero los barridos y capturas de datos de móviles por el espionaje han generado también dudas sobre su efectividad. El mes pasado, 65.000 ciudadanos no vacunados que tenían que entrar en cuarentena domiciliaria quedaron dispensados de la medida de aislamiento a causa de un fallo técnico en el rastreo, según informa The Times of Israel. El pasado enero, 144.000 personas con resultado positivo en las pruebas de detección quedaron excluidas del seguimiento del Shin Bet sin razón aparente.

Inmunización de palestinos

La resolución del Supremo se ha producido un día después de que el Gobierno aprobara la vacunación de los 130.000 trabajadores palestinos empleados en empresas de Israel o de los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania. Esta campaña de inmunización, que todavía no ha comenzado, se llevará a cabo en centros temporales instalados en los puestos de control de salida del territorio palestino ocupado o en los accesos a las colonias.

El órgano del Ministerio de Defensa que gestiona el día a día de la ocupación ha anunciado que los trabajadores recibirán las dos dosis de la vacuna de Moderna, que Israel ha adquirido como reserva aunque solo está inyectando a su población con la de Pfizer y BioNTech. Más de la mitad de sus 9,3 millones de habitantes —entre los que se incluyen 1,9 millones de ciudadanos de origen palestino y más de 300.000 palestinos con estatuto de residente en Jerusalén— han sido inoculados ya con al menos una dosis. Los 5,2 millones de palestinos de Gaza y Cisjordania solo han recibido hasta ahora 32.000 vacunas: 2.000 dosis de Moderna desde Israel; 20.000 de Sputnik V de Emiratos Árabes Unidos y otras 10.000 de Sputnik V enviadas por Rusia.

Frente a los llamamientos internacionales a Israel para que se haga cargo de la vacunación de la población palestina, como potencia ocupante desde 1967, el Gobierno israelí alega que la Autoridad Palestina tiene competencia exclusiva en materia sanitaria desde los Acuerdos de Oslo de 1993. El Comité Internacional de Cruz Roja ha recordado que la población de Gaza y Cisjordania sigue sin apenas protección vacunal y ha instado a Israel a emprender nuevas iniciativas como la inmunización de los trabajadores palestinos.