El feminicidio de Úrsula Bahillo pone en la mira a la policía argentina

La argentina Úrsula Bahillo aguantó siete meses en silencio la violencia que ejercía contra ella su pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez. Hasta que un día comenzó a contarlo. A sus amigas, a su familia y después en comisarías, donde lo denunció porque tenía miedo de que la matase. El lunes por la noche, Bahillo fue asesinada a cuchilladas en una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Tenía 18 años. Su feminicidio ha reavivado las protestas contra el sistema judicial y la policía, que a menudo fallan en la protección de las víctimas. Familiares de víctimas de feminicidio exigen que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas urgentes para evitar más muertas y la impunidad de los agresores.

“Un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo tiene que castigar”, asegura Ada Rico, titular de la ONG Casa del Encuentro, pionera en la elaboración de estadísticas sobre feminicidios en Argentina. Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y su región metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. Rico advierte que para las mujeres maltratadas es muy difícil dar el paso de denunciar y la dificultad aumenta si el acusado es policía porque a menudo sus compañeros lo encubren. Una de las veces que Bahillo se acercó a denunciarlo a la comisaría de la mujer no le tomaron declaración porque era fin de semana. A Martínez le dieron una baja psiquiátrica.

“No doy más amiga, no doy más, estoy muy triste. Me dijo que me va a matar”, le contó Bahillo a una amiga suya en noviembre. “No aguanto más, casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca. Me quiero ir de acá. Tengo mucho miedo, me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos”, continúa el mensaje difundido por medios locales este miércoles. La Justicia denegó las ordenes perimetrales solicitadas contra Martínez. Tampoco le entregó a Bahillo un botón antipánico. “Úrsula pidió ayuda, Úrsula denunció, Úrsula debería estar viva”, señalan desde Amnistía Internacional.

El lunes por la noche, decenas de personas se concentraron en la localidad bonaerense de Rojas para exigir justicia por la joven asesinada. Hubo pedradas contra la comisaría, automóviles incendiados y una dura represión policial. Un día más tarde, familiares, amigos y vecinos volvieron a manifestarse. El miércoles, mientras en Rojas una multitud acompañaba el cortejo fúnebre, en Buenos Aires alzaron su voz familiares de otras víctimas de feminicidios. La próxima semana el movimiento Ni Una Menos ha convocado a una gran movilización.

“Vengo de la Fiscalía. Estoy cansada de pedir justicia además del dolor que tengo desde hace casi ya cuatro años que no tengo a mi hija. Le juré a mi hija que iba a hacer justicia, pero tenemos a jueces que son inoperantes y un Estado que es ciego, sordo y muy corruptible”, denunció en Plaza de Mayo Marisa Rodríguez, madre de Luna Ortiz. Esta joven de 19 años fue asesinada en junio de 2017.

A su lado, Mónica Susana Ferreira asentía con la cabeza: “Lamentablemente estamos rodeados de corrupción y nunca se hace justicia”. La Policía tardó 25 días en encontrar el cuerpo de su hija, Araceli Fulles. Estaba enterrada bajo escombros, cal y cemento en una casa a poco más de un kilómetro de la suya. “Cuando fui a ver su carita hermosa no estaba más. Sólo tenía sus ojitos y dientes”, describió sobre el momento del reconocimiento.

A casi cuatro años de su asesinato, Ferreira denuncia la complicidad policial para encubrir a algunos de los sospechosos y la desconfianza que provocará el caso de Úrsula Bahillo en otras mujeres que son víctimas de violencia. “A mi hija no la voy a sacar nunca más del cementerio, pero tenemos que hacer algo por las mujeres que están vivas. ¿Ahora qué mujer va denunciar? Si Úrsula puso 18 denuncias y la mataron. No van a denunciar si ven que no sirve”, advierte.