Mujeres policías: víctimas invisibles de la violencia machista en Argentina

“Somos las más fuertes. Las más valientes. Las de un temple único. Somos más fuertes que el delito. Que el narcotráfico. Que el miedo…”, dice una voz femenina en un vídeo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al declarar al 10 de enero como Día de la mujer policía. “Muchas eligen con vocación ser parte del servicio público policial y no dudan del honor de sus funciones, arriesgando su vida a la par del personal masculino”, continúa. La figura elegida para la efeméride es Silvia Sgarzini, muerta a tiros en 1993 durante un asalto, la primera agente caída cumpliendo el deber.

La policía de la provincia de Buenos Aires, la Bonaerense, la más numerosa de Argentina, fue una de las primeras de Latinoamérica en admitir mujeres entre sus filas, hace 80 años. Hoy son el 43% del personal activo (39.077 de 90.994 miembros) y superan a los hombres en número de inscripciones. Las cifras, sin embargo, ocultan un lastre. Pocas mujeres alcanzan jerarquías altas (comisarias generales o inspectoras); solo tres conducen una superintendencia (de un total de 32 jefaturas); y la violencia que sufren, junto a jornadas extenuantes y mal pagas, lleva a muchas a “colgar el uniforme”: cada vez son más las que ocupan puestos administrativos o directamente piden la baja.

Una sargenta de 34 años, que pide mantener su nombre en reserva, cuenta su historia. A los 19, recién egresada, le tocó un comando antidrogas en un suburbio lejos de su casa. Salía de madrugada y esperaba el bus uniformada y sola. “Me sentía regalada para que me maten”, dice. Un día, un jefe que la llevaba en coche la metió sorpresivamente en un hotel por horas, para tener sexo. Como se negó, le asignaron rutinas de entrenamiento más lejos aún; viajaba tanto que no dormía. Terminó con una licencia psiquiátrica y cambió el arma por tareas de oficina. “Pero yo estudié para ser policía”, lamenta.

Una subcomisaria de 42 años que sufrió acoso sexual, presiones para ser amante de los jefes y discriminación en todos sus destinos durante dos décadas, dice: “Llevo un arma y tengo la misma formación que los hombres, pero nosotras siempre tenemos que demostrar más”. A esto se sumó el calvario doméstico: su exesposo, también policía, la golpeaba y violaba. “Nunca voy a olvidar mis lágrimas cayéndome en la panza de embarazada, y el maltrato que sufrí yo misma al denunciarlo en la comisaría de la Mujer”, agrega.

Las denuncias por lesiones, amenazas y homicidios de mujeres irrumpen en esas comisarías las 24 horas. La norma dice que las deben recibir profesionales sensibles y entrenados. Sin embargo, una de ellas, psicóloga con 20 años en la Bonaerense, dice que esto no siempre se cumple, y que estas unidades suelen ser un destino “de castigo o descarte”. Muchas policías, además, viven a ambos lados del mostrador: deben actuar en casos de violencia y a la vez son víctimas. “Pero sus casos no salen en las redes sociales, como si no fueran mujeres”, dice la psicóloga.

Casi mil denuncias internas

La Bonaerense tiene 140 años. Hace 20, las aspirantes aún debían desfilar desnudas ante médicos evaluadores, en un acoso silencioso. Hoy, la perspectiva de género ha bajado a escuelas y centros de entrenamiento, tanto para revisar lógicas internas como para mejorar la respuesta hacia la enorme población que deben proteger. El comisario general Jorge Figini, subjefe de la fuerza, dice: “Estamos en un proceso de transformación, acompañando un cambio social. No cambiás una institución de la noche a la mañana. Peleamos contra usos y costumbres de organismos cerrados y con mucha disciplina, sobre todo con el personal de más edad. Hay conductas que antes se dejaban pasar y ahora no”.

Hoy hay capacitaciones para el personal, actualizaron el protocolo de Asuntos Internos –que investiga al personal– y se visitan comisarías para controlar que todas -no solo las de la Mujer- reciben las denuncias, que se agudizaron con el confinamiento, ejemplifica Agustina Baudino, directora de Políticas de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad.

La restricción total o parcial de armamento a los agresores y una licencia especial para las víctimas son otras dos herramientas para atajar la violencia interna. Ambas se aplican también en el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que reúnen 90.000 agentes). Sabrina Calandrón, subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género (y autora de Género y sexualidad en la Policía Bonaerense), explica que esa licencia ya existía, pero restaba puntaje a la hora de ascender. Ahora no queda registrada en el legajo, lo que “aliviana esa carga y reduce la estigmatización”.

El acompañamiento a quienes se atreven a denunciar a personal federal es otra política activa: en 2020 se abrieron 997 expedientes internos, entre casos de violencia intrafamiliar (80%) y violencia de género laboral en distintas oficinas. Pero el desafío, dice Calandrón, es más profundo: “Debemos ir un poco más allá de defenderse del problema, y apuntar a transformaciones culturales; a que las mujeres puedan hacer todas las especialidades y cumplir sus responsabilidades, en un marco de mayor equidad”. Para ello crearon, entre otras medidas, un programa de “masculinidades” (sensibilización a varones), sumaron lactarios en varios edificios e hicieron visible un tema tabú: la Policía de Seguridad Aeroportuaria (fuerza federal con mayor porcentaje de mujeres) repartió copas menstruales.

Las fuerzas buscan sintonizar con el espíritu de época. Pero hacia afuera, la cuestión de género choca con la imagen negativa de la policía entre la población. La violencia que sufren las uniformadas no forma parte del debate público. “¿A cuántas de nosotras nos matan por machismo o en enfrentamientos? Y no nos suman. No estamos”, dice la sargenta.