La ‘ley trans’ abre una nueva brecha entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno

La tramitación de una nueva ley trans, incluida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, ha abierto una nueva brecha política entre los socios. El Ministerio de Igualdad (en manos de Podemos) trabaja ya con un borrador de esa ley. La piedra angular es la posibilidad de cambiar nombre y sexo en el DNI sin más requisitos que la “declaración expresa” de la persona, la autodeterminación de género. Otro punto importante es la garantía del acceso a tratamientos hormonales, si la persona trans lo requiere, desde la pubertad. En La Moncloa no reconocen como propio el borrador, que consideran “una propuesta de máximos de Unidas Podemos”. Según fuentes de la negociación, el PSOE no se siente cómodo, en particular, con esos dos puntos. Insisten en que hay que trabajar la “calidad normativa y la seguridad jurídica” sin dar una fecha concreta para presentarlo en el Consejo de Ministros. Sin embargo, Podemos quiere registrarlo ya este mes.

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No es la primera vez que afloran públicamente las diferencias entre ambos partidos en la tramitación de leyes sociales que pasan por el Ministerio de Igualdad. Ocurrió con la ley de libertad sexual, que lleva casi un año varada en la tramitación desde que se presentó en el Consejo de Ministros en torno al pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvieron un primer encuentro el 25 de enero sobre la ley trans. Ese día, Montero le presentó el borrador. Y cuatro días después, el pasado viernes, Calvo se reunió con los colectivos trans y LGTBI con los que Igualdad lleva negociando meses, algo que no sentó bien al equipo de la ministra. Allí planteó además fusionar esta ley con la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI en una sola norma. El acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 las recoge como dos leyes independientes y así defiende Podemos que deben de seguir, como textos separados.

Desde Igualdad aseguran que “apenas hay diferencias” entre el borrador con el que ahora trabajan y una proposición de ley impulsada por el PSOE en 2019 en la Comisión de Justicia. Aquella propuesta, respaldada por unanimidad en el Parlamento (se votó antes de que Vox entrara en la Cámara), ya contemplaba la posibilidad de un cambio legal del sexo y el nombre en el DNI sin necesidad de presentar informes médicos ni ningún otro requisito, aunque no hacía referencia a los tratamientos hormonales en menores.

Igualdad apela insistentemente al “consenso” que los socialistas lograron con aquel texto para intentar impulsar su propuesta de ahora. Pero en estos dos últimos años ha habido movimientos y cambios que ayudan a entender lo que está ocurriendo ahora y por qué el PSOE se desmarca, en parte, de lo que defendía entonces. Una rama del feminismo —en la que están algunas de las históricas feministas españolas cercanas al PSOE— considera que la autodeterminación de género pone en riesgo el propio concepto jurídico y lo que supone ser mujer como sujeto político. El pasado verano, el PSOE elaboró un argumentario al respecto, que firmaba entre otras, Carmen Calvo como secretaria de Igualdad del partido. “No se trata de cuestionar si una persona se siente hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico o el aspecto físico que quiera manifestar, sino cómo se traslada un sentimiento y su expresión — especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo—, al ordenamiento jurídico”, recoge ese argumentario, que defiende una “situación estable de transexualidad debidamente acreditada”.

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La piedra angular de la futura ley es precisamente la libre autodeterminación de género, que supone que cualquier persona pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa, a partir de los 16 años. Es decir, trasladar “su sentimiento y su expresión”, en términos del argumentario del PSOE, a su documentación. España ya permite ese cambio sin necesidad de una operación quirúrgica de los genitales. La novedad sería eliminar el requisito de un informe médico o psicológico y los dos años de tratamiento hormonal que recoge la actual ley, de 2007. Fuentes de la negociación señalan que Calvo plantea ahora que el cambio registral sea supervisado por un juez en dos tiempos, para solicitarlo y, pasado un plazo, para ratificarlo. Desde dos de las organizaciones que se han reunido con ambas partes consideran que eso supone pasar de “patologizar el cambio de sexo” con informes psiquiátricos a “judicializarlo”.

El texto preliminar de la ley trans prevé garantizar los tratamientos hormonales a los menores que así lo soliciten. Será con el consentimiento de sus padres hasta los 16 años y, a partir de entonces, con su propia autorización. Los tratamientos prevén un bloqueo hormonal “al inicio de la pubertad” para ayudar a frenar el desarrollo de los pechos o de la barba y la nuez cuando empiezan a desarrollarse. Y, con posterioridad, la aplicación de hormonas cruzadas (testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales). En la actualidad, en España los menores trans ya tienen acceso a estos tratamientos, controlados por un equipo médico. Muchas veces, acceder a ellos exige una tramitación larga que depende además de la diferente regulación de las comunidades autónomas. Según fuentes de la negociación, Carmen Calvo ha manifestado reticencias con esos procesos de hormonación antes de los 16 años y quiere que se apliquen de esa edad en adelante y no antes. Desde uno de los colectivos trans que han participado en la elaboración del borrador responden que abordar estos tratamientos entonces “puede ser ya tarde” porque el pecho o la barba empiezan a crecer mucho antes.

El Ministerio de Igualdad quieren llevar en esta primera quincena de febrero la ley al Consejo de Ministros para su toma en consideración. Admiten que aún quedan “meses y meses de trabajo” para pulir el texto antes de su aprobación definitiva. La Moncloa no ha dado ninguna fecha e insiste en que, antes de esa presentación, el borrador debería incluir ya los informes preceptivos de otros ministerios, como Sanidad o Justicia (ambos en manos del PSOE) para que el texto tenga la mayor seguridad jurídica posible.

Igualdad considera que el actual borrador cuenta ya con suficientes garantías. Una docena de comunidades autónomas, donde vive el 80% de la población según las estimaciones de Igualdad, disponen ya de ‘leyes trans’ autonómicas, por lo que añaden que unificarlo en un marco común facilitará las cosas para toda la ciudadanía, independientemente de dónde vivan.