Diferencias en el Gobierno valenciano y entre los expertos sobre vacunar con la segunda dosis a los que se colaron

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de Compromís, ha asegurado que será Salud Pública quien decida si las personas que se han vacunado contra la covid-19 de forma irregular en la Comunidad Valenciana, como varios alcaldes del PSOE-PSPV y del PP, además de familiares y algunos gestores y funcionarios, deben recibir la segunda dosis, pues se trata de una “decisión técnica y médica”. La segunda dosis ha provocado una nueva discordancia en el seno del Gobierno de coalición del Botànic, integrado pro el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, Oltra ha señalado que lo expresado este jueves por el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, al pedir que estas personas no recibieran la segunda dosis, era “una posición ética”, que todo el mundo ha pensado. Puig comunicó a la consejera de Sanidad, Ana Barceló, la decisión.

No obstante, ha considerado que más vale “perder que más perder” porque si ahora no se les pone la segunda dosis, al final, esas personas, cuyo comportamiento ha calificado de “feo, insolidario y poco ético”, costarán más a la sociedad, pues habrá que ponerles tres vacunas. Ha señalado que “indigna” que haya personas que hayan usado “la vía del nepotismo para vacunarse fuera del plan”, pero quien decidirá sobre quién tiene la segunda dosis y cuándo será Salud Pública “en función de criterios técnicos y médicos”, aunque cree que probablemente vaya por la idea de que “no nos cuesten más vacunas”. Se está investigando al poco más de centenar de personas que se saltaron el protocolo para esclarecer los casos. En cualquier caso, se trata de una cifra pequeña en comparación con los más de 100.000 dosis administradas, ha señalado Oltra.

La secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, de Compromís, es de la misma opinión. Considera que debe “imperar el criterio sanitario y no desperdiciar la dosis inicial” y todavía más en el actual contexto de carestía de las vacunas de Pfizer. Según los ensayos de la multinacional farmacéutica, la segundo dosis se ha de administrar en un periodos entre 21 y 42 días después de la primera para alcanzar la mayor efectividad en la inmunidad, que se sitúa en torno al 94%. “Estoy de acuerdo con las declaraciones de Fernando Simón y creo que sería otro error no poner la segunda dosis incluso a los que no cumplieron el protocolo”, ha señalado la secretaria autonómica a EL PAÍS.

Puig defendió el jueves por la mañana que no dar la segunda dosis es una “medida ejemplarizante” y por la tarde Fernando Simón se mostró contrario: “Hay una estrategia nacional de vacunación que indica cómo se debe administrar la vacuna. Entiendo que las personas que hayan podido vacunarse cuando no debían tienen que asumir la responsabilidad, pero desde mi punto de vista consideraría que sería un error cometer dos fallos: vacunar antes de tiempo a gente y no ponerle la segunda vacuna”.

Desde Presidencia de la Generalitat aseguraron que respetan las palabras de Simón pero se “trata de una cuestión de credibilidad institucional”. Los políticos, familiares y funcionarios que se han saltado el protocolo “no pueden verse beneficiados con la segunda dosis”.

Esta mañana, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha manifestado en la Cadena Ser: “Poner una segunda dosis en un momento de escasez de vacunas es quitarle la primera dosis a una persona vulnerable que puede tener complicaciones y morir si se contagia”. Con la primera dosis, la persona consigue una inmunización del 50%; es decir, que queda parcialmente protegida. “Entiendo que si no se pone la segunda no se ha completado la vacunación, pero me preocupa más que se deje sin poner a personas que lo necesitan, que no se protegan a los grupos de riesgo”, ha insistido.

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