¿A quién vacunar a continuación?

Que las primeras vacunas debían ser para las residencias geriátricas y el personal sanitario no ofrecía ninguna duda. El consenso era total y generalizado a nivel mundial. En nuestro caso, estaba más que justificado: casi la mitad de las muertes registradas por covid-19 se han producido en residencias de ancianos y el personal sanitario, que ya pagó un alto precio por la desprotección inicial, sigue siendo el colectivo más expuesto. Pero ahora viene el peliagudo reto de decidir a quién vacunar a continuación. Y eso ya no está tan claro. En España aún no se ha decidido, pero en el Reino Unido, por ejemplo, ya se sabe que serán los mayores de 65 años, para ir bajando luego por franjas de edad. Ese es el criterio por el que se inclinaba también el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la estrategia que van a seguir muchos países. Si el objetivo es inmunizar primero a quienes tienen un mayor riesgo de contraer enfermedad grave y morir, es en esa franja de edad en la que se da la mayor prevalencia de patologías asociadas que pueden agravar el pronóstico. La edad cubre en este caso el criterio de mayor vulnerabilidad ante la enfermedad.

Pero en las últimas semanas se ha suscitado en Estados Unidos un interesante debate sobre si la edad debe ser el único criterio a tener en cuenta. Es el más fácil de aplicar y el que menos controversia social genera, pero tal vez no sea ni el más justo ni el más conveniente para frenar el virus. El Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización, dependiente del CDC, debatió esta cuestión el pasado 3 de enero. Y recomendó incluir a los trabajadores esenciales en la siguiente tanda de vacunaciones. No abandonó el criterio de edad, pero lo combinó con un criterio social.

El debate ilustra la dificultad que entraña priorizar cuando hay vidas en juego. Como señala Mildred Z. Solomon, presidenta del The Hastings Center de Nueva York, uno de los organismos de referencia en temas de bioética, las decisiones más difíciles son aquellas que tratan de ponderar entre dos objetivos igualmente importantes y legítimos. Todos esperaban una fuerte controversia, pero la conclusión del comité fue muy clara: por 13 votos a uno se inclinó por recomendar que se vacune simultáneamente a los mayores de 70 años y a los trabajadores esenciales. Entre ellos se cuentan profesores, socorristas, cajeras, conductores de autobús y cualquier otro empleado de un servicio indispensable que exija contacto con el público.

Los argumentos esgrimidos son interesantes. Entre los 65 y 70 años mucha gente goza de buena salud y puede aplicar medidas de autoprotección para evitar los contagios. Los trabajadores esenciales, en cambio, están obligados a una exposición permanente. Entre las razones para darles prioridad, las hay de tipo instrumental: son esenciales para el funcionamiento del país y protegerles a ellos es una forma de evitar que el virus circule, pues al estar más expuestos, se contagian más y transmiten más.

Pero también entran en consideración criterios de justicia social. En Estados Unidos los afroamericanos y los latinos han sufrido tres veces más la covid-19 que las comunidades blancas anglosajonas. En casi todos los países, las capas sociales más desfavorecidas se han contagiado más porque ocupan trabajos que no pueden hacerse a distancia y comparten más el espacio vital. Los trabajadores esenciales han sostenido los servicios públicos durante la pandemia, incluso a costa de poner en riesgo su salud. La sociedad tiene con ellos una deuda de gratitud.

Priorizar por edad es fácil. Lo difícil es discriminar por categorías. Por ejemplo, qué patologías asociadas deberían considerarse como factor de riesgo prioritario para recibir antes la vacuna. Y lo mismo para los criterios de riesgo laboral: qué posiciones se consideran de primera línea entre el personal sanitario o qué colectivos deben considerarse trabajadores esenciales. No es fácil, seguro, decidir, pero nadie dijo que la ética fuera sencilla.

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