Un juzgado archiva la causa por abusos denunciada por una de las madres de Infancia Libre

El juzgado de instrucción número 54 de Madrid ha archivado la causa por abusos denunciada en 2014 por una de las madres de la asociación Infancia Libre. El mismo juzgado decidió reabrir el caso a final del año pasado. Ahora, en un auto del 19 de febrero, "llega a la misma conclusión que cuando se dictaron las resoluciones anteriores", que "no aparece debidamente justificada" la perpetración del delito. Patricia González, quien fue arrestada en mayo por haberse ocultado junto a su hija durante dos años para evitar el contacto de la niña con su padre, solicitó en otoño que se tuvieran en cuenta dos informes de un psiquiatra y una pediatra emitidos en 2017 que no fueron considerados en su momento y que avalaban la presencia de indicios de que la menor había sufrido abusos por parte de su padre. La niña, que ahora tiene 11 años, vive con su padre desde la detención de su madre. Cuando declaró en el juzgado, hace unas semanas, dijo que "no eran ciertos" los abusos relatados "de pequeña", según consta en el auto, notificado a las partes el viernes.

González fue la segunda de las madres de Infancia Libre cuyo nombre trascendió. Fue detenida mes y medio después de María Sevilla, presidenta de la asociación, también por un presunto delito de sustracción de menores. Ella había denunciado a su expareja por abusos sexuales a la menor. El juzgado decidió sobreseer la causa. En 2017, se marchó de Madrid y se ocultó con su hija. Fue localizada el pasado mayo en un pequeño pueblo de la sierra Norte de Madrid. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 53 determinó que la niña debía vivir con su padre, que se declara inocente de las acusaciones, e impuso una orden de alejamiento a la madre. González lleva desde ese momento sin comunicarse con la menor. Aún debe determinarse la fecha del juicio por sustracción de menores. La Fiscalía pide tres años de cárcel para la madre.

El abogado de González, Jaime Montero Román, asegura que recurrirán la decisión de sobreseer provisionalmente la causa, dado que "no se ha respetado el estatuto de la víctima". "La niña llegó a declarar al juzgado de la mano de su padre. ¿Dónde se ha visto que una víctima de un delito llegue a declarar con el supuesto agresor?", explica. Daniel I. Aguirre, exmarido de González, defiende su inocencia: “La acusación pidió que la niña se fuera la noche anterior con la abuela materna, que hicieran un informe previo para ver si podía declarar... pero la verdad es que la declaración cumplió todos los estándares, estaban presentes fiscalía y la propia juez", explica.

Los abusos denunciados ocurrieron supuestamente entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, durante el régimen de visitas de la niña con su padre. La juez considera que no resultaba pertinente durante la fase de instrucción citar, como pedía la acusación, a la pediatra de Granada que emitió un “informe ex profeso” tras haber atendido en una ocasión a la menor ni al psiquiatra que la siguió en Madrid y que redactó otro informe en el que narraba los presuntos abusos, que no ha vuelto a tratarla desde 2017.

La juez apunta que en 2015 ya se archivó un procedimiento por abusos contra esta menor. Y recuerda que el centro de atención a la infancia vio indicios compatibles de delito abuso sexual en el ámbito familiar en 2015 y que posteriormente el centro especializado de intervención en abuso infantil determinó que los hechos denunciados “no eran compatibles con una experiencia de abuso sexual infantil”. También puntualiza que hay “psicólogos independientes” que concluyen que “ambos progenitores son válidos para la custodia de la menor y que no ha existido la situación de abuso denunciada inicialmente”. Además, señala que la menor apuntó “de forma reiterada” durante su declaración a mediados de mes que “el hecho que había relatado de pequeña y que repitió a algunos psicólogos no era cierto”.

Infancia Libre acaparó la atención mediática después de que cuatro de sus integrantes fueran detenidas o llamadas a declarar en procesos de sustracción de menores. La unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de la plaza de Castilla emitió el pasado junio un informe en el que apuntaba a que la asociación operaba como una “organización criminal” y se les acusaba de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que tenían como objetivo que a los padres les fuera retirada la custodia de sus hijos. Las cuatro madres acusan a sus exparejas de abusos sexuales a los niños. Ellos defienden su inocencia. La Fiscalía Provincial de Madrid decidió hace unas semanas archivar la causa contra esta organización. Los procesos individuales por sustracción de menores siguen su curso.