Las contradicciones, la burocracia y las prisas envuelven la detención de los presuntos asesinos de la niña Fátima

Desde la detención de los presuntos asesinos de la niña Fátima en México este miércoles, el caso se ha visto envuelto en una bruma pesada, producto de las dudas sobre ese preciso momento, la detención. La falta de detalles, las contradicciones entre la fiscalía y la policía de la capital y la presión para resolver el último crimen horrible al que asiste la sociedad dibujan un panorama incierto. Y más teniendo en cuenta los índices altísimos de impunidad que registra el país.

Este jueves, la Fiscalía de Ciudad de México divulgó un comunicado en que informaba de que el miércoles, policías de Isidro Fabela, en el Estado de México, pegado a la capital, “localizaron” a la pareja homicida, un hombre y una mujer, en una comunidad del municipio. Los agentes acudieron al lugar acompañados de elementos de la policía estatal. Una vez allí “entrevistaron a las personas referidas y pudieron establecer que podrían corresponder a las buscadas por autoridades capitalinas; en ese momento la pareja ofreció dinero a los uniformados con objeto de que se les permitiera retirarse del lugar”. Fue el intento de soborno lo que provocó la aprehensión de la pareja. No el crimen.

Durante más de 24 horas, los acusados estuvieron detenidos exclusivamente por este evento: el presunto intento de evitar la captura a cambio de dinero. El miércoles por la noche, las autoridades carecían de permiso del juez para detener a los presuntos asesinos y solo los detuvieron después de su ofrecimiento. En la mañana de este viernes, el juez giró finalmente las órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y feminicidio contra Fátima, quienes fueron trasladados a Ciudad de México, donde se realizará el proceso judicial en su contra.

Además de las órdenes de aprehensión, las circunstancias del arresto de la pareja están igualmente rodeadas de dudas. El comunicado de la fiscalía del jueves no explica cómo los agentes vieron a la pareja, cómo empezó la entrevista, si los agentes entraron o no a la casa donde estaba la pareja, si los vieron por la calle. Aunque parezcan detalles sin importancia, todo esto es relevante, porque algún fallo podría provocar que un juez declarara ilegal la detención. Cuestionado al respecto por EL PAÍS, un vocero de la fiscalía ha dicho que de momento no le han “dado el detalle”.

Horas después de que la fiscalía divulgara el comunicado, el jefe de policía de la capital, Omar García Harfuch, ha concedido una larga entrevista al programa de radio Atando Cabos. García Harfuch ha actuado como portavoz del Gobierno de la capital para este caso. A diferencia del comunicado, el funcionario ha dicho que “los primeros respondientes fueron la policía municipal [de Isidro Fabela], apoyados por la Guardia Nacional (...) Ellos son los que detienen a las personas y por eso son detenidos por cohecho. Estas personas ofrecieron entre 5.000 y 10.000 pesos”.

García Harfuch no habla de ninguna entrevista entre los agentes y los detenidos y dice que la policía municipal iba acompañada de la Guardia Nacional, no de la policía estatal.

Javier Cruz Angulo, profesor del CIDE, un centro público de estudios, puntero en investigaciones jurídicas, opina que “el Gobierno de Ciudad de México está obligado a explicar cómo se realizó esta entrevista. Si no explican este pedazo de historia, sería preocupante”. Si la entrevista no hubiera ocurrido o los agentes hubieran entrado en la casa sin permiso, el juez podría tener problemas para mantener a los presuntos asesinos en la cárcel. “Si el dato no se logra esclarecer, tenemos un problema grave, característico de las autoridades”, añade Angulo. “Y eso acaba creándole un problema al juez. Porque por eso destrozas toda la captura. Y acabamos de ver la vergüenza que han pasado la fiscalía federal y la de la ciudad con El Lunares”, razona.

Angulo se refiere a Óscar Flores, presunto líder de un grupo criminal de la ciudad, que estuvo a punto de quedar libre en dos ocasiones estas últimas semanas, después de que el juez considerara insuficientes las investigaciones de las fiscalías, la de la federal primero y la de la capital después. Solo a la tercera han conseguido que el juez acepte sus argumentos.

La niña Fátima Aldrighetti desapareció el 11 de febrero. Tenía siete años. Una mujer se la llevó del colegio antes de que su madre fuera a buscarla. La madre dijo después que había tardado 11 minutos en ir a recogerla a la escuela donde estudiaba. Las cámaras de seguridad recogen el momento en que la mujer se lleva a la niña de la mano. Una primera falta de parte del colegio, que dejó ir a Fátima con una extraña.

Al no encontrar a Fátima, la familia acudió a la sede de la fiscalía de la delegación de Tláhuac, en el sur de la capital, pero las autoridades no abrieron un expediente. los funcionarios alegaron que debían esperar 72 horas desde la desaparición. Esta institución recibió críticas por haber retrasado la investigación durante 24 horas claves.

El día 12, la madre de Fátima se dirigió a la Fiscalía Especializada en la búsqueda de personas, donde finalmente le tomaron su declaración y abrieron una investigación. Fueron tres días después, el 14, cuando oficiales de seguridad pública de la capital comenzaron a realizar recorridos en la zona por la que anduvo la mujer con la niña.

El sábado 15, la policía local encontró los restos de Fátima dentro de una bolsa de plástico. La fiscalía activó entonces el protocolo para investigar el caso como un feminicidio. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, calificó el lunes la actuación de las autoridades en este caso como una “cadena de negligencias institucionales”.

El martes por la noche, investigadores de la fiscalía y la policía local catearon una casa en la colonia San Felipe, al sureste de la capital, adonde supuestamente llevaron a Fátima tras su secuestro. Las autoridades informaron de que hallaron ropa de la mujer que se había llevado a Fátima. Prendas que había usado el día que secuestró a la niña. También dieron con los zapatos de la menor, así como documentos de identidad y fotografías. De esa manera, las autoridades identificaron a los presuntos autores del asesinato de la niña, la mujer que se la llevó y su esposo. Ella se llama Gladys Giovana Cruz Hernández y su marido, Mario Alberto Reyes Nájera. La fiscalía había ofrecido una recompensa de dos millones de pesos (106.000 dólares) para quien diera información sobre el paradero de Cruz Hernández.

En la radio este jueves, García Harfuch ha explicado que después del cateo se dieron cuenta de que la pareja estaba en “tres posibles localidades, una en Puebla y dos en el Estado de México”. Luego, ha dicho, el miércoles por la mañana, confirmaron que estaban en una de las localidades del Estado de México. “Nosotros mandamos célula de investigación y a la 1 de la tarde ya teníamos en vigilancia el domicilio. Mantuvimos la vigilancia y estuvimos en coordinación con la fiscalía, la fiscalía antisecuestro y la Policía de Investigación de la fiscalía para la detención”. Más tarde les llegó una denuncia a la fiscalía, que confirmaba la ubicación. Y luego aún llega otra denuncia y es cuando interviene la policía municipal con la Guardia Nacional y detienen a estas personas.