Ciudadanos cede ante Vox y acepta mantener el ‘pin parental’ en Murcia

La formación ultraderechista da a conocer el acuerdo de presupuestos que ha firmado con el Gobierno regional, que incluye parte de las exigencias que ya hicieron en la investidura

Representantes de Vox, durante la presentación del acuerdo de Presupuestos firmado en Murcia. En vídeo, declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá.VOX / VÍDEO: EFEundefined

Apenas 24 horas después de asegurar que el denominado pin parental era una "línea roja" que Ciudadanos no estaba dispuesto a aceptar, el partido naranja ha firmado en Murcia un acuerdo con el PP (sus socios de Gobierno) y Vox para sacar adelante el presupuesto de 2020 que incluye esa medida. El revuelo por esa autorización ha llegado hasta el Gobierno central, que ha anunciado que la recurrirá por la vía judicial, pero eso no ha impedido que se mantenga el primer punto del acuerdo, que hicieron público los ultraconservadores en torno a las diez de la noche del jueves.

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El texto acordado entre PP, Ciudadanos y Vox, firmado por los portavoces parlamentarios de los tres partidos, señala que "se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la Consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución". 

El acuerdo no supone ningún cambio con respecto a la situación que actualmente se da en el sistema educativo murciano. Vox ya puso este mismo requisito en junio para hacer presidente a Fernando López Miras (PP), ya que los diputados populares y los de Cs, que forman el Gobierno en coalición, se quedan a un escaño de la mayoría absoluta, por lo que dependen de Vox en todas las votaciones parlamentarias.

Espinosa de los Monteros defiende el pin parental.

En agosto, la Consejería de Educación —en manos del PP— emitió una orden a todos los centros educativos, desde infantil hasta bachillerato, en la que se requería consentimiento familiar para las actividades complementarias, que se imparten durante el horario lectivo. La iniciativa fue duramente criticada por sindicatos, oposición y comunidad educativa, que incluso pusieron en duda su legalidad, porque los decretos que regulan los currículos de esas enseñanzas consideran obligatorias y evaluables este tipo de actividades.

Este viernes, el presidente del Ejecutivo regional era claro al asegurar en rueda de prensa que, si es necesario, se modificarán esos decretos "en aras de una mayor coordinación" en las autorizaciones que emiten los centros educativos. Hasta ahora y desde el pasado septiembre, cada colegio establece qué tipo de autorización emite, cómo se la hace llegar a las familias y si la ausencia de respuesta es considerada como una negación del permiso a que los menores acudan a las charlas.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que ha mantenido una postura ambigua: su partido, ha dicho, ve "visos de ilegalidad" en la instrucción de la consejería sobre el consentimiento paterno, que fue aprobada sin contar con Cs, pero ha aceptado el acuerdo para evitar el bloqueo del presupuesto Y, según él, ha "parado" las intenciones de Vox de incluir en el propio acuerdo presupuestario los posibles cambios en los decretos para sostener legalmente este tipo de autorizaciones.

El acuerdo para aprobar los presupuestos

Respecto al resto del acuerdo para aprobar los presupuestos, no presenta demasiadas novedades con respecto al que ya se firmó para la investidura. Su segundo punto es otra de las “reivindicaciones estrella” de los ultraconservadores murcianos: el cierre de un centro de menores extranjeros ubicado en la pedanía de Santa Cruz a lo largo de este ejercicio. El Gobierno lleva meses estudiando su traslado a la localidad de El Palmar.

La supresión de subvenciones a patronales y sindicatos, el gran órdago lanzado por los de Santiago Abascal al comienzo de las negociaciones de las cuentas públicas de la comunidad, se ha matizado y suavizado en el tercer punto del acuerdo, que promueve una modificación de la ley de participación institucional para “regular las subvenciones básicas a los agentes sociales, de forma que se compense de manera objetiva y justificada su función de participación institucional”. Se plantea, eso sí, una eliminación paulatina “de las subvenciones genéricas para gastos de funcionamiento”, con el objetivo de que desaparezcan al final de la legislatura, dejando solo ayudas para “fines y proyectos de interés general”.

Tampoco se escapan las entidades sociales, puesto que, según el acuerdo, se revisarán los baremos y criterios de las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF para fines sociales, dando prioridad a familias, personas con discapacidad y mayores. También “se revisarán los programas y convocatorias de ayudas al tercer sector” para priorizar a los mismos colectivos y los de ayuda a la cooperación internacional para primar el apoyo en catástrofes naturales. Asimismo, se desarrollará un plan de apoyo a la maternidad, exigido también desde la investidura, aunque en aquel momento se planteó con carácter de ley.

El último punto del acuerdo, el duodécimo, pide un refuerzo de los medios técnicos y personales de la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial. En séptimo lugar se había exigido también un refuerzo de la plantilla de atención primaria y de algunas especialidades del hospital Santa Lucía de Cartagena.

El resto de medidas firmadas se resumen en la reducción de los beneficios fiscales al juego “hasta su completa eliminación”, reducción de impuestos a familias numerosas y el arreglo de la carretera de la pedanía de Benizar, una pequeña localidad del interior de la región con unos 900 habitantes que decidieron masivamente no acudir a votar a ninguna de las elecciones que han tenido lugar en 2019 para denunciar el aislamiento que sufren.

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