El Gobierno y las comunidades acuerdan dar información semanal sobre la covid en las residencias

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado esta semana dar información semanal sobre la situación de la covid en los centros sociales, especificando por tipo de residencia (de mayores, de discapacidad y resto de alojamientos colectivos, como los de menores o pisos tutelados). Nueve meses después de que estallara la pandemia que se ha cebado con los geriátricos, esta información sigue sin estar centralizada. Cada autonomía recaba sus datos e informa de los que considera oportuno, por lo que son difícilmente comparables. Se ha decidido asimismo elaborar un censo sobre residencias, dado que en España se desconoce a nivel nacional cuántos centros hay, con cuántos trabajadores cuentan y cuántas personas viven en ellos. Para impulsar ambas estadísticas, en el Consejo Territorial del miércoles, el Gobierno y las autonomías pactaron por consenso crear “de forma inmediata” un grupo técnico para cerrar los detalles y ponerlo en marcha, según explican en la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo. Ha sido convocado la semana que viene.

En los documentos remitidos a las comunidades, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales expone al menos tres razones que justifican la publicación de los datos: la necesidad de que las autoridades sanitarias “dispongan de una imagen homogénea, completa y actualizada” de la evolución de la pandemia en las residencias, la posibilidad de que todos los territorios puedan evaluar los resultados de las medidas adoptadas por el resto e intercambiar buenas prácticas, y “atender a la demanda de transparencia sobre las cifras que existe en la sociedad española”.

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La afectación de la pandemia en las residencias es una de las grandes lagunas de esta crisis sanitaria. En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se aprobó también el informe definitivo del grupo de trabajo sobre residencias y covid, adelantado por EL PAÍS, en el se analizan 30 factores que influyeron en la “tormenta perfecta” que azotó estos centros y se ofrece la primera cifra oficial sobre los fallecimientos en centros de servicios sociales hasta el 23 de junio: 20.268 personas.

Se trata de una estimación de la Secretaría de Estado a partir de las cifras facilitadas por las comunidades autónomas, competentes en servicios sociales, al Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma. Pero en el documento no se facilita este dato desglosado por regiones. Y, sobre todo, no existen datos a nivel nacional sobre la situación en esta segunda ola, que también está golpeando los geriátricos. Sanidad recaba únicamente información sobre los brotes en estos centros, de los que informa semanalmente. Pero ni una palabra sobre el número de fallecidos. O sobre los contagios activos.

A final de marzo, durante el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad emitió una orden por la que las autonomías estaban obligadas a informar dos veces en semana sobre la afectación en estos centros. Sin embargo, y pese a que el propio presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a hacer estos datos públicos, nunca se informó de la evolución de la situación. En un documento interno de finales de junio, que posteriormente el Gobierno tildó de “borrador”, Sanidad manejaba una cifra cercana a 19.000 personas fallecidas en residencias de servicios sociales por covid o síntomas compatibles. Pero se reconocía que había comunidades que “nunca” notificaron casos y que otras lo hicieron fuera de plazo o sin respetar la periodicidad exigida. Se afeaba además la mala calidad de los datos, con “errores” y “discrepancias” con el número que daban otras fuentes.

El Ministerio de Derechos Sociales aseguró en agosto que en septiembre estaría habilitado un sistema de información en tiempo real de la situación en las residencias, que permitiría habilitar un mecanismo de alerta temprana. Pero no prosperó. Ahora se propone un nuevo intento. El documento estudiado en el Consejo Territorial, que deberá terminar de concretarse, pasa por que las comunidades envíen a la Secretaría de Estado una vez por semana, en un procedimiento “sencillo y claro”, y mientras dure la pandemia, información sobre el número de residentes y de centros, los contagios confirmados y número de residencias con casos, el personal, los trabajadores de baja por covid, y tanto el acumulado como la cifra relativa a la última semana de fallecimientos con coronavirus confirmado y con síntomas compatibles (cifra especialmente relevante durante la primera ola de la pandemia, cuando no había test y muchos mayores murieron sin que se confirmara su diagnóstico).

Sin un censo “homogéneo”

La información no solo se centra en la crisis de la covid. “Actualmente no existe un censo homogéneo en todo el país para conocer de forma completa el número de centros sociales residenciales, sus características y dotaciones, las personas que residen en ellos y sus características y el personal que les atiende”, consta en uno de los documentos. Se justifica su utilidad por varias razones. La “más urgente”, la preparación de la campaña de vacunación contra la covid —los mayores de residencias serán los primeros en vacunarse, según la estrategia avanzada por Sanidad—. Pero también para evaluar el sistema de cuidados de larga duración y revisar el sistema actual.

Por ello, la Secretaría de Estado propone que se utilice una aplicación informática que ya está disponible para completar este censo “con mucha rapidez a partir de la información facilitada directamente por los propios centros residenciales”. Aunque pueden “explorarse” otras alternativas. Se aboga por recopilar información sobre el propio centro (a qué población atiende, titularidad, gestión, contacto del responsable), de los residentes (plazas, número de usuarios, edad, sexo y grado de dependencia), de la plantilla (número de médicos, enfermeros, gerocultores, etc.) y de las características de la infraestructura (número de plantas, habitaciones individuales y compartidas, zonas comunes y posibilidad de sectorizar el centro para aislar los casos positivos o de disponer de habitaciones para hacerlo).

Humanizar los cuidados

El tercer documento aprobado por las comunidades y Derechos Sociales aboga por humanizar los cuidados. Ante los efectos negativos que se ha demostrado que origina la suspensión de visitas, se llama que su limitación se aplique “siempre con flexibilidad”, especialmente ante situaciones de enfermedad avanzada, final de vida o residentes con graves alteraciones conductuales. En el documento se aboga por que las medidas de contención de la infección se apliquen ponderando el riesgo-beneficio para los residentes, a que el confinamiento se evite en lo posible, reduciéndose a los casos sospechosos o positivos, y a que se habiliten espacios exteriores para propiciar encuentros con los familiares, así como organizar salidas y paseos. También se insta a paliar los efectos negativos del aislamiento social, a dar información a los residentes sobre la situación y respetar su voluntad respecto a las medidas aplicadas y a que se garantice la comunicación y transparencia con el exterior del centro.

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