La misión (casi imposible) de abortar en Polonia

Cuando se pasó el efecto de la anestesia, Anna (nombre falso) empezó a sentir un dolor agudo en las piernas, se le acumulaba el cansancio y su cuerpo se resentía por no haber comido nada en todo el día. La propia cirugía no duró más de 15 minutos, pero Anna, de 19 años, todavía recuerda los biombos de aquella sala de operaciones detrás de los que se ocultaban rostros como el suyo, ansiosos porque el calvario de abortar llegara a su fin. Ella solo pensaba en abandonar esa clínica en Eslovaquia para volver a su país, Polonia. ’'Cuando me enteré de mi embarazo pensaba que no volvería a ser feliz”, señala esta joven que no quiere revelar su verdadera identidad por miedo a que gran parte de su familia conozca este episodio de su vida o que la gente de su entorno la juzgue en uno de los países europeos donde la interrupción voluntaria del embarazo es casi imposible.

Anna es una de las miles de mujeres polacas que se han visto obligadas a viajar al extranjero para abortar al no poder hacerlo en el país eslavo. Polonia tiene una de las leyes más restrictivas de Europa. El pasado 22 de octubre el Tribunal Constitucional emitió un fallo que endureció todavía más este derecho, al declarar inconstitucional la interrupción del embarazo por malformación fetal, causa del 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en Polonia el año pasado.

La sentencia provocó un estallido social sin precedentes contra el Gobierno ultraconservador polaco y la Iglesia católica, en un país fervientemente creyente. Durante semanas, cientos de miles de ciudadanos —sobre todo mujeres y jóvenes— salieron a las calles en plena pandemia para protestar contra la sentencia del Constitucional. Y contra la deriva autoritaria de sus dirigentes. Acorralado por las protestas, el Ejecutivo, que es el encargado de publicar en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Constitucional para que el fallo se implementara cuanto antes —tal y como recoge la ley polaca— decidió no hacerlo hasta que no se calmaran los ánimos. Ha pasado un mes y la sentencia sigue sin publicarse, por lo que el fallo ha quedado en un limbo legal. El pasado miércoles, el Parlamento Europeo acusó al Gobierno polaco de “influir indebidamente” en la justicia. “Esta situación no debería alargarse porque genera inseguridad jurídica, sobre todo para la comunidad médica que se ve en situaciones que no sabe cómo afrontar”, explica el jurista Adam Krzywon.

Aunque antes de esta sentencia muchos ginecólogos se acogían a la cláusula de objeción de conciencia para no practicar abortos, desde octubre los pocos que sí que lo hacían se echaron para atrás. Uno de los casos más conocidos fue el del hospital Szpital Bielanski de Varsovia, que dejó de realizar estas intervenciones por miedo a posibles represalias. Los médicos podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel cuando entre en vigor la nueva ley. Finalmente, debido al limbo legal en que ha quedado la norma, —y también por la intermediación del Ayuntamiento de Varsovia (gobernado por la oposición)—, el hospital volvió a realizar este tipo de cirugías acogiéndose a la ley de 1993, que permite tres supuestos para abortar: por malformación fetal, si el embarazo era producto de una violación o incesto y en el caso de que la madre corriera peligro.

La ginecóloga Dorota Gródecka, del hospital público Zdroje en la ciudad de Szczecin (al noroeste de Polonia), ha sido una de las pocas facultativas consultadas por EL PAÍS que no tiene miedo a hablar sobre la delicada situación que viven los médicos por este asunto. Gródecka, de 39 años, cuenta que todavía no ha tenido ninguna paciente que se haya planteado abortar desde que se conoció la sentencia. Pero cree que mantener la ley anterior sería lo más sensato. La ginecóloga recuerda el caso de una pareja que decidió interrumpir el embarazo cuando descubrieron en una ecografía que el feto tenía anomalías muy graves: “No se le veía ni la pierna ni la cabeza”, cuenta. “En estos casos, no podemos garantizar a los padres que su hijo no tenga otras complicaciones más adelante”. La socióloga Elzbieta Korolczuk se pregunta cuántas mujeres dejarán de hacerse las pruebas del primer trimestre, donde se identifican la mayoría de malformaciones fetales del niño, “por miedo a descubrir anomalías y no poder hacer nada” en cuanto se publique el fallo.

Aborto farmacológico

Esta ley tan restrictiva hace que las mujeres busquen soluciones fuera del país. Las organizaciones internacionales que ayudan a estas mujeres sostienen que cada año entre 80.000 y 120.000 mujeres buscan ayuda para abortar en el extranjero. Anna cuenta que su ginecóloga se negó a prescribirle las píldoras abortivas acogiéndose a la cláusula de conciencia. Recuerda que la familia de su entonces novio la amenazó con denunciarla si seguía adelante con esa idea. Acabó con aquella relación. Su madre fue la única que la ayudó. Ni siquiera su padre sabe lo del viaje a Eslovaquia. Fueron tres horas de trayecto en autobús, el silencio incómodo entre las dos. “En la clínica me trataron muy bien”, dice un año después de aquel episodio.

Sin embargo, no todo el mundo puede salir fuera de Polonia como Anna.

Muchas recurren al aborto farmacológico, como Adela Nasuto, de 31 años. Esta psicóloga reconoce que fue una decisión fácil. “Mi marido y yo no queríamos otro niño porque ya teníamos uno de ocho meses”, dice por teléfono desde la ciudad de Bialystok.

Cuando Karolina (que prefiere no revelar su apellido) abrió el sobre blanco con la inscripción “Muy urgente”, sabía que había tomado la decisión correcta. Dentro del paquete, la joven, de 24 años, encontró por fin las pastillas para llevar a cabo el aborto. Tenía claro que lo haría a solas en casa de su pareja, cuando él estuviera fuera trabajando. “No tenía tiempo para irme al extranjero y cualquier tipo de cirugía me da miedo”, cuenta por teléfono desde Pogorzela, un pueblo al oeste del país. Pero el proceso hasta conseguir la medicación no fue nada fácil. Cuando descubrió que había dado positivo en el test de embarazo entró en pánico. Por aquel entonces vivía con sus padres y no quería que se enterasen. “Mi madre me hubiera impedido abortar”. Igual que tantas otras mujeres, al principio Karolina se topó con un muro cuando su ginecólogo se acogió a la cláusula de conciencia. Desde hace cinco años, el Tribunal Constitucional de Polonia no solo le otorga al médico este derecho, sino que también le exime de tener que derivarla a un centro médico. Al salir de la consulta, rompió a llorar.

Poco después, Karolina descubrió la organización Women on Web, dedicada a ayudar a mujeres en su misma situación. Fueron ellos los que la ayudaron a conseguir las pastillas, que tardaron una semana en llegar desde México y por las que pagó 80 euros. “Recuerdo que estaba sola, aterrada, y me tomé la primera; al día siguiente, la segunda”. Cuando tenía dudas, escribía a alguien de la organización. “Tenía vómitos, fiebre y espasmos estomacales, pero cuando al final todo acabó, volví a tener ganas de vivir”.