El Gobierno polaco retrasa la prohibición del aborto acorralado por las protestas

Acorralado por una multitud de protestas que se suceden por Polonia desde el pasado 22 de octubre, con centenares de miles de manifestantes que piden la dimisión del Gobierno ultraconservador en bloque, el Ejecutivo ha dado un tímido (pero significativo) paso atrás en su cruzada contra el aborto. El Gobierno del Partido Ley y Justicia (PiS) tenía de plazo hasta el lunes para publicar en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional que restringe al máximo la interrupción del embarazo. Pero no lo ha hecho, y por lo tanto, no se ha podido implementar el polémico fallo que ha originado un estallido social sin precedentes con revueltas contra la Iglesia católica y una gran movilización de los jóvenes.

“Hay una discusión en curso y sería bueno tomarse un tiempo para dialogar y encontrar una nueva posición en esta situación, que es difícil y suscita grandes emociones”, reconocía el martes a los medios de comunicación Michał Dworczyk, jefe de la oficina del primer ministro Mateusz Morawiecki. De esta manera, el Ejecutivo que gobierna el país desde 2015 y que ha alejado más que nunca a Polonia de la UE por el deterioro del Estado de derecho, sus políticas ultraconservadoras o sus pasos atrás en materia de igualdad de género, intenta ahora apaciguar los ánimos de una situación que se le ha ido de las manos.

La sentencia del Constitucional, controlado por jueces afines al partido en el Gobierno, acordó impedir el aborto en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Este supuesto representa el 97% de las 1.100 interrupciones de embarazo que se practicaron de manera legal en el país el año pasado. Pero las asociaciones a favor del aborto que trabajan en Polonia calculan que cada año entre 100.000 y 150.000 mujeres polacas abortan mediante la ingesta de píldoras o en clínicas de otros países. “La mayoría de las polacas que nos piden ayuda viajan a Holanda, Alemania y el Reino Unido para interrumpir el embarazo”, cuenta Mara Clarke, de la organización internacional Abortion Without Borders.

El pasado viernes, el presidente de la República, Andrzej Duda, en un intento por apaciguar los ánimos, también anunció su intención de presentar un nuevo proyecto de ley en el Sejm (Cámara Baja) para legalizar el aborto en los casos de malformaciones fetales graves “si la muerte del niño es inevitable”. En su propuesta, los diagnósticos de fetos de niños con síndrome de Down, por ejemplo, seguirían siendo inconstitucionales.

Los grupos pro-vida, también en contra del Gobierno

Los grupos pro-vida, un electorado hasta ahora fiel al PiS, han montado en cólera con la propuesta y con la paralización de la sentencia del Constitucional. “Con el proyecto de ley, el presidente está violando el Estado de derecho y se está volviendo contra sus votantes”, sostiene por correo electrónico Wojciech Zieba, presidente de la asociación Defensores de la Vida Humana. “El proyecto de Duda es incompatible con la Constitución y con la sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de octubre, así como con sus promesas electorales [antes de que en julio fuera reelegido de nuevo presidente]”, añade Zieba.