“No se asea a los ancianos. No comen bien. Por humanidad, por favor, investiguen esta residencia”

Una denuncia sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Salvaterra de Miño (Pontevedra) registrada en 2017 en la Consejería de Política Social de la Xunta de Galicia, finalizaba con un ruego desesperado: “Por favor, investiguen. Es una cuestión de humanidad”. La denunciante, una trabajadora que señalaba que no firmaba el escrito “por temor a represalias”, aseguraba que no se cumplía la ratio de personal. Y describía el trato a los residentes: “No se les asea correctamente, muchos de ellos incluso desprenden olor, no se les da de comer de una manera adecuada, ya que la carga de trabajo es tanta y el personal tan poco que no da tiempo a hacerlo profesionalmente”. “Hay un aumento en las caídas. Por favor, comprueben el registro de las mismas y el libro de enfermería”. Tres años después, se repiten denuncias similares. Entonces y ahora la empresa y la Xunta niegan deficiencias. La Fiscalía ha abierto diligencias.

La situación de abandono que reflejaba aquella denuncia es similar a la que ha presentado ahora, tres años después, a través de la asociación de Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega) por personal desplazado por la Xunta al centro cuando el pasado 27 de octubre asumió su gestión para frenar la expansión del coronavirus. Entonces había 13 fallecidos entre los residentes (han muerto 24 en 18 días) y 27 bajas de las 50 empleadas de la empresa que la Xunta cubrió incorporando a 35 trabajadoras propias y del Servicio Gallego de Salud (Sergas).

La denuncia incorporaba fotografías espeluznantes que la dirección del centro niega que reflejen la realidad. “Están manipuladas”, ha afirmado a este diario la gerente, Enma González Maño. En ellas, y en los vídeos difundidos, se aprecian úlceras que las denunciantes sostienen que afectan al 90% de los usuarios “provocadas por la inmovilidad y por llevar los mismos pañales durante horas”, escaso mantenimiento de las instalaciones, aseos no adaptados, habitaciones cerradas con llave desde fuera, colchones raídos y timbres que los residentes no pueden usar para pedir auxilio porque no funcionan. Una sensación general de desolación.

Cuando llegaron a la residencia, se quedaron perplejas. “Ni siquiera había protocolo anticovid. Las únicas instrucciones eran las genéricas para la población y el número de infectados se disparaba”, afirma Trega. Aunque Residencia Salvatierra SL es privada, tiene un concierto con la Xunta que financia 70 de sus 108 plazas. Antes de que la covid irrumpiese en sus instalaciones, los usuarios estaban atendidos por 50 empleadas. Los que no están en el convenio pagan entre 800 y 1.600 euros mensuales (más gastos de peluquería, podología y otros), según fuentes sindicales. La Xunta reconoce que aporta entre 50 y 55 euros diarios por cada plaza concertada.

“Es una cantidad insuficiente para cubrir el gasto de personal” afirma la delegada de la central sindical CIG en la comarca, Mercedes Domínguez. “Muchas residencias no quieren plazas públicas porque aceptarlas les supondría tener a las trabajadoras esclavizadas y prestar un servicio deficiente”, asegura. La Xunta sostiene que la ratio en esta residencia de “0,35 profesionales de atención directa por residente”.

“Es imposible atender a 108 ancianos con 38 personas, porque trabajan 8 horas diarias y 40 semanales: 1.776 horas al año”, destaca Domínguez. Para garantizar esa ratio diaria, la empresa “tendría que tener al menos 62 personas contratadas”, concluye. En su opinión, la escasa calidad asistencial denunciada tiene que ver con “el bajo precio que la Xunta paga y la explotación a la que en consecuencia la empresa somete a las trabajadoras”.

La CIG denunció en 2017 ante la Inspección de Trabajo de la Xunta que la dirección “ejercía un acoso vil” utilizando “violencia verbal” sobre algunas empleadas para conseguir “despidos baratos de personal con antigüedad”. Para hacer frente a la situación, cuatro afiliadas promovieron elecciones sindicales “y acabaron en la calle con expedientes disciplinarios”. “En los juzgados conseguimos la improcedencia de los despidos, pero con la intervención de la Inspección no cambió nada”, afirma el sindicato.

Según la CIG, los problemas comenzaron en 2016, cuando el centro recibió el concierto de las primeras 24 plazas públicas. La filosofía de gestión que se aplica en casi todos los centros privados es, sostiene el sindicato, “la que explica el patrón de esta residencia cuando dice que esto es un negocio. Cuando un usuario muere, la Xunta le manda otro”.

También en 2017 el Consello de Contas, el máximo órgano fiscalizador de Galicia reprendió a la Xunta por las deficiencias en el funcionamiento de las residencias. En el informe de aquel año ―el último publicado hasta la fecha― llamaba la atención al Gobierno gallego por “incumplimientos en materia de personal”, así como por el “uso inadecuado de las instalaciones, deficiencias en los protocolos de funcionamiento, falta de rigor de los registros y no actualización de los datos”. Y advertía que la Xunta no sancionaba los incumplimientos.

Sobre las carencias en las residencias públicas, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) en Galicia, Miguel Ángel Vázquez, señala que “ya no se cumplen las propias normas de la administración”. Vázquez sostiene que en los concursos “no se prima la calidad, sino el menor coste”. Y en el caso de los conciertos de empresas privadas con la Xunta entiende que aportando 53 euros por persona y día “ofrecer los servicios necesarios y pagar sueldos dignos no sería rentable: en un hotel de tres estrellas cobran 45 euros solo por dormir”.

Vázquez asegura que la ratio de trabajadoras en la residencia de Salvaterra es similar a la del resto de España, si bien reconoce que tener “a 35 personas para atender a 100 ancianos mañana, tarde y noche los 365 días del año, es insuficiente”.

La directora del centro niega deficiencias. “Las familias habrían denunciado”, justifica. La dirección ha difundido dos escritos, uno firmado por 60 trabajadoras y otro por 22 usuarios, respaldando la gestión. Los familiares disconformes no se atreven a denunciar ahora. “Con el centro aislado por la covid, no pueden visitar a sus mayores y temen represalias”, explican desde Trega.

Vinculación con el narcotráfico

A finales de los noventa, los hermanos Manuel y Juan Jesús Ibáñez se convirtieron en socios de Residencia Salvatierra SL, fundada por su padre. Manuel se desvinculó en 2010. Un año después, identificado como líder de la red europea del capo colombiano Alejandro Pareja, fue detenido en Portugal en la operación que desmanteló una organización que introducía cocaína entre pescado congelado. Lo fletaban en avión desde Brasil a Lisboa y de ahí, por carretera, a Galicia. En el Registro Mercantil figura aún como dueño del 50% de las acciones de la residencia, aunque la dirección niega que las mantenga. El otro 50% está a nombre de Juan Jesús, ahora administrador único.

Los Ibáñez se iniciaron empresarialmente en el negocio del pescado. El patriarca creó con la venta directa a restaurantes, según cuentan sus vecinos, una pequeña fortuna que invirtió en hoteles.Y acabó reconvirtiendo en residencia el edificio actual, pensado para hotel.

Juan Jesús figura también como administrador único de la empresa Pescazul2012 SL, constituida en 2011 y dedicada al “negocio de la pesca, en particular la compra, venta, consignación y subasta de pescado y marisco fresco y congelado, y todas las actividades que de estas se deriven”.

Residencia Salvatierra SL, tiene un capital social de 126.207 euros y un activo total de 755.273, según datos del Registro Mercantil. En 2018 presentaba un balance de ventas de 1.690.300 euros.

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