¿El sexo se elige? Depende de a quién pregunte
La propuesta de eliminar los requisitos médicos y burocráticos para reconocer los derechos de las personas transexuales ha generado un intenso debate en parte del feminismo, que ve una amenaza a la lucha por la igualdad
Hace menos de un mes, el Gobierno lanzó una consulta pública en la que plantea eliminar cualquier requisito médico o psicológico para que quien se considere hombre o mujer, lo sea también a efectos legales. Para el colectivo transexual, es un gran avance: la sola voluntad de ser hombre o mujer bastaría para que el Estado así lo reconozca. Parte del feminismo lo apoya. Para otra parte, es una amenaza: consideran que el sexo no es algo que se elija, porque entonces todas las leyes que específicamente evitan la discriminación de las mujeres estarían en riesgo. En medio de acusaciones cruzadas de transfobia y de socavar la lucha feminista, late una pregunta sobre la identidad: ¿qué es lo que define a una mujer?
El debate, apasionado y a veces virulento, ya existía pero se ha reavivado con la consulta pública abierta por el Ministerio de Igualdad para elaborar una ley sobre la “igualdad plena y efectiva” de las personas trans, que figura como compromiso en el acuerdo del Gobierno de coalición. De momento, son apenas cuatro folios y medio que inician la tramitación para eliminar los requisitos que debe cumplir una persona trans para cambiar el sexo y el nombre en el DNI. Es un cambio en el que el Congreso avanzó ya en la legislatura pasada desde que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero diera el primer paso en 2007 y que reclaman organizaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) para aumentar la protección de un colectivo estigmatizado. Parte del movimiento feminista pide que se frene esa tramitación recién iniciada y se abra un debate “amplio y veraz” sobre los términos de la ley, con el ojo puesto en nociones “problemáticas” como la autodeterminación de género que, opinan, puede introducir “conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros” que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad o igualdad.
La normativa que se ha abierto a consulta pública —que aún no tiene articulado porque ni siquiera está en fase de borrador— no es la primera destinada a las personas trans, que son entre el 0,3% y el 0,5% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Desde 2007, España permite cambiar nombre y sexo en el DNI sin necesidad de una operación quirúrgica de los genitales. Lo que sí se requiere es un informe médico o psicológico que diagnostica la transexualidad como si fuera una patología y al menos dos años de tratamiento hormonal. La nueva propuesta prevé eliminar estos requisitos, que los menores de edad (no especifica de qué años, pero en iniciativas previas de España se alude a que será a partir de los 12) puedan solicitar una rectificación del sexo en los documentos oficiales —como ya ha fijado el Tribunal Constitucional— y que se permita hacerlo a personas extranjeras en sus tarjetas de residencia y permisos de trabajo.
Un colectivo vapuleado
Organizaciones como la FELGTB lo aplauden porque creen que mejorará las condiciones de vida de un colectivo vapuleado. Una encuesta de la federación de 2019 recogía que cuatro de cada 10 personas trans son discriminadas en el trabajo y también el 40% declararon haber sufrido maltrato psicológico. “La ley de 2007 fue pionera pero se ha quedado obsoleta”, señala Uge Sangil, que preside esta federación. Recuerda que la OMS retiró en 2018 la disforia de género [disconformidad entre el sexo asignado y aquel con el que la persona se siente identificada] de la lista de trastornos psiquiátricos. “Ya no necesitamos que un certificado médico asevere que soy lo que digo que soy”, añade. El sistema sanitario, pide, debe “acompañar y ayudar, pero no tiene que certificar ni tutelar nada”.
La propuesta también ha tensado a los socios de Gobierno. Bebe de una iniciativa presentada en 2017 por Unidas Podemos, el partido de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En verano, un argumentario del PSOE, firmado entre otros por la vicepresidenta Carmen Calvo, alertaba de los mismos riesgos que subrayan ahora algunas feministas históricas, aunque después la portavoz del Gobierno, la socialista María Jesús Montero, respaldó públicamente como “compatibles y necesarias” la lucha feminista y la ley trans. Pero la iniciativa que ha abierto un cisma se basa también en una ponencia de la Comisión de Justicia publicada en marzo de 2019, impulsada por el propio PSOE y respaldada por unanimidad. Hace apenas año y medio, todos los grupos reclamaban la “despatologización de las identidades trans” y que se eliminaran “para siempre” las exigencias de informes o tratamientos médicos. Hasta 12 comunidades autónomas han desarrollado desde 2015 leyes similares a la normativa que se presenta ahora y que ha provocado el debate.
El sexo como realidad biológica
En las últimas semanas se han presentado públicamente dos plataformas contra esta nueva ley integradas por feministas a las que se les denomina con un término de uso internacional que ellas rechazan: TERF (Feminista Radical Trans-excluyente, en sus siglas en inglés). La primera organización, Contra el Borrado de las Mujeres, está formada por un centenar de asociaciones feministas. Enviaron una carta al presidente del Gobierno, firmada por algunas de las primeras que señalaron el posible peligro antes incluso de que se hablara de esta ley. En julio de 2019, en una escuela de pensamiento feminista en Gijón, las filósofas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares y la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, entre otras, alertaron de los riesgos que traía la asimilación de teorías que consideran que el sexo se puede elegir o que es fluido, las llamadas teorías queer que analizan y diversifican las identidades y orientaciones sexuales. Una de esas teorías cuestiona que existan solo dos sexos biológicos, el concepto binario de hombre y mujer. E impulsan la autodeterminación de género, que ser el uno o la otra “es una mera elección”.
Contra el Borrado de las Mujeres replica: “Creemos necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos”.
La segunda organización es la Confluencia Movimiento Feminista, con 40 asociaciones. Se presentaron públicamente el 10 de noviembre. “El borrado jurídico del sexo que operan las leyes de autodeterminación de género imposibilita la aplicación de cualquier acción positiva basada en dicha categoría, destinada a corregir la situación de discriminación que sufrimos las mujeres en el espacio público por el mero hecho de ser mujeres y dinamita, por tanto, toda la legislación en materia de igualdad”, señalan en su documento político.
Ambas organizaciones creen que, en lugar de una mejora para las personas trans, la norma que quiere lanzar el Gobierno es un auténtico terremoto que pone en riesgo las leyes contra la violencia de género, las de paridad en cargos y premios o las que establecen categorías deportivas de mujeres, marcas físicas distintas en oposiciones o las prisiones exclusivas de mujeres. Fuentes del Ministerio de Igualdad replican que no se pueden sostener esas afirmaciones sin conocer una ley que aún no está redactada y añaden que el Gobierno “tiene capacidad para garantizar la seguridad jurídica de las normas que propone”.
El ejemplo argentino de la “vivencia interna del género”
Argentina aprobó en 2012 una ley de identidad de género de 15 artículos y cuatro páginas. Fue el primero en dar luz verde a una normativa que tienen otros países como Noruega, Irlanda, Dinamarca o Malta. Define así la identidad de género: “La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.
Cerca de 9.000 personas han cambiado su identidad y sexo en sus documentos desde entonces, unas 1.000 anuales. “Es un concepto estructurante de la persona, no es el Estado el que decide quién es quién. El Estado ejerce una función administrativa y son las personas quienes se convierten en su propio tribunal”, explica al teléfono desde Buenos Aires la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Alba Rueda, que es una mujer trans. El proceso, añade, tarda una media de tres meses. En el artículo 7 de la ley se incluye un mecanismo contra el posible fraude de ley. “La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral”, señala el texto legal.
“Las personas trans así como las lesbianas siempre fuimos parte de los feminismos. Sabemos que hay un movimiento TERF [feminista radical trans-excluyente, en sus siglas en inglés]en Latinoamérica con otra perspectiva, pero somos parte de los feminismos y las luchas de las mujeres. Nuestros derechos no limitan los derechos de otras, sino que le dan valor, textura y diversidad”, añade la subsecretaria.
La clase, la raza y el sexo definen las grandes discriminaciones del mundo, sostiene la filósofa Alicia Miyares: “En el siglo IV, Aristóteles en sintonía con el patriarcado, definía a las mujeres como varones mutilados; en el siglo XIX éramos definidas como el sexo débil y en el XXI somos definidas como CisMujeres [el término cisgénero designa a la persona que se siente a gusto con su sexo de nacimiento. Cisgénero sería lo contrario a persona transgénero]”. Les preocupa el uso del lenguaje y la máxima de que lo que no se nombra no existe. Denuncian que en algunos círculos no binarios ya no se habla de mujeres sino de progenitores gestantes o cuerpos menstruantes.
El debate es acalorado también dentro del feminismo, donde temas como la prostitución, los vientres de alquiler o este último generan tensiones y desencuentros que han llegado a cruces de insultos y amenazas, posturas muy polarizadas especialmente en las redes sociales. Entre las integrantes de la Comisión 8M, principal organizadora de las huelgas feministas de marzo de 2018 y 2019 no hay duda: las mujeres trans “están en el feminismo desde hace décadas, en todas las luchas, en todas las manifestaciones y por las mismas causas”, dice Ana Useros, de dicha comisión. “Me parece muy peligroso juzgar una ley por el fraude que pueda hacerse contra ella. Es como insinuar que la legislación de los ERTE no se debería poner en marcha porque hay empresarios que se van a aprovechar. Quienes hablan del borrado de mujeres lo que de verdad están haciendo es borrar a otras para mantener su categoría pura. Esto no es un caballo de Troya, es mejorarle la vida a la gente”. “Son personas transexcluyentes”, critica Carla Antonelli, activista trans y diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. “Están usando planteamientos delirantes. No puedes existir porque me haces sombra a mí. Están infligiendo daño, no hablamos de teorías sino de seres humanos a los que les están destruyendo la estabilidad mental”.
Unas defienden que están en juego derechos humanos de un colectivo históricamente perseguido. Otras, que lo que se dirime son los cimientos sobre los que se asientan las leyes que persiguen la discriminación estructural de las mujeres. En medio, una ley por esbozar. A este debate le queda aún mucho recorrido.
Reino Unido dio marcha atrás con su ley
Todo se complicó a partir de la Ley de Igualdad de 2010 que aprobó el Gobierno laborista de Gordon Brown. El texto consagraba la protección legal de la reasignación de sexo, pero dejaba un espacio abierto a la interpretación y, consiguientemente, a la ambigüedad. Las mujeres trans tenían permitido el acceso a espacios restringidos como vestuarios o cuartos de baño, pero dejaba al criterio de cada autoridad pública el análisis de cada caso concreto. Para los críticos de la medida, fue una puerta falsa por la que accedieron los defensores de la llamada autodeterminación de género. Personajes públicos como la escritora J. K. Rowling, de simpatía laborista, pero defensora de un feminismo más tradicional, se han visto envueltos en una polémica que, debido sobre todo a las redes sociales, no deja enemigo vivo, y oculta con su agresividad una multitud de matices.
Fue una primera ministra conservadora, Theresa May, la que inició un proceso de consultas previo, en 2018, con el que se pretendía respaldar una reforma de la ley. La antecesora de Johnson era una firme convencida de la necesidad de evitar en el proceso el trauma del obligatorio análisis médico o psicológico. Hasta 100.000 personas ofrecieron su opinión, y en su gran mayoría (un 70%), defendieron la idoneidad de la autodeterminación (gender self-ID, en su término inglés). El Gobierno de Boris Johnson, sin embargo, detuvo el proceso de reforma, sin dar muchas explicaciones públicas. Subyacía en su decisión la voluntad de esquivar una nueva “guerra cultural”, similar a las que vive EE UU, que los asesores de Johnson consideraban innecesaria. Bajo su criterio, y con los sondeos en la mano, era una preocupación a la que la mayoría de los británicos no dedican mucho tiempo, y que sin embargo puede derivar fácilmente en una batalla política cruenta. Una encuesta del pasado junio de YouGov indicaba que un 63% de los ciudadanos respaldaban que siguiera exigiéndose un dictamen médico previo.
Para intentar aplacar al movimiento trans y a diversas asociaciones LGTBiQ, el Gobierno anunció su intención de actuar con dureza contra las pretendidas clínicas que presentan la homosexualidad como una enfermedad y ofrecen una cura. Y para contentar a la otra parte de la disputa, Downing Street también se ha comprometido a establecer reglas más claras respecto al uso de espacios públicos solo para mujeres. Nada ha quedado zanjado con una decisión que tiene más que ver con preservar derechos adquiridos sin buscar nuevos problemas que con resolver un debate que sigue confundiendo y atemorizando a los políticos del Reino Unido. - RAFA DE MIGUEL
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