Ni un paso atrás

Como cada 20 de noviembre, celebramos el Día Universal de los Derechos de la Infancia. Naciones Unidas eligió este día por ser el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia, que establece los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles que todo niño, niña y adolescente debería disfrutar. Un gran paso.

España ratificó la convención en 1990, hace ya 30 años. Parece, pues, un buen momento para recordar que muchos niños y niñas no pueden disfrutar de la plena garantía de todos sus derechos, porque las serias dificultades económicas que padecen ponen importantes obstáculos para su desarrollo.

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Y es que la pobreza es, en sí misma, una vulneración a los derechos humanos. De los ocho millones de menores de 18 años que viven en España, más de dos millones viven en pobreza. Todos estos niños y niñas, cuyos derechos inalienables nos hemos comprometido a defender, necesitan de la acción decidida de toda la sociedad para protegerles de cualquier tipo de discriminación, recibir educación y protección social, y garantizar su salud y bienestar.

No cabe duda del avance de las últimas décadas en el cumplimiento de la Convención, pero aún queda un largo camino por recorrer. El Gobierno es consciente del papel clave que debe desempeñar en la garantía de los derechos de la infancia y tiene claro su compromiso con ellos. El Ingreso Mínimo Vital es un reflejo de ello: una vez llegue a todos los hogares que tienen derecho a él en 2021, cubrirá a 650.000 niños, niñas y adolescentes y reducirá en un 80% la pobreza infantil severa.

Sabemos que con las declaraciones no basta: hay que dotar presupuestariamente a las políticas para tener resultados concretos en el bienestar de niños y niñas. Por eso nuestro compromiso se visualiza en los Presupuestos de 2021, donde se aumentan un 282% las cuantías de los programas destinados a infancia. Somos conscientes de que no hay garantía de derechos efectiva sin presupuestos.

Debemos seguir trabajando para que todos los niños, niñas y adolescentes crezcan dignamente y disfruten plenamente de la vida familiar y del derecho a jugar. Para eso necesitamos que la educación sea presencial y que los lugares para ocio y esparcimiento, como los parques, sigan abiertos.

En la coyuntura desafiante en la que vivimos a causa de la crisis de la covid-19, debemos recordar el compromiso que asumimos con la firma de la Convención: garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción de ningún tipo. Avanzar, sin dar un paso atrás, para cumplir de manera plena cada uno de los derechos de la infancia.

Ernesto Gasco es Alto Comisionado de la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno