Consumo recuerda a los afectados de Dentix que no han de pagar los créditos de tratamientos no prestados

La cadena de clínicas dentales Dentix ha cerrado sus 180 establecimientos en España y ha incluido a toda su plantilla en un ERTE por fuerza mayor. El Ministerio de Consumo ha cifrado este martes en 101.481 las personas afectadas por la interrupción de los tratamientos y ha explicado a aquellos que pidieran un crédito que tienen derecho a dejar de pagar las cuotas, previa información a la entidad financiera. Además, ha recordado que quienes hayan pagado la totalidad del servicio pueden reclamar su dinero ante la administración concursal. Sin embargo, las asociaciones de consumidores alertan de que quienes recurran a este último proceso tienen muy difícil recuperar su dinero, y piden un cambio de la Ley Concursal que favorezca a los usuarios.

El sindicato CC OO informó el pasado viernes de que Dentix cerraba desde aquel día todas sus clínicas ―llegó a tener 217 en España y 370 por todo el mundo—, que desde entonces no han vuelto a abrir. La empresa envió una carta a sus centros para explicarles que espera que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid declare de forma inminente el concurso de acreedores que solicitó en octubre. La compañía instó a sus establecimientos a que la documentación, los bienes, los materiales y el inventario que hubiera en cada una de ellas fueran “convenientemente empaquetados y almacenados” dentro de las dependencias.

Este martes, el departamento que dirige Alberto Garzón ha explicado que trabaja en varias líneas de actuación para defender los derechos de los afectados. La primera es el refuerzo de la publicidad de los derechos que les asisten, que dependen de su situación específica. El ministerio ya remitió el pasado viernes una nota informativa —elaborada con las autoridades autonómicas de Consumo— que detalla los derechos de los usuarios a la devolución de los importes abonados y la obligación de la compañía de facilitarles los historiales clínicos.

Consumo recuerda que aquellas personas que hayan suscrito créditos vinculados con entidades bancarias para financiar sus tratamientos tienen derecho a dejar de pagar las cuotas ante la cancelación de los mismos siempre que se haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya reclamado previamente, bien de forma judicial o extrajudicial, a Dentix. El ministerio estima que, del total de afectados, el 65% han suscrito créditos vinculados. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), señala: “El consumidor tiene derecho a dejar de pagar siempre y cuando advierta al banco de que se trata de un incumplimiento de contrato. El banco puede llegar a un acuerdo con el consumidor para llevarse el tratamiento a otra clínica, si ambos están de acuerdo. Si no, el consumidor puede dejar de pagar e intentar recuperar la parte de los tratamientos que no se le ha proporcionado, aunque este último punto es más complejo”.

Otra vía sería para aquellos usuarios que hayan pagado en su totalidad un tratamiento que no han recibido. En este caso, el ministerio explica que los afectados deberán reclamar su dinero ante la administración concursal, una vez que esta sea pública (por el momento, no consta que se haya publicado el auto en el que se declara el concurso de acreedores). El portavoz de la OCU apunta que quienes se vean abocados a este trámite tienen pocas posibilidades de recuperar el dinero: “En la práctica resulta muy difícil cobrar ni siquiera una pequeña parte a través de la administración concursal. Plantear que los consumidores vayan a esas acciones tiene poco sentido. El consumidor es el último que cobra y debería ser acreedor preferente, porque es el eslabón más débil. Por eso pedimos una modificación de la Ley Concursal para cambiar el orden de prelación de deudas y poner al consumidor por delante".

La organización de consumidores Facua denunció hace unos días ante Consumo que las entidades financieras no están suspendiendo el cobro de las cuotas de los créditos al consumo vinculados, a pesar de que la ejecución de los tratamientos se encuentra interrumpida, lo que deja a los afectados en situación de indefensión y vulnerabilidad. El ministerio, junto al Banco de España, mantendrá en los próximos días reuniones con las entidades bancarias que han ofrecido créditos vinculados a la financiación de tratamientos bucodentales para garantizar que los clientes dejen de abonar los pagos pendientes y que las entidades financieras devuelvan los importes ya abonados por servicios no prestados. Para ello, “se les solicitará que sean proactivas informando a los usuarios de sus derechos y que interrumpan los cargos de los recibos tan pronto tengan conocimiento de que Dentix ha dejado de prestar los servicios”.

Si las entidades financieras no aceptan paralizarles el cobro de cuotas pendientes se puede reclamar tanto ante Consumo como ante el Banco de España. El portavoz de la OCU confirma que este derecho asiste a los usuarios, pero critica que en caso de conflicto las resoluciones del Banco de España contra las entidades financieras no son vinculantes.

Posible comprar por otra compañía

Además, Consumo está hablando con otras empresas del sector bucodental para testar la viabilidad de una posible operación de compra por otra compañía que asuma los tratamientos pendientes. El ministerio considera esta opción como la más deseable en este momento para garantizar la más rápida continuidad de los tratamientos pendientes. Este escenario contempla el examen y potencial autorización de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha enviado este martes una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para trasladarle su preocupación por la coyuntura financiera de Dentix y la situación de los trabajadores y pacientes afectados, sobre todo en relación con el acceso a las historias clínicas de estos últimos. “Nos inquieta profundamente cómo la mercantil va a realizar la correcta custodia y conservación de las historias clínicas y qué sistema va a articular para permitir el derecho de acceso por parte de los pacientes”, ha explicado. “Para poder continuar sus tratamientos y realizar cualquier actuación en defensa de sus intereses, los pacientes necesitan tener acceso a sus historiales clínicos, así como a sus presupuestos, contratos financieros, entre otras cuestiones”, ha añadido.

El departamento que dirige Garzón trabaja junto al Ministerio de Sanidad en diferentes vías para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, el Gobierno estudia desde hace meses ampliar la cobertura bucodental en la cartera básica de salud pública y que las empresas que dan servicios sanitarios tengan un régimen de garantías reforzadas.