Bruselas lanza la ‘unión sanitaria’ para evitar la descoordinación frente a la pandemia

Bruselas ha entonado este miércoles el mea culpa por las serias limitaciones de la reacción europea frente a la covid y ha sentado las bases para una Unión sanitaria con la que poner fin a la descoordinación y enfrentarse de manera conjunta a futuras pandemias o emergencias en el área de salud. La batería de proyectos legislativos aprobados por la Comisión Europea suponen un salto sin precedentes en la integración de unas políticas sanitarias que, en la actualidad, están fragmentadas a nivel nacional o, incluso, regional. Las nuevas normas dotarán a Bruselas de poderes de supervisión y establecerán unas estructuras permanentes de vigilancia y coordinación comparables, en cierto modo, a las que ya existen dentro de la zona euro en el terreno económico y financiero.

“Hoy comenzamos la creación de una Unión Europea de la Salud”, ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación de tres proyectos de Reglamento que aspiran a transformar la capacidad de prevención y respuesta de la UE ante crisis sanitarias transfronterizas. Von der Leyen reconoce que “la pandemia de coronavirus ha puesto de relieve la necesidad de una mayor coordinación de la UE, de unos sistemas sanitarios más resilientes y una mejor preparación ante futuras crisis”.

Las propuestas suponen el desarrollo a gran escala por primera vez del artículo 168 del Tratado de la Unión Europea, que permite a Bruselas complementar la acción de los Estados en política sanitaria, respetando siempre las competencias nacionales. La irrupción de la Comisión en un área tan sensible de la política nacional suele provocar resistencia entre los Gobiernos nacionales. Pero el desbarajuste de la respuesta durante la primera oleada de la pandemia —cuando se cerraron fronteras de manera descoordinada y se bloquearon o ralentizaron exportaciones intracomunitarias esenciales— disparó las alarmas sobre la necesidad de una respuesta comunitaria.

Ya en los primeros compases de la pandemia, tres eurodiputados españoles, los socialistas César Luena, Javi López y Doménec Ruiz Devesa, instaron a la Comisión activar el artículo 168 y aprobar un proyecto de reglamento para reaccionar amenazas transfronterizas. La Comisión se mostró remisa, dada la situación de emergencia de aquel momento.

Pero ante la sacudida de la segunda oleada del virus y el desafío sanitario, logístico y social que supondrán las campañas de vacunación, la Comisión ha decidido lanzar una ‘Unión de la salud’ que eleva a nivel europeo la respuesta frente a pandemias como la actual. El proyecto necesita el visto bueno del Consejo de la UE (donde se sientan los 27 países de la UE) y del Parlamento Europeo. Y es previsible la resistencia de algunas capitales a ceder competencias a Bruselas.

La comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, cree, sin embargo, que la covid-19 ha demostrado el valor añadido de una actuación concertada. Y tranquiliza a los países reacios asegurando: "nuestra propuesta se ciñe de manera precisa a lo previsto en el Tratado”, es decir, que Bruselas no planea inmiscuirse en áreas de exclusiva competencia nacional.

Mecanismo de emergencia

Pero las nuevas normas no solo fortalecen y amplían las competencias de las estructuras ya existentes, como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o el Centro europeo de prevención y control de las enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), sino que otorgan también a la Comisión Europea el poder para dictar directrices relacionadas con la respuesta a una crisis sanitaria y la política de comunicación; la potestad de revisar los planes nacionales de respuesta ante emergencias sanitarias o la facultad de organizar actividades de formación y entrenamiento para el personal sanitario nacional.

La UE se reserva, además, el derecho de activar los mecanismos de emergencia sin necesidad de esperar a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare el estado de emergencia. La Comisión considera que esa autonomía del organismo mundial dará más flexibilidad a la UE en áreas como la estrategia de almacenamiento o adquisición de material sanitario neurálgico en momentos de crisis. Y permitirá a Bruselas intervenir de manera inmediata ante las primeras señales de una posible crisis para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior y la libre circulación de bienes necesarios para la salud humana. La Comisión quiere evitar la estampida que se produjo en los primeros meses de la actual pandemia, cuando algunos Estados, en particular Alemania, acapararon material sanitario y prohibieron su exportación a los socios que, como Italia, fueron golpeados en primer lugar por la covid-19.

Bruselas también propone un salto gigantesco en la coordinación de las autoridades en materia de salud con el establecimiento de un Comité de Seguridad Sanitaria comparable, según la Comisión, al poderosísimo Comité Económico y Financiero, convertido durante la crisis del euro en el Estado mayor donde se cocinaron las drásticas medidas aprobadas después por los ministros de Economía y Finanzas en el Eurogrupo.

Bajo presidencia de la Comisión, el Comité estará compuesto por representantes de los Estados miembros y se encargará de aplicar el nuevo Reglamento sobre amenazas sanitarias transfronterizas y podrá pronunciarse sobre la conveniencia o no de las medidas adoptadas en un país para responder a una pandemia o a cualquier otra crisis transfronteriza en el área de salud. En momentos de emergencia o cuando la agenda “incluya asuntos políticamente sensibles”, en el Comité se sentarán los secretarios de Estado de Sanidad, un rango que también equipara al nuevo órgano con la estructura vigente en el área económica.

La Comisión no oculta su intención de aprovechar la crisis sanitaria, como ocurrió con la financiera de 2008, para reforzar las competencias comunitarias. Pero cuando se desciende al dato concreto, quizá los números saben a poco. Según ha anunciado la Comisión, se incrementará la plantilla del ECDC en 73 personas, y en 40 la de la EMA, además de sumar 21 empleados más a la Dirección General de Salud. En total, la aportación presupuestaria supondrá 605 millones de euros entre 2021-2027.

“Diría que es poco”, ha reconocido la comisaria Kyriakides. Solo por comparar: el ECDC tiene un presupuesto de cerca de 50 millones anuales y 300 empleados; el CDC, su equivalente de Estados Unidos, cuenta con 12.000 millones de presupuesto más de 10.000 trabajadores.

La ofensiva europea, además, puede tener éxito mientras dure la emergencia. Pero podría decaer si la pandemia remite o se neutraliza. En el caso financiero, la Unión bancaria, lanzada en 2012 en el momento más crítico de la crisis del euro, arrancó con enorme vigor pero quedó empantanada por la resistencia de Alemania, entre otros países, a completarla. La calma en los mercados apagó la emergencia y dejó en el aire el proyecto económico más ambicioso puesto en marcha desde el nacimiento del euro.

La política sanitaria había sido tratada hasta ahora con cierta indiferencia, por considerar que se trataba de una competencia nacional. Los escasos avances se habían centrado en la parte industrial y farmacéutica del sector, con la creación en 1995 de una Agencia europea del Medicamento encargada de evaluar la seguridad de los fármacos para uso humano o veterinario.

Medidas vinculantes

Otro ejemplo de escasas atribuciones es el ECDC, nacido en 2004, tras la crisis del SARS, con el objetivo de prevenir futuras epidemias. Pero el organismo, con sede en Estocolmo, no dispone de poder regulador. Y cuando le llegó la tarea de coordinar una respuesta frente al coronavirus, se ha hecho evidente que su mandato, competencias y recursos humanos y materiales son limitados. Entre los políticos y técnicos de Bruselas se usan palabras más suaves: “Ha estado haciendo un trabajo estupendo dentro de sus límites y recursos”, dice una fuente comunitaria. “La cuestión es si era suficiente para dar una respuesta coordinada”.

La nueva normativa propone que el ECDC tenga, hasta donde se puede estirar sin invadir competencias ajenas, capacidad de emitir “recomendaciones más firmes” sobre las medidas para controlar los brotes (hasta ahora solo podía elaborar guías, pero en cualquier caso, no tendrá capacidad de dictar medidas vinculantes) y desplegar un grupo de trabajo sanitario, hasta ahora inexistente, en los lugares donde se les necesite, para dar una respuesta local en los primeros momentos de una amenaza sanitaria.

Se pretende a su vez intensificar el análisis y la elaboración de modelos para apoyar a los Estados en el control de los brotes, con mayor uso de herramientas que ahora mismo escasean en el organismo con sede en Estocolmo, como el Big Data y la Inteligencia Artificial. Quizá el gran avance sea que, a partir de ahora, aportar datos será obligatorio para los Estados miembros.

En cuanto a la Agencia del Medicamento (EMA), cuyo papel se vuelve clave ahora, cuando se ha de enfrentar a la aprobación de las posibles vacunas que vayan apareciendo, se le asignará también una tarea preventiva de vigilancia de acontecimientos que podrían provocar una escasez de medicamentos durante futuras crisis, además de supervisar posibles carencias de fármacos en medio de una crisis.

En su caso, tal y como explica la citada fuente comunitaria, se trata de recoger formalmente tareas que la EMA ha tenido que asumir de forma sobrevenida y ejerce ya de facto durante esta pandemia. Por ejemplo, desempeñará, según se asegura en la Comunicación remitida ayer por la Comisión al Parlamento y el Consejo, “un papel fundamental en el desarrollo y la aprobación veloz de medicamentos para tratar o prevenir una enfermedad que causa una crisis de salud pública”, lo cual precisamente es el asunto candente estos días.

La comisaria Kyriakides ha pasado de puntillas sobre el asunto de las vacunas, otra de las medidas aprobadas esta mañana en la reunión del Colegio de Comisarios, y quizá la más esperada: Bruselas, según ha confirmado un portavoz del Ejecutivo comunitario, ha autorizado la firma del contrato de 300 millones de las prometedoras dosis de Pfizer y BioNTech, cuya efectividad en los ensayos clínicos supera el 90%, según anunciaron el lunes estas compañías. “Se distribuirán cuando se pruebe que la vacuna es segura y efectiva”, ha dicho el portavoz. Ahora deberán seguir el preceptivo proceso de certificación sanitaria de la UE, precisamente a través de la EMA. Kyriakides ha aventurado una posible fecha para su distribución, hacia el final de 2020 o principios de 2021 “en un escenario positivo”, en el que sin embargo podría haber “contratiempos”.

El ejemplo de las vacunas es quizá uno de los preferidos en Bruselas para afirmar que “la unión hace la fuerza”: si se han conseguido firmar ya cuatro contratos (si se incluye este último) para tener acceso a cerca de 1.000 millones de dosis de vacunas, es precisamente porque la Comisión ha tomado la iniciativa y negocia en nombre de Los Veintisiete. Cuando se dividen los esfuerzos, en cambio, aparecen las grietas y uno se encuentra con fronteras cerradas de forma descompensada, y se encarecen y desabastecen los mercados de medicamentos y equipos sanitarios. De algún modo, da la sensación de que la UE se hubiera despertado del letargo de la descoordinación y amaneciera en el mundo real: ese en el que los Estados pelean por hacerse un hueco a codazos, y la UE, cuando suma, supone un bloque gigantesco a tener en cuenta.

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