Sanidad pacta con las comunidades poner en marcha la auditoría de los fallos cometidos en la pandemia
El Gobierno y las autonomías acuerdan crear un grupo de trabajo para “definir” qué cuestiones se evaluarán y se dan un plazo de un mes para llegar a conclusiones
El Ministerio de Sanidad ha pactado con las comunidades autónomas dar un primer paso para hacer la evaluación independiente de la gestión de la pandemia que un grupo de 20 prestigiosos epidemiólogos y especialistas en salud pública llevan pidiendo desde el mes de agosto. En concreto, lo que esta tarde ha aprobado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido “la creación de un grupo de trabajo que definirá el marco para realizar una evaluación independiente”. Este grupo se da un plazo de un mes para elevar sus conclusiones al consejo.
Los científicos publicaron en agosto en la revista The Lancet una carta en la que enumeraban los estragos que ha provocado el coronavirus en nuestro país, y se preguntaban por qué se encuentra en esta situación: “La covid-19 ha golpeado fuertemente a España, con más de 300.000 casos, 28.498 muertes confirmadas, y un exceso de alrededor de 44.000 muertes, a 4 de agosto de 2020. Más de 50.000 trabajadores de la salud han sido infectados, y casi 20.000 muertes se dieron en residencias de ancianos”. “Es importante que sepamos lo que ha pasado, ahora que la situación no es tan difícil como al principio, sobre todo para poder estar listos frente a una posible segunda oleada en otoño”, decía entonces una de las firmantes, Helena Legido-Quigley, experta en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
Inicialmente el Ministerio de Sanidad recibió con cierta frialdad la propuesta. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) reconoció que la evaluación era necesaria pero adelantó que no sabía cuándo se podría hacer. “Estamos todos muy sobrecargados y hay que encontrar el momento adecuado”, dijo. Y mencionó la dificultad de encontrar especialistas de primer nivel para hacer la auditoría externa porque, aseguró, "la mayor parte de los expertos que tienen la experiencia necesaria están muy involucrados en la gestión de sus brotes en sus propios países”. Pasados dos meses de la primera carta –los expertos volvieron a solicitar la evaluación en otra misiva en The Lancet el pasado 22 de septiembre–, Sanidad ha dado este primer paso. Lo hace una semana después de la reunión que mantuvo el ministro, Salvador Illa, con varios firmantes del manifiesto el pasado día 1.
El grupo de trabajo estará formado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que lo presidirá, y por un representante de cada una de las comunidades, que será designado por los titulares de la cartera de Sanidad. En sus reuniones estos representantes podrán ser asesorados y estar acompañados por técnicos y expertos de sus respectivas Administraciones, según recoge el acuerdo que han votado los consejeros.
Solo una comunidad, el País Vasco, votó en contra del acuerdo, según fuentes presentes en la reunión. De hecho, Euskadi afirma que no va a participar en la evaluación que propone el ministerio porque “cuenta con sistema sanitario propio y un servicio público vasco de salud (Osakidetza)”, explicó una portavoz. “Defendemos que es aquí donde debemos realizar el análisis de la gestión de la pandemia. Además, Euskadi ya ha iniciado un proceso de análisis”, añadió. La comunidad afirma que “respeta la decisión” y que seguirá “manteniendo una actitud de colaboración como lo ha hecho hasta ahora” pero enmarca la decisión de encargar una auditoría externa en el “proceso de centralización” que asegura que se está produciendo desde hace meses y que ya manifestó en las conferencias de presidentes que organizó Pedro Sánchez durante la pandemia. “Manteniendo una actitud de respeto y colaboración a los acuerdos adoptados, Euskadi ha decidido no participar”, concluye el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu.
Madrid, por su parte, asegura que pidió cambiar el marco jurídico del acuerdo (la Ley del Sector Público) de forma que el grupo de trabajo eleve al pleno del consejo directamente las conclusiones para que se aprueben “por consenso”.
El objetivo del grupo de trabajo será “elaborar una propuesta de marco evaluador del Sistema Nacional de Salud", aseguró el ministerio en una nota de prensa. “Definirá las líneas de evaluación, el alcance, los objetivos, los parámetros y todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo una evaluación independiente lo más completa posible del conjunto del sistema”. Una vez lleguen a conclusiones, las elevarán al pleno del Interterritorial.
Para Joan Carles March, investigador y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y uno de los impulsores de la carta, “un mes es mucho para decidir qué cuestiones se van a evaluar”, pero valora el hecho de que apenas haya pasado una semana desde que se vieron con el ministro hasta la firma del acuerdo. La propuesta, de momento, “no es clara”, añade. Por ahora parece que solo consiste en definir los temas, ya que no hay ninguna mención al perfil de los expertos que tendrán que hacer esa evaluación independiente y externa. “Mejor esto que nada”, resume March. El epidemiólogo Alberto García-Basteiro, otro de los firmantes del manifiesto, asegura que poner fechas y activar la evaluación “ya es una buena noticia” y apunta que sería bueno que además de expertos nombrados por las comunidades participaran ya desde el diseño especialistas externos. “Es importante el consenso entre el Gobierno y las comunidades si queremos que la evaluación sea creíble y útil”, añade.
El objetivo del grupo de trabajo será “evaluar tanto las actuaciones realizadas por parte de las autoridades sanitarias durante este periodo, como las fortalezas y debilidades que poseía el Sistema Nacional de Salud al inicio de la situación de pandemia internacional”. Las conclusiones “permitirán que de manera conjunta se adopten las decisiones que correspondan en orden a reforzar la vigilancia epidemiológica, los servicios de salud pública y el conjunto del sistema asistencial para transitar hacia un Sistema Nacional de Salud más robusto, flexible y resiliente que permita afrontar con las máximas garantías los desafíos que se le planteen y, en particular, futuras crisis sanitarias”, asegura el acuerdo aprobado tras la votación.
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