medio ambiente

La fiebre eólica cerca a los supervivientes de la Galicia rural

Vecinos de la comarca de Ordes se movilizan contra la tramitación ambiental por separado de cuatro parques que suman 32 molinos gigantes y 36 kilómetros de líneas de alta tensión

Baldomero Iglesias, en su casa de Xanceda (A Coruña) que se rodeará de aerogeneradores.
Baldomero Iglesias, en su casa de Xanceda (A Coruña) que se rodeará de aerogeneradores.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

Con los combustibles fósiles en irremediable declive, no hay pandemia que logre parar la eclosión del negocio del viento. En la comarca gallega de Ordes (A Coruña), en la que las eléctricas han puesto el ojo para plantar un centenar de molinos, la empresa madrileña Capital Energy ha impulsado en los últimos meses cuatro parques eólicos que suman 32 aerogeneradores de 200 metros de altura, casi tres veces la Catedral de Santiago, interconectados por 36 kilómetros de líneas de alta tensión que atraviesan en parte terrenos declarados Reserva de la Biosfera y un trecho del Camino de Santiago. Para medir su impacto ambiental, la compañía promueve ante la Xunta siete expedientes distintos: cuatro para los parques, que distan entre sí de 6 a 12 kilómetros, y tres para cada tramo de la infraestructura que evacuará la energía.

“La estrategia de dividir un proyecto en varios tramos pequeños para conseguir facilidades de tramitación y hurtar un análisis ambiental adecuado es ilegal”, sostiene la plataforma vecinal Salvemos a Comarca de Ordes en sus alegaciones a las tramitaciones que acaban de arrancar. Esta organización vigila otra decena de proyectos eólicos en ciernes que supondrían levantar en esta comarca agroganadera un mínimo de otros 73 molinos. “Estamos muy preocupados y muy alerta porque los plazos para alegar son muy cortos y esto va muy rápido. Las leyes están obsoletas y pretenden poner aerogeneradores de última generación a solo 500 metros de las casas”, explica Jessica Rey, portavoz de la entidad, aludiendo a la distancia mínima legal fijada por la Xunta hace casi 20 años, cuando las turbinas eran mucho más pequeñas.

Capital Energy, que tramita los parques eólicos que se ubicarán en los municipios de Ordes, Mesía, Frades y Vilasantar a través de su filial Green Capital Power, niega la “fragmentación” que denuncian los vecinos. Sostiene que los cuatro complejos señalados -denominados Solpor, Gasalla, Legre y Abrente- son “totalmente independientes entre sí” aunque compartan la línea de alta tensión, porque cada uno tiene subestación eléctrica y centro de control propios. “No podemos hablar de proyectos contiguos, dado que entre ellos hay una distancia de 10, 6, 7 y 12 kilómetros”, abunda la compañía, que aduce además que están en tres áreas de desarrollo eólico diferentes y en distintas fases administrativas.

Sobre la tramitación ambiental de la línea de alta tensión por separado de los parques, Capital Energy esgrime que la normativa gallega obliga a esta división. Y asegura que la infraestructura eléctrica se fragmenta en tres tramos porque se acordó así con la Consellería de Medio Ambiente. “Lo hemos hablado con Medio Ambiente”, afirma un portavoz de la empresa, quien explica que es una forma de esquivar “riesgos” y que por un problema surgido en un punto se tumbe toda la línea.

Carlos González-Antón, catedrático de Derecho Administrativo y abogado experto en medio ambiente, defiende que en proyectos como los de Ordes las Administraciones deberían realizar “la evaluación ambiental estratégica que se exige en los planes y programas”, es decir, un análisis más profundo y de conjunto. Y, ante el bum de las energías renovables, reclama una mejor planificación y evitar el “goteo” de parques eólicos. “España no se puede permitir que no haya desarrollo eólico pero las Administraciones deben planificarlo adecuadamente y no limitarse a poner una ventanilla y recibir proyectos de las empresas. Es una clara negligencia y omisión que provoca conflictos”, defiende.

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta asegura que la tramitación de estos siete proyectos, tanto los parques como las líneas de alta tensión, incluirá “un estudio de sinergias ambientales con las infraestructuras existentes en la zona que están en funcionamiento, pero también con las que están previstas y en tramitación”. Este documento que presentará la empresa permitirá “un análisis ambiental conjunto”, defiende el Gobierno gallego, y será previo a la declaración de impacto ambiental. El proceso, añade Medio Ambiente, “cuenta con todas las garantías jurídicas, técnicas y ambientales”.

González-Antón fue el abogado de la organización ecologista SEO BirdLife en un caso de Castilla y León que los vecinos de Ordes equiparan a los proyectos de Capital Energy. El Tribunal Supremo tumbó en 2017 la tramitación ambiental de dos parques eólicos contiguos que compartían línea de evacuación porque consideró que en realidad se trataba de un único complejo que había sido fragmentado ilegalmente. La promotora de los molinos de Ordes niega que ese fallo judicial le concierna porque, sostiene, en este caso no hay un expediente único anterior que se haya partido en dos, como sí ocurrió con las instalaciones castellanoleonesas.

Capital Energy, una empresa dirigida por Jesús Martín Buezas, exyerno de Florentino Pérez, se ha lanzado con tal fuerza al negocio de las renovables que está plantando cara a las grandes eléctricas. Solo en Galicia tiene 39 proyectos eólicos en tramitación desde 2017. En la misma zona de la comarca de Ordes donde ahora impulsa los cuatro proyectos mencionados, la compañía intentó tramitar hace un par de años dos parques eólicos de mayor envergadura ante el Ministerio de Medio Ambiente (organismo competente cuando superan los 50 megavatios), pero los acabó retirando tras una fuerte contestación social. Capital Energy sostiene que aquellas actuaciones frustradas “no eran lo mismo” que las actuales.

Las organizaciones ecologistas discrepan. La asociación Adega mantiene que la empresa optó por “despedazar” aquellos megaparques para poder presentarlos ante la Xunta y beneficiarse así de la tramitación “más laxa” que implantó el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) en 2017 al aprobar la Ley de Fomento de Iniciativas Empresariales en Galicia. Esta norma, que elimina papeleo y recorta plazos, ha sido bautizada por sus detractores como “ley de depredación”.

“No se acuerdan de nosotros para darnos Internet de calidad, solo para perjudicarnos”

El escritor y cantante Baldomero Iglesias, conocido en Galicia como Mero, su nombre artístico, se mudó hace 40 años a la aldea de Xanceda, en Mesía, para ejercer como maestro. “Entonces se podía beber agua de cualquier fuente, ahora ninguna es potable”, rememora para ilustrar el deterioro ambiental que ha percibido en este tiempo y que, advierte, se agravará con la eclosión de los eólicos. Alrededor de su casa, cercana al parque de Gasalla, se proyectan “entre 15 y 20 molinos” que con sus 200 metros de altura y el ruido de sus aspas acabarán con el paisaje y la tranquilidad que allí reina, lamenta.

El problema, señala Mero, no es la energía eólica en sí porque es “limpia”, sino que los parques se diseñan “en oficinas lejanas donde se desconoce el equilibrio ecológico” de la vida rural y por empresas que buscan grandes beneficios a toda costa y “lo compran todo”. Este vecino de Mesía teme por el futuro de las explotaciones agroganaderas de la comarca, muchas de ellas ecológicas, fruto del trabajo de años de quienes aún luchan por salvar el rural: “No se acuerdan de nosotros para darnos Internet de calidad o cobertura para los móviles, solo para perjudicarnos. Así que, por favor, que nos dejen en paz”.

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