¿Qué es un confinamiento selectivo? Así funciona en el caso de Palma

Entre los días 1 y 25 de agosto el barrio de Son Gotleu de Palma registró una tasa de 7,28 casos de coronavirus por cada mil habitantes. Fue, por mucho, el índice más alto de todo Baleares. El informe de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud referente a ese periodo desvelaba la rápida propagación del virus en una de las áreas más deprimidas de la capital balear, que contaba entonces con una media de 5,64 casos por cada mil habitantes. El impacto de la segunda ola de coronavirus en Son Gotleu había hecho saltar por los aires las esperanzas de contención de la pandemia en pleno verano y llevó al Gobierno de las islas a adoptar medidas más restrictivas para sus habitantes, que una semana después se extenderían a otros cuatro barrios de Palma y a diferentes zonas de los municipios de Sant Antoni e Ibiza. Este miércoles, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, puso sobre la mesa la posibilidad de confinamientos parecidos en su región.

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Desde el pasado viernes a las diez de la noche unos 23.000 residentes de los barrios de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals, situados en el este de la ciudad, adoptaron nuevas normas de vida dentro de un perímetro trazado sobre el papel, porque no está señalizado de forma física. Los residentes no pueden abandonar el perímetro salvo para casos excepcionales, como ir al trabajo, llevar a los niños a clase o ir al médico en otras zonas. Los aforos en tiendas y restaurantes se han reducido a la mitad y las reuniones no pueden superar las cinco personas. Se han suspendido los oficios religiosos, las actividades deportivas y todos los comercios tienen que estar cerrados a las diez de la noche.

La decisión no fue fácil de tomar, pero era necesaria ante la escala de casos en una de las zonas con mayor densidad de población de las islas. “Al estudiar los datos de contagios los podemos geolocalizar a nivel incluso de calle y eso nos permite hacer una evaluación mucho más fina de cómo está la transmisión en los diferentes entornos. Esta información nos facilita modular la respuesta para que, en un primer paso, se pueda acotar al máximo el perímetro y se permita mantener la actividad en el municipio afectado con la mayor normalidad posible”, afirma Marga Frontera, que dirige y coordina el comité técnico que asesora al Gobierno de Baleares en el desconfinamiento.

La decisión de confinar de forma parcial estos cuatro barrios se tomó sobre la base de la evolución de la enfermedad en la zona y la valoración de indicadores “preocupantes”, según Frontera, como la acumulación de casos en un mismo edificio o en un mismo domicilio, que se repetían en múltiples viviendas e indicaban la posibilidad de una transmisión comunitaria en el área. Las medidas adoptadas pretenden rebajar el riesgo de transmisión del virus mediante la disminución de los contactos que tiene cada persona, de ahí la reducción a cinco personas del máximo de participantes en los encuentros sociales y del 50% en el aforo de los establecimientos comerciales. Las restricciones finalizan el domingo 27, pero se pueden prolongar si no mejora la situación epidemiológica de los barrios.

“Los esfuerzos también se dirigen a reducir la movilidad, que sabemos que consigue hacer que la enfermedad se propague a otras zonas y por eso necesitamos hacer que la gente se mueva menos”, subraya Frontera. En el punto de mira también están los espacios cerrados donde se puede acumular mucha gente, que no suelen tener buena ventilación y donde se suelen realizar actividades que no facilitan el uso continuado de la mascarilla, como los gimnasios o lugares de culto. “Son circunstancias de especial riesgo para los contagios, especialmente para contagios masivos y es ahí donde ponemos más énfasis en restringir la actividad”, dice Frontera.

“Conozco gente que sale del barrio y no pasa nada”

Pero ¿quién controla que se cumpla con lo establecido? El Ayuntamiento ha destinado 20 agentes de la Policía Local para vigilar estos barrios e iniciar procedimientos sancionadores en caso de detectar infracciones, que en los primeros días se han traducido en multas por no llevar puesta la mascarilla o fumar en la vía pública. La Policía Nacional explica que están a disposición de los requerimientos que pueda hacer la Consejería de Salud, aunque por el momento no tienen ningún punto estático con agentes y continúan con las patrullas que realizan normalmente.

Así que, en la práctica, el cumplimiento de las medidas y la mejora de la situación recae en la responsabilidad individual, que para Vicenç Alemany, propietario de la farmacia Alemany ubicada en pleno Son Gotleu, es muy difícil de hacer cumplir en su barrio: “Hay personas muy concienciadas y preocupadas por el asunto, pero con la gente joven creo que es más difícil. Es un barrio complicado por cuestiones sociales y hay que informar bien de las medidas, porque muchas personas no saben ni siquiera que han cambiado la cosas”. La falta de controles y presencia policial también es motivo de queja para Jesús Heredia, un vecino de la zona. Afirma que no ha visto más agentes por el barrio: “Aquí pasan algunos con el coche pero ni se paran ni nada. No he notado ninguna diferencia, hay gente que cumple y otros que siguen igual. Conozco gente que sale del barrio y no pasa nada”.

“Si no queremos que haya más zonas confinadas hago un llamamiento a la ciudadanía, aunque no sea de estos barrios, a que cumpla estrictamente las normas sanitarias, que están más que claras. Solo desde la responsabilidad individual derrotaremos a la covid, no basta con que lo haga la Administración”, afirma el alcalde de la ciudad, José Hila, que incide en que las medidas “eran necesarias”. “Los ciudadanos tienen que entender que son las mejores normas que se pueden tomar y si no las cumplen habrá consecuencias”, añade. Advierte que este martes se impusieron 43 sanciones por incumplimientos en las zonas confinadas.

Las restricciones van acompañadas de un plan de intervención comunitaria, mediante el que los inspectores de Gobierno Interior del Ayuntamiento informan a los negocios de las normas sanitarias y se encargan de que las medidas se cumplan con la ayuda de la policía. También se realizan visitas “puerta a puerta” en los domicilios para comprobar que se cumplen las medidas de aislamiento, en un intento también de detectar las necesidades que puedan tener los vecinos de estos barrios para cumplir con las medidas. A partir del viernes las mismas normas entrarán en vigor en Son Forteza Sur, Plaza de Toros, Archiduque y algunas calles del barrio de Son Oliva, donde 20.000 residentes verán limitados sus movimientos. “Si no hay una parte de corresponsabilidad en las personas afectadas es difícil que funcione, porque obviamente no podemos poner un perimetraje físico en cada zona ni un policía detrás de cada persona”, zanja Frontera.

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