El Síndic de Comptes alerta de las dificultades para cubrir plazas de trabajadores en residencias públicas

El nuevo informe centrado en las residencias de ancianos y dependientes de la Sindicatura de Comptes, órgano auditor de la Generalitat, constata que los centros públicos “tienen numerosas plazas vacantes difíciles de cubrir, razón por la que ha disminuido el número de usuarios. (...)”. “Esta circunstancia es debida a que la forma de provisión del puesto de acuerdo con la normativa de la función pública es lenta, sobre todo en lo que se refiere al personal de atención directa a los usuarios de los centros. A ello contribuye que los salarios del personal adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas son menores que los del personal sanitario de la Conselleria de Sanidad, lo que conlleva el continuo trasvase de personal de una conselleria hacia la otra”, explica.

En consecuencia, la Sindicatura apunta en una de sus recomendaciones sorb el departamento que dirige Mònica Oltra: “La Conselleria debe solucionar las incidencias que se derivan de la gestión del personal de los centros de gestión directa (públicas) relacionados con la cobertura de plazas vacantes, gestión de vacaciones, bajas y días festivos etc., para evitar que se produzcan disfunciones que influyan en la calidad del servicio que se debe prestar a los usuarios”.

El informe también señala que “las ratios mínimas de personal de atención directa no se consideran suficientes para proporcionar un servicio de calidad a las personas atendidas, dado que el 77,1% de los usuarios de los centros residenciales, sin tener en cuenta los de los centros de gestión directa, tienen un grado de dependencia II y III, lo que supone unos perfiles muy difíciles de atender adecuadamente con las ratios de personal establecidas”. Las ratios de personal de atención directa por usuario son mayores en los centros de gestión directa, con una valoración media del 8,1, situándose 1,2 puntos por encima de los centros de gestión indirecta y 3 puntos aproximadamente por encima del resto de modalidades".

“El incremento de las personas en lista de espera del procedimiento de dependencia fue del 40,3% durante el periodo comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018”, continúan las conclusiones de la llamada Auditoría operativa de la red de centros públicos y privados concertados del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana. “Hay que señalar al respecto, que el número de plazas disponibles en los centros residenciales se incrementó en dicho periodo en un 3,2%, y que a diciembre de 2018 el nivel de ocupación de las residencias era del 87,7%. Estos datos podrían justificar que el incremento en la lista de espera pudiera deberse fundamentalmente a un aumento del número de personas con reconocimiento de un grado de dependencia II y III y que hubieran solicitado su ingreso en un centro residencial”. La estimación económica del “esfuerzo necesario por parte de la Generalitat para eliminar la lista de espera en la lista de a e diciembre de 2018 ascendería a 52,1 millones”.

La sindicatura también analiza el gasto corriente de plazas en función del tipo de residencia: “De acuerdo con la estimación realizada, el coste corriente de plaza y día de los centros de gestión directa [residencias públicas] 11 es significativamente superior al coste medio12 de las demás modalidades de gestión. En concreto, un 40,5% y un 53,7% superiores respecto al coste medio de las plazas concertadas en los centros privados, y un 22,6 % y un 28,9 % superiores al coste corriente medio de los centros de titularidad de la Generalitat pero de gestión indirecta o integral [privada] para el periodo 2016-2017”.

En un cuadro incluido en el informe, se especifican que, en 2018, el coste corriente medio por plaza y día fue de 78,5 euros en las residencias públicas; de 58 euros, en los centros de titularidad pública de gestión privada; de 52,5 euros, en los privadas; y de 53,3 euros, en los entidades sin ánimo de lucro y en los centros de titularidad municipal.

La primera recomendación del informe subraya “que la Comunitat Valenciana está por debajo de la media nacional en todos los servicios asistenciales, aunque ha mejorado sustancialmente en los años 2017 y 2018, fundamentalmente en la prestación más extendida: la prestación económica por cuidados familiares”. El informe también advierte de que el trabajo se ha realizado antes del estallido de la pandemia del coronavirus que ha puesto el foco sobre la reisdencia y su funcionamiento. La sindicatura considera que la autoría, que contabiliza 198 centros públicos y privados y 11.742 plazas censadas en 2018, puede ser útil para adoptar medidas de mejora.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha destacado “muy positivamente” el informe porque, a su entender, “ha valorado la eficiencia de los distintos tipos de centros residenciales de atención a personas mayores de la red pública valenciana”.