Un gran brote en Teruel alerta de que las residencias aún son vulnerables
Dos ancianos han muerto y 60 están infectados en Burbáguena. Los empleados del centro denuncian una respuesta tardía, mientras el Ejecutivo regional anuncia una denuncia penal
Vicente Rubio, 93 años, enseña sus manos como quien muestra heridas de guerra. “¿Las ves arrugaditas? Es de tanto lavármelas”, narra. Hace un par de días que se enteró de que sus hermanas “la María” y “la Ramona”, de 102 y 99 años, habían dado positivo en coronavirus y desde entonces extrema sus medidas de precaución. Las hermanas Rubio son las más longevas de la residencia de los Hermanos Franciscanos de la Cruz, en Burbáguena, en Teruel. El brote de covid-19 registrado en este geriátrico privado afecta ya a 62 ancianos (14 de ellos hospitalizados y dos fallecidos) de los 96 residentes, un tercio de los 200 vecinos del municipio. Es uno de los mayores brotes registrados en el que es ahora el epicentro de la epidemia en España, Aragón. Mientras los empleados del centro de Burbáguena acusan al Ejecutivo regional de haber llegado tarde a contener el brote, el Gobierno de Aragón anunció el jueves que presentará una denuncia penal al constatar indicios de delito.
“Me da mucho miedo, aunque me dicen que mis hermanas son asintomáticas”, cuenta Vicente desde su casa. La residencia está a apenas un kilómetro. En la fachada se puede leer: “Paz y bien”. Aunque estos días poco ha habido de eso. Reyes, la única administrativa del turno de tarde, lleva el cansancio escrito en los ojos. “No podemos más”, reconoce. Sabe que no es el momento para echar cosas en cara, pero no se explica que tras 10 días desde el primer contagio, solo el día anterior haya tenido acceso a una prueba PCR. Este es el reclamo de muchos. Los auxiliares y el personal de limpieza accedieron a los test tarde. Ayer por la mañana se acercaba la última tanda de empleados. “Es absurdo. Estamos con ellos y deberían de haberlo tenido en cuenta antes”, zanja.
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Según reveló el miércoles la consejera de Salud de Aragón, Sira Repollés, la detección del virus en Burbáguena fue “un hallazgo casual”. El lunes de la semana pasada, relató, una de las residentes fue al hospital para tratar una patología digestiva ajena a la covid-19. Le hicieron la PCR preceptiva al ingresar y dio negativa. El miércoles, cuando se iba de alta, le hicieron otra prueba y dio positivo. Según la consejera, entonces se puso en marcha el protocolo de cribado para detectar posibles casos. Sin embargo, las pruebas al grueso de los empleados no llegaron hasta ayer jueves, asegura la Fundación Lares, que aglutina un millar de centros residenciales en España, incluido el de Burbáguena. Hay ya nueve trabajadores afectados, según la fundación. Los ancianos infectados están confinados en la primera planta. En la segunda, están los residentes sanos, aunque 13 de ellos serán derivados al centro de Gea de Albarracín para evitar contagios. Hay, además, 14 infectados ingresados en el hospital Obispo Polanco de Teruel.
La situación de la residencia trascendió cuando la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, lanzó una llamada de alerta en la Diputación Permanente del Congreso el martes por la tarde. La política usó su tiempo de intervención para avisar de la dramática situación del centro, que reclamaba urgentemente equipos de protección individual (EPI) y acceso a pruebas PCR para todos los trabajadores. Según su relato, Fermín, director del centro y amigo personal suyo, se puso en contacto con ella el domingo para trasladarle su preocupación por los positivos y la falta de EPI. Oramas y la diputada socialista por Aragón Susana Sumelzo movieron sus contactos al más alto nivel para agilizar la atención especial a la residencia, pero la respuesta fue, según la política canaria, que los trabajadores tenían que trasladarse a una mutua en Teruel, a una hora del centro, para hacerse la PCR. Cuatro días después, aún no se habían hecho las pruebas a todos los empleados. “No hemos aprendido nada”, lamentaba el jueves la diputada canaria, que pide testar a los 200 vecinos del municipio.
Según la versión de la Consejería de Sanidad, el mismo día que se comenzaron a hacer pruebas a los ancianos, se le realizaron a los trabajadores de ese turno y se completaron en días posteriores. Los empleados lo niegan y aseguran que el grueso de las muestras se tomaron el jueves. ”Ahora, la situación está controlada, se ha aplicado el plan de contingencia y hay coordinación con Salud Pública. La situación es correcta, aunque ha pasado tiempo y en estas situaciones tiene que haber rapidez”, dijo Juan Vela, presidente de Lares.
Las controvertidas declaraciones del jueves del presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), tampoco ayudaron a calmar los ánimos en Burbáguena. Aseguró que, si bien en la primera oleada, el virus entró a la residencia a través de las salidas de los mayores o las visitas, ahora el acceso era otro: “Ahora quienes introdujeron el virus en las residencias son los trabajadores”, dijo. ”Son desacertadas. No es la forma ni el momento. Llegamos a señalar como culpables a quien cuida de los mayores. Tendría que haber más comprensión por parte de la ciudadanía”, lamentó Vela. Más tarde, en redes sociales, Lambán intentó precisar sus declaraciones: “En algunas residencias de mayores se han permitido vías de contagio evitables. Pido a los responsables de las mismas que no incurran en descuidos que pueden ser muy perjudiciales para los residentes. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad”.
Infracciones detectadas
El Gobierno de Aragón anunció el jueves por la noche que denunciará al centro por la vía penal al detectar indicios de delito. Fuentes del Ejecutivo aseguraron a EL PAÍS que las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales realizaron sendas inspecciones esta semana y encontraron graves infracciones. Por su parte, desde el centro se mostraron “sorprendidos” y aseguraron que de las actas “no se deduce la magnitud de los hechos que se achacan”.
Los contagios en la residencia siguen en boca de todo el pueblo. “Ha sido un golpe muy inesperado”, reconoce el alcalde, Joaquín Peribáñez. Son los primeros casos que registra la localidad durante toda la pandemia, asegura. Por ahora, ninguno de los vecinos ha presentado síntomas. Pero tampoco se les ha hecho PCR. Félix Hurtado pasea por las estrechas calles del pueblo, en una de las pocas salidas diarias que hace, a pesar de la desescalada. “Mi mujer es persona de riesgo, salgo lo justo”. Lleva los ojos a un lado para echar cuentas de los conocidos. “Seis. Todos contagiados”.
¿Hacer PCR periódicas para evitar brotes?
“Tiene mucho sentido hacerlo cuando los trabajadores se incorporan a una nueva residencia porque en este sector hay mucha rotación de personal. Pero la prueba PCR es una foto del momento. Puedes estar en fase preliminar de la enfermedad y no ser positivo. El modelo de los futbolistas [que les hacen pruebas antes de los partidos] no es válido para las residencias”, apunta Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Quizás, agrega el infectólogo, tiene sentido “un corte serológico cada ciertos meses, pero se tiene que estandarizar muy bien y que todo el mundo lo haga de la misma forma”.
En este sentido se manifiesta también Joaquín López-Contreras, jefe de la unidad de Infecciosas del Hospital Sant Pau de Barcelona: “La PCR es un mecanismo más. Eso nos ayudará a meter dentro menos vectores, pero no te asegura el 100%. Hay pacientes que por muchas PCR que hagamos, no dan positivo porque tienen poca carga viral, y no vamos a detectar todas las fuentes de contagio. Las PCR son un mecanismo complementario a todos los dispositivos de control”.
Por su parte, la epidemióloga María Teresa Puig considera que puede ser viable hacer controles serológicos porque “en las residencias, la posibilidad de contagio es alta”.
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