El complejo de lujo Marina Isla Valdecañas se libra de la demolición

Los chalés, el hotel, el campo de golf y el resto de infraestructuras de la macrourbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas no se demolerán, como habían pedido las asociaciones ecologistas e incluso se había aprobado en otras sentencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictaminado la “imposibilidad material parcial” para ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa que permitió construir el complejo y que preveían su desaparición.

De esta forma, los jueces acuerdan “la conservación de lo construido y terminado por no afectar al medio ambiente, la demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura y la revegetación de las plataformas existentes que no han sido edificadas”. El TSJEx ha tenido en cuenta el “elevado perjuicio económico” si se ejecutaran completamente las sentencias. La Junta de Extremadura tendría que hacer frente, “al menos” a 145 millones de euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Esta cifra es la suma del coste de demoler lo edificado, 33.982.889,85 euros, “más el posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas que podría alcanzar los 111.000.000 euros”.

El complejo, denunciado por Adenex y Ecologistas en Acción por estar dentro de terrenos de la Red Natura 2000 [áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea], se encuentra a dos kilómetros de El Gordo (Cáceres), en una isla de 135 hectáreas rodeada por el pantano de Valdecañas. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 185 villas —el 33% de las 565 previstas— un hotel de cuatro estrellas; piscinas; playa artificial; 76 atraques y pistas polideportivas. Todas estas edificaciones se mantendrán, mientras que se derribarán el esqueleto de hormigón de otro hotel que asoma al borde de la playa artificial y otras viviendas inacabadas.

VARA promete cumplir el auto de VALDECAÑAS

“Estamos muy en desacuerdo con la sentencia, porque se contradice en todo lo que nos han dado la razón hasta ahora [en 2011 el TSJEx declaró ilegal la urbanización y ordenó la restauración del suelo a su estado previo, y el Tribunal Supremo lo corroboró en 2014]”, sostiene María Ángeles López Lax, abogada de Adenex. “Es una confirmación de que los hechos consumados son lo que importa”, añade. Recuerda que no se autorizó la medida cautelar de paralización cuando empezaron las obras y que habría impedido llegar a esta situación. “La tutela judicial que se pide a los tribunales es muy débil en temas medioambientales y urbanísticos”, opina.

El auto, a pesar de ser un varapalo, no les va a parar. La letrada anuncia que interpondrán un recurso de reposición ante el TSJEx “que suponemos confirmará este auto abriendo la vía para casación en el Tribunal Constitucional. El auto establece una indemnización de 250.000 euros a favor de cada una de las dos asociaciones ecológicas demandantes por la declaración de imposibilidad material parcial.

El tribunal ordena que la demolición de los edificios que no están terminados cause “el menor perjuicio posible para el medio ambiente”, de tal forma que sea posible “la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la Zona de Especial Protección de Aves del lugar”. Además, prohíbe la realización de nuevas edificaciones.

Los propietarios consideran la sentencia “una buena noticia” y manifiestan su “disposición a llevar adelante las acciones necesarias para cumplir con la resolución judicial y hacer de la Isla de Valdecañas un ejemplo de convivencia entre las personas y el medio natural”, indican en un comunicado. Aun así, consideran que “habría sido mejor su desarollo pleno”. Estiman que “destruir el complejo de Isla Valdecañas habría supuesto un verdadero ataque a la biodiversidad, además de un considerable problema para la economía de Extremadura”.

La sala valora “esencialmente” que lo construido no produce daño al medioambiente y aunque el complejo afectó negativamente a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), “no puede afirmarse lo mismo del funcionamiento del complejo”. Los impactos de la presencia humana (contaminación acústica, lumínica, de residuos y aguas residuales) “pueden ser eliminados si se adoptan las medidas contempladas en el Plan de Interés Regional que permitió su construcción y las propuestas ahora por la Junta de Extremadura y las comunidades de propietarios” dice el TSJEx en un comunicado. En cuanto al informe pericial de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, “concluye la falta de afectación al medio ambiente de la parte de la urbanización que está terminada siempre que se adopten todas las medidas necesarias de protección del medioambiente y minimizando el impacto humano en una parte de la ZEPA”, esgrime el TSJEx. Justo lo contrario de lo que afirman los ecologistas.