Organizaciones de infancia piden que el plazo de prescripción de abusos a menores comience cuando la víctima tenga 40

Las organizaciones de defensa de los menores celebran que, “por fin”, la ley de protección de la infancia vaya a aprobarse este martes en Consejo de Ministros. Así lo anunció Pablo Iglesias la semana pasada. Tras años de trabajo para que esta normativa viera la luz, representantes de entidades como la Plataforma de la Infancia o Save the Children han asegurado este lunes en una rueda de prensa telemática que la normativa situará a España en la vanguardia internacional en protección de los niños y adolescentes, aunque han insistido en que es necesario el consenso de los partidos políticos para que la normativa se tramite en las Cortes por vía de urgencia y entre en vigor en el menor tiempo posible. También han coincidido en la conveniencia de que se amplíe la prescripción del plazo de los delitos sexuales. Actualmente, el tiempo comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años y la ley contempla que se alargue hasta los 30. Las organizaciones piden que se extienda hasta los 40.

“Tenemos una oportunidad muy real de mejorar las cosas para los niños y las niñas. Es demasiado tarde para mí, pero no para ellos”, ha dicho James Rhodes, pianista que fue víctima de abusos en la infancia y es una de las caras más visibles en la campaña por la aprobación de esta ley. “Hablo como superviviente”, ha explicado. “En mi caso, la profesora que me encontró con sangre derramándose por mis piernas e histérico después de que me violaran no hizo nada. Si en aquel entonces hubiera estado promulgada esta ley, hubiera estado obligada a hacer algo”, ha dicho. “Estoy de acuerdo con James. Hemos llegado tarde. Sufrí abusos hace más de 50 años, entones no había ley que me pudiera ayudar absolutamente en nada”, ha abundado Vicki Bernadet, de la fundación que lleva su nombre y lucha contra los abusos en la infancia. “Cada día que pasa dejamos a niños desprotegidos”.

En ello han insistido todos los participantes en el encuentro. Fuentes del Gobierno han apuntado que pedirán la tramitación del texto en las Cortes por vía urgente. “En 2018 hubo en España 24.409 denuncias por delitos violentos contra menores. Uno de cada dos casos de abusos y agresiones sexuales denunciados tuvo como víctima a un menor”, ha lamentado Andrés Conde, presidente de Save the Children. “No es un fenómeno anómalo, pequeño y puntual”, ha alertado. Por ello ha recalcado la importancia de su aprobación cuanto antes.

Las entidades han explicado que los cambios en la normativa deben introducirse durante el trámite parlamentario, en la fase de enmiendas. Han priorizado que uno de ellos sea la ampliación de la prescripción de los delitos sexuales. Bernadet ha indicado que “el margen de revelación mayoritaria”, cuando la víctima toma consciencia de lo que ha ocurrido y se atreve a contarlo e incluso a denunciarlo, va de los 35 a los 50 años. Esto quiere decir que, con la reforma que plantea el Gobierno, seguiría habiendo delitos que quedarían sin juzgarse, dado que el plazo de prescripción va de los cinco a los 15 años. Es decir, que a partir de los 45 seguirían sin ir a juicio los casos más graves, ha argumentado Bernadet. Coincidieron con ella en Save the Children y en la Plataforma de la Infancia. También, aunque no estuvo presente en la rueda de prensa, la asociación Infancia Robada, la primera organización a nivel nacional que aglutina a víctimas de abusos en la Iglesia en España, que además ha manifestado su malestar por que no se mencione específicamente a la institución religiosa en la ley.

155 millones de euros

Las entidades resaltaron que esta ley es la culminación de un trabajo iniciado en 2016 con el PP, continuado con el PSOE y culminado ahora con el Gobierno de coalición, con Iglesias al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero es una tarea pendiente, reclamada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU desde 2010, ha destacado su presidente, Luis Pedernera.

Las entidades han reclamado compromiso al Gobierno una vez se apruebe la ley para que no quede en papel mojado y pueda aplicarse. Si bien no ha trascendido aún la estimación presupuestaria del Ejecutivo para poder hacer frente a los compromisos planteados en la normativa, Save The Children ha calculado, con base en el anteproyecto que pasó por Consejo de Ministros en 2018, que su aplicación requeriría de una inversión de 155 millones de euros el primer año. En cuatro años harían falta 451 millones de euros, ha explicado su presidente, Andrés Conde.

Las organizaciones han destacado que es una ley que nace con vocación de transformación social, como en su día lo hizo la ley de violencia de género, y que es una medida integral, que aborda desde la prevención, la detección precoz y la protección de las víctimas a la reparación. Reconoce todas las formas de violencia contra la infancia, desde el maltrato, hasta la negligencia, el acoso, el abuso o la agresión, y en diferentes espacios, desde la familia, al centro educativo o espacios deportivos o de ocio.

Además, instaura el deber de comunicar los indicios de violencia contra los niños. Es decir, que aun sin pruebas de delito se comunique a las autoridades en la materia (servicios sociales) lo ocurrido y, en caso de que se tenga constancia del delito, a las fuerzas de seguridad. Introduce también la especialización de todos los profesionales que trabajan habitualmente con niños, el establecimiento de canales seguros de denuncia y cambios judiciales, como la generalización de la prueba preconstituida (que los menores de 14 años solo tengan que declarar una vez durante la fase de instrucción, frente a las cuatro veces que pueden hacerlo en la actualidad, según ha destacado Save the Children) y se crea una conferencia sectorial de infancia y adolescencia, que reunirá al ministerio con las comunidades para coordinar la actuación en la materia.

“La voz de la infancia sigue siendo desconocida y negada”, ha resaltado el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Por ello, Carles López, presidente de la Plataforma de la Infancia, se ha mostrado preocupado por que los casos de violencia “aumenten día a día”, como ha sucedido durante este confinamiento, según han destacado. “Hemos pedido altura de miras a los partidos durante la tramitación parlamentaria”, ha añadido.

“A menudo he buscado algún tipo de significado, algo que me ayudara a entender por qué ocurrieron [los abusos]”, ha dicho James Rhodes. “Hoy por primera vez siento que he jugado un pequeño papel en esto, finalmente he encontrado ese significado”, ha proseguido. “Con esta ley iniciada por el PP en 2016 y arrastrada a la línea de meta por el Gobierno actual, España será el país número uno en el mundo en el vital tema de protección infantil. Si hay un solo tema que puede estar libre de juego político y egoísmo es este”, ha concluido.