El Gobierno aprobará el martes la Ley de Protección de la Infancia frente a la Violencia

El Gobierno aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuya tramitación parlamentaria comenzará posteriormente. Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso. La norma permitirá ampliar el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores: el tiempo no empezará a correr hasta que la víctima cumpla 30 años, frente a los 18 actuales. También instaurará unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, protocolos de actuación en centros educativos, deportivos y de ocio, entre ellos, la instauración de medidas de detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual en centros de menores, y el deber de todos los ciudadanos de denunciar situaciones de violencia. Iglesias ha definido la aprobación como un “paso histórico”.

Fue uno de los primeros compromisos que asumió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llegar al poder. Es una normativa reclamada desde hace tiempo por las organizaciones de infancia. A finales de 2018 pasó en primera lectura por el Consejo de Ministros. Se preveía que en unos meses pudiera llegar al Congreso. El adelanto electoral lo frustró. Al asumir Iglesias el cargo como vicepresidente, se comprometió a que sería la primera iniciativa que sacara adelante su departamento, pero la crisis de la covid-19 obligó a un nuevo retraso. Este jueves, el vicepresidente segundo ha asegurado que estaba “prácticamente lista”, pero que su aprobación se vio interrumpida por la pandemia y ha dicho que su equipo está trabajando para su aprobación el próximo martes.

Iglesias ha enumerado las principales novedades que introducirá esta ley, por la que España “adopta los estándares internacionales más exigentes en lo que toca a la protección de la infancia”, entre ellas, la creación de un coordinador de bienestar y protección en todos los centros educativos, con protocolos de actuación “frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia”; la creación de un registro central de información sobre la violencia contra la infancia, y formación especializada a jueces y fiscales. Ha destacado que la ley trata de revertir la “invisibilización” de la violencia contra los menores y ha asegurado que la normativa se convertirá en “una de las mayores garantías de igualdad de oportunidades”.

Un sistema “público” de cuidados

Durante su comparecencia, Iglesias ha repasado las principales actuaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma. Como por ejemplo haber declarado esenciales los servicios sociales, haber articulado un fondo extraordinario de 300 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan paliar las consecuencias sociales de la covid-19, así como la flexibilización de la regla de gasto para que los Ayuntamientos dispusieran de otros 300 millones de euros provenientes de su superávit. También se ha referido a la transferencia de 25 millones de euros a las autonomías en concepto de alimentación para los niños afectados por el cierre de los colegios, y ha afeado que Madrid optara por comida rápida. Ha agradecido, según ha dicho, a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que decidieran dejar de dar estos menús, aunque ha afeado las “decisiones en la línea de excluir a familias con niños de 0 a 6 años, con familias que denuncian que no les entregan los alimentos y no les dan explicación”. “Espero que la señora Ayuso lo explique, es impresentable que se excluya a miles de niños y niñas en situación vulnerable”, ha dicho.

Iglesias también se ha referido a la crisis sanitaria en las residencias de mayores, duramente golpeadas por el coronavirus. Aunque el Gobierno no ha informado de los datos que recopila de las comunidades desde hace más de un mes y medio, más de 19.000 personas han fallecido en residencias de servicios sociales (también incluye las de discapacidad o enfermedad mental) por covid-19 o con síntomas compatibles durante esta pandemia, según un recuento de este diario con cifras de las autonomías. Iglesias, que ha recordado que son las comunidades las competentes, ha destacado que en esta crisis han quedado al descubierto “carencias estructurales” y ha considerado necesario emprender medidas “de fondo”. “Es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia acumulados desde 2012 han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad”, ha dicho. Ha señalado que es preciso que la recuperación incorpore “ese consenso” y avance en la dirección de “reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas”.

Asimismo, ha prometido medidas en el ámbito de la discapacidad, como la aprobación en Consejo de Ministros de la modificación del Código Civil que se inició en 2018 y que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que les permitan tomar sus propias decisiones, la “colaboración” en la propuesta del Senado para “erradicar la esterilización forzosa” y la supresión de internamientos forzosos por razón de trastornos psíquicos. Iglesias ha definido como “clave” la propuesta del Ministerio de Educación de dotar a los centros ordinarios de recursos para atender “en mejores condiciones” al alumnado con discapacidad, a la vez “que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial”. Y también ha recalcado la situación de vulnerabilidad de la población gitana, especialmente afectada por la crisis originada por el coronavirus.

Por último, Iglesias ha abordado el “escudo social” aprobado por los distintos ministerios del Gobierno, por el que se ha alcanzado el “mayor nivel de protección social jamás alcanzado en España”, con la aprobación del ingreso mínimo vital, la prohibición de los desahucios sin alternativa, así como las moratorias en el pago de hipotecas y moratorias y quitas al pago de los alquileres para personas en situación de vulnerabilidad, la prohibición del corte de suministros y el impulso de los ERTES. También ha reconocido un “largo trabajo en España para lograr conciliación” entre los cuidados y el trabajo, y ha subrayado el “compromiso” del Gobierno de “universalizar el acceso a la educación infantil de 0 a 3 años”. Ha afirmado que la gestión de esta crisis va “en dirección opuesta a la gestión” de la de 2008.

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