Madrid comunica el 75% de los casos de coronavirus fuera de fecha

La intriga por el origen de las más de 1.000 muertes por coronavirus que las autoridades de Cataluña de repente encontraron al revisar sus datos ha sido solo la guinda de un proceso lleno de irregularidades. El sistema de notificación que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad a partir de los datos de las comunidades, una pieza clave para la toma de decisiones como permitir a las regiones empezar la desescalada o progresar en ella, ha estado lleno de parches que se hacían visibles en los papeles oficiales a modo de asteriscos al lado de los nombres de las zonas afectadas. Así, si se toma el periodo desde el 11 de mayo, cuando ya hubo territorios que empezaron a relajar las medidas de confinamiento al entrar en la denominada fase 1, se ve que hasta 11 comunidades han tenido que corregir a posteriori los datos que enviaban para el control ministerial. Madrid, que comunica el 75% de sus casos fuera de fecha, ha sido la más irregular y ha corregido los datos todos los días, pero también Cataluña (12 enmiendas), el País Vasco (cuatro), Andalucía, Murcia y Extremadura (dos) y Galicia, la Comunidad Valenciana y Navarra han quedado simbólicamente marcadas por la estrellita al lado de su nombre.

Y eso si solo se tiene en cuenta el parámetro básico, el de los nuevos diagnósticos por PCR. Si se consideran los otros parámetros que se notifican a diario (fallecimientos, hospitalizaciones e ingresos en las UCI), a la lista hay que añadir a Asturias y Aragón, además de las reincidentes Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Día tras día, el encargado de transmitir esta información a la población, Fernando Simón, director del Centro de Control de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCEAS), ha tenido que explicar algunos de los desajustes. Nunca les ha dado mucha importancia y, en la medida de lo posible, ha intentado incluso no nombrar a la comunidad afectada, pero los números cantan.

Hay que tener en cuenta que para este artículo se han seleccionado ya datos ofrecidos durante la fase final de la curva epidémica –por eso se permitió poner en marcha el sistema de fases–, por lo que los sistemas sanitarios estaban menos sobrecargados. No se han tenido en cuenta momentos anteriores de confusión, como cuando el propio ministerio, en la penúltima semana de abril, tuvo que establecer la regla de contabilizar solo los casos para los que había una PCR positiva –eso se zanjó el 24 de abril–. Lo peor de la crisis, que se vivió a finales de marzo y principios del mes siguiente, ya había pasado, y la llegada de las pruebas rápidas y otras fuentes de información (como cuando Cataluña empezó a contabilizar las muertes a partir de los informes de las funerarias) amenazaban con dejar sin valor la serie de cifras que se daban cada día.

La discriminación entre los casos diagnosticados por PCR o de otra manera es el motivo que han aducido más frecuentemente las comunidades implicadas, que han llegado a dar días de evolución negativa, como Asturias con el número de fallecimientos el 20 de mayo o, en la misma fecha, la Comunidad Valenciana con los casos. En ambas ocasiones se trató de ajustes para sacar de la lista situaciones que no estaban confirmadas por PCR. También Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y Cataluña en algún momento han dado un aumento de casos negativos, lo que ya desde el momento en que se enuncia se ve que no tiene sentido.

De hecho, en los cuadros de datos de este pasado sábado todavía había inconsistencias en los parámetros de seis comunidades: Andalucía ajustó a la baja el número de ingresados en las UCI –siempre según los datos del ministerio–, Canarias y la Comunidad Valenciana también redujeron el total de las hospitalizaciones, Cataluña continuó ajustando la serie, Murcia ajustó la cifra de diagnósticos y Madrid dio, como todos los días, los datos a su manera, igual que estableció una forma propia y más ventajosa para dar las listas de espera durante años.

Desajuste en Cataluña

En el caso de Cataluña ha habido un desajuste entre la Generalitat y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, informa Oriol Güell. En el de Madrid el problema es de raíz, y se debe a que la comunidad notifica el positivo en la fecha en que recibe el diagnóstico, pero se lo adjudica al día en que se tomó la muestra. Como todavía en la región los resultados de los análisis tardan varios días en obtenerse, hay un continuo reajuste de las cifras de los días anteriores, que deben incorporar los positivos conocidos con retraso. Así, por ejemplo, desde el 11 de mayo la comunidad ha comunicado 2.951 positivos, de los que 747 (el 25%) se supieron en solo 24 horas.

Tanto Simón como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han evitado criticar estos desajustes, en línea con la política del Gobierno de evitar confrontamientos con las comunidades. José Martínez Olmos, quien fuera secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011 con el PSOE, afirma que “tener unos datos del día a día en una serie consolidada” permite que “los ajustes no condicionen la toma de decisiones” porque, de alguna manera, estas correcciones futuras se tienen ya asumidas. Pero, en cambio, el autor de El ladrón de nuestras vidas (Amarppe), afirma que esta situación “expresa un problema muy serio de crédito ante la ciudadanía y el exterior” muy importante en un tema que tiene gran “trascendencia para la salud y para la economía”. “Es uno de los grandes elementos a mejorar, y más teniendo en cuenta que ya existen los sistemas, como la historia clínica electrónica, para hacerlo”, concluye.

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