El Tribunal Supremo entierra el embalse de Biscarrués

Los vecinos y grupos ecologistas celebran su victoria tras más de tres décadas de lucha contra su construcción

Pancarta y pintada contra el pantano, en el puente de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza).
Pancarta y pintada contra el pantano, en el puente de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza).Carlos Gil-Roig /

Los vecinos de Biscarrués (Huesca) y Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, además de cinco ONG han conseguido ganar la lucha contra la presa proyectada en el río Gállego a su paso por el territorio conocido como La Galliguera. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado en un fallo de 18 de mayo la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en octubre de 2017, que consideró que la Confederación Hidrográfica del Ebro no evaluó debidamente las consecuencias ecológicas de esta infraestructura sobre el ecosistema del río Gállego (uno de los principales afluentes del Ebro). Tampoco cumplía con los requisitos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, por lo que se anuló el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental. La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón decidió interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ha resuelto en su contra. El fallo es firme y no cabe ningún otro recurso.

Con esta decisión, el Supremo pone fin a un largo camino que se inició en 1982, cuando se comenzó a hablar de construir una presa de 600 hectómetros cúbicos en Ardisa, Zaragoza. Ese proyecto se convirtió en 1987 en otro de 192 hectómetros cúbicos, que más tarde fue calificado de interés general porque, aseguraban sus defensores, permitiría el desarrollo de regadíos en la Hoya de Huesca y en los Monegros II, además de mejorar la gestión del río. Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente entonces, paró en 2006 el proyecto, que inundaba completamente el pueblo de Erés. El embalse se transformó finalmente en uno de 35 hectómetros cúbicos.

Pero la propuesta tampoco convenció a los vecinos que querían evitar a toda costa la inundación de sus tierras y que acabaran con una de las pocas zonas en las que el río Gállego, muy represado, corre libre. Sus aguas bravas, donde los más atrevidos saltan rápidos, los caminos de senderismo, las bajadas de las navatas y las rutas de escalada en las impresionantes formaciones de los Mallos de Riglos, han permitido que en la zona se desarrolle un turismo de aventura muy ligado al río. La desaparición del entorno, habría supuesto la pérdida de una forma de vida con la que estos pequeños municipios han conseguido mantener su población. Y decidieron impugnar el anteproyecto de la presa, publicado en el BOE en marzo de 2012, y la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada en agosto del año anterior y que permitía sacar adelante el anteproyecto. Consideraban que vulneraba la normativa europea.

Ahora el Tribunal Supremo concluye que “a lo largo de la historia del embalse de Biscarrués” se podría haber respaldado la infraestructura por circunstancias “imprevistas o excepcionales de inundaciones o sequías”. Pero, a su vez apunta que “evidentemente, la ejecución del embalse produce una alteración en las aguas superficiales y en el medio ambiente”. Y lo que la Directiva Marco del Agua exige es que para establecer una excepción es que se aclare “por qué el interés público de la ejecución del embalse es superior” a esos intereses afectados. Una explicación que no se ha producido en este caso. La sentencia aclara que esa excepción no se puede limitar a “invocar en abstracto el interés público superior”, sino que sería necesaria la exposición de “un análisis científico detallado y especifico del proyecto” para concluir que es posible ejecutar la obra.

Abel de la Calle, abogado que representa a las ONG que también denunciaron la construcción de la presa por los mismos motivos (SEO/BirdLife, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace), explica que la resolución del Supremo “supone un punto de inflexión en la política de aguas española porque exige de una forma clara un plus respecto de la normativa española para que se puedan construir embalses que deterioran los ecosistemas acuáticos”. Ese punto, asegura, se va a tener que justificar en las tramitaciones de ese tipo de obras hidráulicas y esto podría afectar a proyectos como el del embalse de Mularroya (Zaragoza), que se está construyendo y que está impugnado por SEO/BirdLife y la asociación Jalón vivo.

Con la noticia recién conocida, La Galliguera está de celebración. “Sí, a las nueve una cañita”, invita un vecino a Lola Giménez, miembro de la coordinadora, mientras contesta a EL PAÍS por teléfono. “Sentimos una profunda emoción, la gente está llorando de alegría y alivio. Son años de lucha que ahora cobran sentido”, describe emocionada Giménez. Porque a lo largo del camino hubo momentos en los que el ánimo flaqueó, pero siempre consiguieron sacar fuerzas. “Había gente que no entendía nuestra persistencia, pero el río ha sido el motor”, comenta. Ahora van a seguir trabajando, pero con más tranquilidad, recuperando todas las horas que dicen que han quitado a las familias “para defenderse”.



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