Italia debate regularizar a 600.000 inmigrantes
La ministra de Agricultura lanza una polémica iniciativa para suplir la falta de trabajadores del campo por la pandemia
Teresa Bellanova (61 años) causó sensación en la última toma de posesión de las carteras ministeriales. Su autenticidad y su procedencia humilde no tenían mucho que ver con la mayoría de titulares elegidos por el segundo Gobierno de Giuseppe Conte. Nacida en Ceglie Messapica, un pueblo de la sureña región de Apulia, dejó pronto los estudios para trabajar como jornalera en el campo. Rápida, tozuda y con una fuerte conciencia política, fue el arma secreta del ex primer ministro Matteo Renzi para ocupar una de las dos carteras que le correspondían a Italia Viva, su nuevo partido. Bellanova, sindicalista desde que tiene memoria, fue nombrada ministra de Agricultura porque conocía el campo mejor que nadie en todo el hemiciclo. Aquel día algunos intentaron burlarse de ella por cómo iba vestida. Le dio completamente igual. Poco tiempo después ha quedado claro que tiene sus propias ideas y está dispuesta a morir políticamente por ellas.
Bellanova ha dictado sentencia: hay que regularizar a 600.000 inmigrantes para suplir la falta de mano de obra durante la pandemia y evitar la salvaje explotación de las mafias en el campo italiano. Italia ha pasado en pocos meses de expulsar a inmigrantes por decreto a plantearse una masiva regularización. Muchas cosas han cambiado desde que la Liga de Matteo Salvini pasó a la oposición, pero quizá no tanto para un salto tan grande en una materia altamente inflamable electoralmente.
La iniciativa de Bellanova, que dejará el Gobierno si no sale adelante, ha vuelto a poner en jaque al Ejecutivo en una semana complicada. La ministra propone otorgar a los migrantes que trabajen en el campo o en labores domésticas un permiso de residencia en Italia temporal, durante seis meses, ampliable en otro medio año. “Permitamos trabajar de forma regular a las personas sin permiso de residencia que se encuentran en Italia, de lo contrario las empresas dejarán marchitar los productos”, defendió la ministra. Una idea que incluso apoyó el Papa en su homilía matinal esta semana, convertida ya en un clásico de la política italiana. “Hago mío el llamamiento de todos estos trabajadores explotados para que esta crisis sea una ocasión de devolverles la dignidad”.
El problema es que el socio mayoritario del Gobierno, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), no quiere oír ni en broma hablar de regularizar inmigrantes. El discurso duro que compartió con la Liga durante los tiempos que formaron coalición —Matteo Salvini era entonces ministro del Interior— sigue constituyendo la línea ideológica principal de este partido populista. Pero la estabilidad del frágil Ejecutivo está en juego, porque si Italia Viva retira su apoyo a la coalición formada por los grillinos y el Partido Democrático (PD), no habrá más remedio que buscar un nuevo equilibrio parlamentario y pensar, de nuevo, en una posible convocatoria electoral. La cuestión, ahora mismo, empieza a tener un carácter más político que laboral. Y de ello se lamentan los afectados.
Las tendopolis, campamentos de jornaleros subsaharianos con miles de inmigrantes hacinados y viviendo en condiciones infrahumanas, son un clásico en el sur de Italia. En San Ferdinando (Calabria), por ejemplo, viven unas 3.000 personas en chabolas de hojalata y plásticos esperando la convocatoria diaria para partirse la espalda recogiendo la fruta o verdura de cada temporada. Aquí suele ser la ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa quien, organiza el trabajo.
Cuando comenzó la pandemia unos 200.000 temporeros del este de Europa regresaron a sus países. Un dato con el que no están de acuerdo los jornaleros, cuya voz se hace oír estos días en boca del sindicalista y escritor, Aboubakar Soumaharo. “En el campo no faltan brazos, faltan derechos. Hay gente que camina dos horas andando para ir a buscar el agua para beber y lavarse después, de trabajar 12 horas. El permiso de residencia tiene que ver con la salvaguarda de la vida humana, no con la necesidad de satisfacer el mercado o proteger la verdura que se marchita. Nosotros pedimos que se haga porque son vidas humanas. Ligarlo a la recogida de la cosecha es de un cinismo deshumano. El ser humano no es un bien de consumo. Y eso es lo que nos interesa. El resto es ruido”.
El problema es que ese ruido empieza a ser ensordecedor para el Gobierno, que ha tenido una semana complicada con la excarcelación masiva de miembros de clanes mafiosos y está falto de apoyos. El primer ministro, Giuseppe Conte, deberá ahora hacer equilibrismos sobre uno de los temas más espinosos de los últimos años en Italia.
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