“No resistiremos con parches. Gran parte de las escuelas infantiles va a desaparecer”

"Todos estamos deseando volver a la normalidad, pero hay que analizar muy bien en qué condiciones se hace”, dice María José González-Mayo, presidenta de la federación nacional de escuelas infantiles Fenacein. Después de que Pedro Sánchez anunciara el martes que los niños menores de seis años podrán volver a las aulas siempre que los dos progenitores certifiquen que deben acudir a sus puestos de trabajo presencialmente, González-Mayo ha echado las cuentas de qué supondría esa medida. “Para poder funcionar y no entrar en pérdidas necesitamos que vuelvan el 70% de los niños. ¿Va a ser eso posible desde el punto de vista sanitario? ¿Hay tantas familias cuyos dos padres no puedan teletrabajar?”, cuestiona la presidenta de Fenacein, que suma más de 1.000 escuelas privadas en España que atienden a niños de hasta seis años.

De acuerdo con el plan de desescalada anunciado por el Gobierno, las autonomías que entren en la fase 2 (como pronto, el 25 de mayo) podrán contemplar que los alumnos de infantil cuyos padres no puedan teletrabajar vuelvan a las aulas. “Mientras no haya una vuelta a la normalidad en lo económico, en lo laboral es evidente que va a haber problemas de conciliación. Habrá casos en los que padres y madres vayan a trabajar y no tengan la capacidad de dejar a sus hijos [con alguien a cargo]. Con los abuelos no pueden porque es un colectivo de riesgo”, reconoció Sánchez.

En el curso 2018-2019, 1,2 millones de niños de tres a seis años estaban escolarizados en España (el 97% de la población de esas edades), frente a 468.652 en el primer ciclo, de cero a tres años (un 37,9%). De ese primer ciclo, el 51% acudía a centros públicos y el resto, a privados.

La presidenta de Fenacein explica que las escuelas privadas no pueden abrir para un número reducido de niños porque no les permitiría hacer frente a los gastos de alquiler, mantenimiento de los locales y pago de las nóminas. “El Gobierno no ha consultado al sector y lo que tenemos claro es que no podemos aguantar con parches hasta septiembre; una gran parte de las escuelas va a desaparecer”, asegura González-Mayo. Para el colectivo de empresas, la única solución sería que el Gobierno prorrogue los ERTE al menos hasta septiembre. El Ejecutivo todavía no les ha comunicado los detalles del plan y desconocen si la apertura será obligatoria para dar servicio a las familias que lo necesiten.

Permisos recuperables

En el caso de los colegios públicos, que atienden a niños de tres a seis años (en algunas autonomías, como Valencia, desde los dos años), el Gobierno tendrá que explicar cómo se llevará a cabo la medida. La Plataforma de Infancia, que aglutina a 67 ONG nacionales, no entiende por qué el tope se ha puesto en los seis años y consideran que se deberían implementar planes de conciliación para familias con hijos de hasta 14 años. “Si la crisis sanitaria no permite la reapertura de tantas aulas como se necesitan, una solución podría ser que se prorroguen los permisos recuperables —días de libranza que se recuperan en los meses posteriores— de los que han gozado algunas familias”, apunta Carles López, presidente de la plataforma. “Muchas familias no pueden plantearse una reducción de jornada para atender a sus hijos porque eso conlleva disminución del sueldo”, añade.

"Los que tenemos niños de más de seis años también necesitamos concentrarnos en el trabajo para salir adelante”

Paula, madre de tres niños

En el anuncio del Gobierno, cuyo plan definitivo aún se está elaborando, se contempla que en primaria y secundaria (6 a 16 años) podrán volver a los centros para recibir clases de refuerzo solo los alumnos en “situación de vulnerabilidad”, que hasta ahora se ha definido como los estudiantes sin Internet en casa (un 10% del total).

Paula, madrileña de 44 años, lamenta haberse quedado fuera. “Es una tomadura de pelo; los que tenemos niños de más de seis años también necesitamos concentrarnos en el trabajo para salir adelante”. En su caso, su marido se desplaza cada día a su puesto en su empresa mientras ella trabaja desde casa y cuida de sus tres hijos de 9, 11 y 14 años. “No sabemos cuánto se va a alargar esto y tenemos que sumar los meses de verano, el Gobierno debe valorar la inclusión de otras etapas educativas, siempre que la situación sanitaria lo permita”.

“Ahora solo nos queda confiar en que las empresas faciliten la flexibilidad de horarios. Muchos padres tienen miedo de perder su empleo por no poder cumplir objetivos estos meses”, lamenta Laura Baena, presidenta del colectivo Malas Madres. Según un informe de las Asociaciones de Madres Solteras, el 63% de los progenitores de familias monoparentales ha seguido trabajando durante el confinamiento. “Normalmente, nuestra brecha por motivo de los cuidados es mayor y ahora se está viendo agravada. Pedimos al Gobierno que impulse un permiso retribuido y no recuperable que cubra, al menos, una parte de la jornada”, indica Miriam Tormo, miembro de la Asociación de Madres Solteras por Elección.

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