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Tener un hijo en un apartamento turístico

El Ayuntamiento de Cádiz alquila viviendas vacacionales donde alojar a personas en riesgo de exclusión durante la pandemia

Jesús A. Cañas
Iván Pinto y Carmen Prieto han tenido a su hijo en un alquiler turístico, alquilado por el Ayuntamiento para sus usuarios de Asuntos Sociales
Iván Pinto y Carmen Prieto han tenido a su hijo en un alquiler turístico, alquilado por el Ayuntamiento para sus usuarios de Asuntos SocialesJuan Carlos Toro

Moderno apartamento turístico totalmente equipado, de 51 metros cuadrados y en pleno centro de Cádiz. “Un lugar ideal para pasar unas magníficas vacaciones descubriendo la ciudad”, según reza aún en la web de alojamientos en la que se anuncia. Pero Carmen Prieto e Iván Pinto ni se podían imaginar que le iban a encontrar un nuevo uso: ser el hogar provisional en el que ha nacido su hijo en plena pandemia del coronavirus. Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cádiz y propietarios de pisos vacacionales para alojar a familias vulnerables ha conseguido in extremis que el pequeño Iván haya tenido un techo bajo el que resguardarse recién venido al mundo.

“Lo que nos ha pasado es una locura”, resume con media sonrisa de resignación Pinto, un gaditano de 39 años, cocinero de profesión. Su historia, una endiablada combinación de oportunidades y fechas que el virus torció, transcurre de forma paralela a la urgencia con la que el Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz tuvo que afrontar el alojamiento de usuarios en riesgo de exclusión social en pleno estado de alarma y con los establecimientos de hostelería cerrados por decreto estatal. “Fue una solución en horas”, resume Luis López Lainez, uno de los responsables de la cooperativa Alojamiento Vacacional que ha suscrito un convenio con el Consistorio para ofrecer 30 viviendas turísticas como alquileres sociales temporales.

Por ahora, los servicios sociales municipales ya tienen alojados a siete adultos y tres menores en cinco pisos que hace apenas dos meses solo servían para acoger a turistas, en una ciudad con una importante demanda de arrendamientos sociales. La ausencia de viviendas vacías para este fin hace que las trabajadoras sociales del Ayuntamiento tengan que derivar a pensiones u hostales a personas con pocos recursos en emergencias como desahucios o problemas en sus casas. “Por desgracia es más frecuente de lo que nos gustaría”, explica Helena Fernández, concejal del área del Consistorio, gobernado por José María González, Kichi.

En esa tesitura se encontraba Carmen e Iván cuando España entró en estado de alarma. “Estábamos encerrados en una pensión, sin poder salir, con ella a dos semanas de dar a luz, sin dinero y sin nuestras cosas. Imagínate la ansiedad”, reconoce ahora Pinto sentado en el sofá de su casa temporal con su hijo de cuatro semanas en brazos. Antes de vérselas así, la pareja había viajado desde Valencia, donde el gaditano se enamoró de Prieto y vivía, desde que el endémico paro de Cádiz le obligó a marcharse hace tres años. “Vinimos de vacaciones para que mi madre conociera a Carmen. Yo encontré un buen trabajo en un bar y decidimos cambiar los planes y quedarnos a vivir en Cádiz”, resume el gaditano.

La pareja dejó sus pertenencias y las del futuro bebé en Valencia mientras comenzaban una infructuosa búsqueda de casas de en Cádiz. “Pero no podíamos pagar esos precios de alquiler así que Asuntos Sociales nos ayudó a meternos en la pensión”, explica Pinto. El decreto de alarma dejó al cocinero sin trabajo, sin cobrar por ahora los días trabajados y con un ERTE por tramitar. Con el decreto de cierre de alojamientos hosteleros del pasado 19 de marzo, los novios se quedaron además “literalmente en la calle”, como apunta López, a quien llamaron desde Ayuntamiento en búsqueda de una solución urgente. Al otro lado, la entidad que gestiona en torno a un centenar de casas les ofreció un acuerdo por el cual el Consistorio paga un precio de 10 a 15 euros la noche por apartamentos que habitualmente facturan de dos o tres veces más.

Asuntos Sociales ya alojado a familias que “viven en pisos que no reunían las condiciones de habitabilidad para pasar el confinamiento, como humedad o que tienen algún miembro con sintomatología de coronavirus y que no podía aislarse por falta de espacio”, tal y como resume Fernández. En el caso de la pareja de Iván y Carmen, las trabajadoras municipales también le han ayudado con una aportación económica de 150 euros y le han canalizado ayuda de otras entidades sin ánimo de lucro. “El gestor [por Luis López] y los vecinos de calle nos han dado ropa para el niño porque no teníamos nada aquí. Se me cae la cara de vergüenza, yo nunca me había visto en otra igual”, explica el padre, que tiene dos hijos más de una relación anterior.

La urgente situación de la familia de Pinto llevó al Ayuntamiento de Cádiz a ser “el primero”, según asegura Fernández, en rubricar un acuerdo que luego también realizado otros Consistorios. En Barcelona, el Ayuntamiento es uno de los que ha firmado un convenio con la patronal de los pisos turísticos, Apartur, para poder alojar a 200 familias cuyas viviendas no reúnen condiciones para pasar un confinamiento, informa Clara Blanchar. Sin embargo, por ahora no han sido necesarias, explican fuentes municipales.

El acuerdo en Cádiz no ha estado exento de polémica. El Consistorio ya ha mostrado una intención —aún no materializada— de regular el mercado del alquilar a través de declaraciones de zonas de saturación. La plataforma Calle Viva, contraria a la masificación de los pisos turísticos, ha llegado a criticar la medida, aunque Fernández asegura que no es momento de polémicas: “Ahora estamos para la ayuda a las familias. Yo también defiendo el alquiler residencial y la regulación”.

Por ahora, está previsto que la estancia de familias vulnerables en estos alquileres vacaciones se prolongue como mínimo hasta el fin del estado de alarma. Aunque con el mercado turístico detenido, en el Ayuntamiento esperan que el acuerdo anime a algunos de los propietarios a convertir sus viviendas a arrendamientos para mayores temporadas. Pinto tampoco puede evitar pensar ya en el incierto e inmediato futuro para su familia. “Yo estaba perfecto, con mis ilusiones nuevas y ahora se me ha torcido todo. Pero lo que queremos es salir adelante, que el ERTE se tramite, que nos ayuden a salir de esta. Por si acaso, tú di que mi mujer es peluquera y que yo valgo para todo”, zanja sonriente el gaditano.

Del turismo a la necesidad

El mismo día que Luis López entregaba a las llaves a Iván Pinto del apartamento en el que ahora se alojan, tuvieron que tramitar decenas de cancelaciones de reservas de turistas. En esos mismos días, Ana Casanova, directora del hotel Barceló Cádiz vivió una vorágina “caótica” de anulaciones en su hotel. “En dos días perdimos las reservas de un mes y medio”, explica la responsable hotelera. Pero tuvo que hacer frente a un problema más: sus padres estaban en la ciudad alojados en su hotel y tuvo que buscarles a la prisa un alojamiento ante el cierre del establecimiento. Ahora el matrimonio, de 69 y 72 años, vive en uno de los apartamentos Alojamiento Vacacional. Además del acuerdo con el Ayuntamiento, la cooperativa ya tiene arrendadas 15 propiedades a personas que por causa mayor se han quedado atrapadas en la ciudad: desde profesionales de sectores esenciales a extranjeros que aún no han podido regresar a su país.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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