Por un marco común y una aplicación territorial en la desescalada

Sobre la base de reafirmar que aún no se dan las condiciones de control de la pandemia para iniciar el proceso de desescalada del actual confinamiento, es cierto que toca ahora planificar y definir el “plan de la desescalada” con los requisitos, los contenidos y las fases en las que se tienen que aplicar las decisiones. La fecha de inicio, que debería ser la misma en toda España, se decidirá en unos días cuando se confirme una baja incidencia.

¿Debe ser una desescalada igual en todo el país?, ¿cabe una aplicación diferenciada por territorios? Este es uno de los asuntos centrales al que las autoridades centrales y autonómicas deben dedicar sus esfuerzos en estos días.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), conviene fijar unos requisitos en los que haya una baja incidencia de casos nuevos (1-2 por 100.000 h), una suficiente capacidad del sistema sanitario (la mitad de camas UCI disponibles, una tasa de hospitalización inferior al 30% de casos comprobados o un 70% de camas hospitalarias disponibles) junto a un fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica con la dotación adecuada de recursos humanos y de tecnologías como la inteligencia artificial y las de aplicaciones móviles para asegurar la detección precoz y aislamiento de casos desde una atención primaria bien dotada de recursos humanos y de suficiente número de test diagnósticos.

Junto a ello y con un planteamiento en el que no quepan limitaciones a la movilidad de las personas entre territorios, hay que establecer aquellas restricciones que minimizan el riesgo de contagio como pueden ser la generalización de la distancia social de dos metros entre personas, el uso de mascarillas con criterios claros, la generalización del teletrabajo y, donde eso no sea posible, el trabajo por turnos. Además, medidas higiénicas como el lavado de manos, el uso de guantes y otras similares, deben adoptarse para su aplicación generalizada en todo el país.

Todo ello puede conformar un marco común de obligado cumplimiento que puede así permitir la aplicación territorializada del proceso de desescalada mediante un procedimiento que requiera el análisis coordinado de cada propuesta y la autorización del Gobierno de España.

Una propuesta para asegurar este mecanismo es llevar la aplicación de la desescalada al marco institucional más adecuado: la comisión de salud pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este marco, se podrá comprobar si las medidas que propongan las comunidades autónomas cumplen los requisitos de seguridad sanitaria citados, definiendo los criterios para evaluar su impacto a nivel epidemiológico y obtendrán así la autorización para su puesta en marcha en cada territorio. Esto puede permitir la mejor adaptación local y contribuir a una recuperación segura de la actividad económica.

José Martínez Olmos es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ex secretario general de Sanidad (2005-2011).

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