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Test defectuosos a 26 euros y mascarillas a 0,51: el Gobierno ha gastado al menos 350 millones en material sanitario

El distribuidor de las pruebas que Sanidad ha devuelto porque no funcionan, Interpharma, asegura que ya ha reintegrado su importe

Elena G. Sevillano
El presidente del Gobierno preside el Consejo de Ministros de este martes.
El presidente del Gobierno preside el Consejo de Ministros de este martes.Moncloa

El Gobierno lleva gastados al menos 350,3 millones de euros en material sanitario, según se puede comprobar en la referencia del Consejo de Ministros celebrado el martes. Es la primera vez que el Ministerio de Sanidad informa públicamente sobre el precio que ha pagado por el material. Hasta ahora no había identificado a las empresas intermediarias a las que se lo ha comprado. Finalmente ha colgado la información en la Plataforma de Contratación del Sector Público, como le había pedido que hiciera la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda. La distribuidora de los test defectuosos que tuvo que devolver Sanidad, Interpharma, ha emitido también un comunicado explicando lo sucedido y afirmando que el dinero que pagó Sanidad (un adelanto de siete millones de euros) ya ha sido devuelto.

Hasta el martes, el Gobierno no había publicado en la Plataforma de Contratación los contratos que ha formalizado por vía de emergencia desde que se declaró el estado de alarma. Independientemente de la tramitación que siga, el Ejecutivo está obligado a dar cuenta al Consejo de Ministros de estas compras, que se hacen sin concurso público, en los 30 días posteriores a formalizarlas. La de los test de antígeno que no cumplían los requisitos se puede consultar en este enlace.

Fragmento del contrato del Ministerio de Sanidad con Interpharma para el suministro de kits de diagnóstico del coronavirus.

La referencia recoge siete acuerdos de compra de mascarillas de distintos tipos, guantes y gafas de protección, y también de test diagnósticos. Uno de ellos se corresponde con los 640.000 test defectuosos de antígeno que Sanidad tuvo que devolver a la empresa china Bioeasy porque no funcionaban. Se trata de una compra de 659.000 kits diagnósticos (Sanidad habló al principio de 650.000 test) por los que se pagaron más de 17 millones de euros (17.143.885 con IVA), lo que equivale a 26 euros por unidad. Para recuperar una parte de estos 17,1 millones, el Gobierno abrió un expediente de reintegro, como adelantó EL PAÍS. Sanidad desembolsó seis millones de euros como anticipo (el 35% del importe total), que se elevaron a siete millones al sumar el IVA.

Interpharma, un pequeño laboratorio de cosmética y parafarmacia con sede en Madrid y en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), asegura en el comunicado que la empresa a la que adquirió los test, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, “disponía en el momento del acuerdo de licencia para exportar sus productos” y que estos cuentan con el marcado CE y el certificado TÜV, lo mismo que aseguró Sanidad cuando este diario desveló que tenían una sensibilidad del 30% cuando esta debería superar el 80%. Interpharma añade que, tras recibir los primeros lotes, el Gobierno “hizo sus comprobaciones y estimó que los test no ofrecían los resultados esperados”. “Cuando nos fue comunicada esta situación se procedió al abono íntegro del importe satisfecho en virtud del acuerdo, asumiendo esta compañía todos los costes generados por el suministro y aún antes de haber recibido los lotes de test suministrados”, añade la compañía, que en 2018 tuvo una cifra de negocio de tres millones de euros.

Cinco millones de test a 7,7 euros

Otra de las compras de las que ha sido informado el Consejo de Ministros es de 5.030.000 kits de diagnóstico, que por la cantidad parecen ser los cinco millones de test serológicos o de anticuerpos que se están utilizando en la mayoría de comunidades autónomas como un método de cribado rápido que después se complementa con pruebas PCR, las más fiables. Sanidad informó primero de una entrega de un millón y después de otro, por lo que faltarían por llegar tres millones de estos test rápidos, que previsiblemente llegarán en las próximas semanas. Por estas pruebas el Ministerio de Sanidad ha pagado en total 38,7 millones de euros, lo que equivale a 7,7 euros por unidad.

Solo en mascarillas “de protección respiratoria” Sanidad ha pagado casi 251 millones de euros. Dado que en otro de los acuerdos mencionan el tipo de mascarillas (FFP2), se entiende que estas son las mascarillas quirúrgicas, de las que en total el Gobierno habría adquirido en compra centralizada 488 millones de unidades. El precio de cada mascarilla es de 0,51 euros, exactamente el mismo en las tres compras. Otros 8,8 millones de mascarillas de protección respiratoria FFP2 los ha pagado a 3,56 euros; en total, casi 31,3 millones de euros.

4,5 millones de euros en publicidad

El Consejo de Ministros también ha conocido la “compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de la campaña de información frente al COVID-19”, realizada, como el resto de adquisiciones, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Tampoco sobre este gasto se han facilitado más detalles.

A la falta de información sobre los contratos públicos, criticada incluso por la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, se suma la suspensión de la aplicación de la ley de transparencia en lo que respecta a la posibilidad de que los ciudadanos soliciten información al Gobierno. Estas peticiones pueden enviarse a través del Portal de Transparencia, pero no se tramitan porque los plazos administrativos están suspendidos. Esto ha impedido hasta ahora acceder a datos como el número de test diagnósticos que ha hecho hasta ahora cada comunidad autónoma o ver la copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos defectuosos.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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