México abre la vía para la liberación de miles de presos en medio de la pandemia

Con guantes, mascarillas y cubrebocas, el Senado mexicano ha aprobado este lunes la ley de amnistía. La crisis del coronavirus ha acelerado que se autorice la excarcelación de presos, cifrada en unos 10.000 beneficiarios por organizaciones civiles, pero sin un número oficial claro de personas respaldadas. La nueva norma, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está en línea con una tendencia regional para evitar la propagación del virus en los saturados sistemas penitenciarios de América Latina y ha recibido el respaldo de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. El proceso legislativo, sin embargo, ha sido acalorado y ríspido, con reclamos de la oposición de que es una medida “insuficiente” ante el tamaño de la crisis por la pandemia y de que la premura por aprobarla no estaba justificada.

El dictamen ha sido aprobado en lo general por 68 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, en una votación que estuvo precedida por amagos de la oposición de no presentarse al pleno y con una asistencia de solo 84 senadores de los 128. La amnistía contempla a personas sentenciadas por aborto después de las 12 semanas de embarazo, posesión simple de drogas (narcomenudeo) y robo simple. También beneficiará a presos políticos y a indígenas que no tuvieron oportunidad de tener un juicio justo, en su lengua y con una defensa efectiva. La ley no beneficiará a reos de alta peligrosidad, reincidentes ni encarcelados por delitos graves como homicidio o lesiones graves, con uso de armas de fuego.

“La amnistía es un acto de justicia social, no de impunidad”, ha afirmado Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, el partido del Gobierno. “Su aprobación resulta urgente y necesaria en la actual crisis de salud que vive nuestro país a causa de la pandemia”, ha agregado. La mayoría de Morena, el partido gobernante, sumó los apoyos de sus aliados: el ultraconservador Partido Encuentro Social, el izquierdista Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, curiosamente notorio por su predilección al populismo punitivo y la pena de muerte. Movimiento Ciudadano, de centro, también dio su respaldo. El conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional se opusieron.

La nueva ley ha puesto a debate dos temas profundamente complejos: la justicia transicional y la prevención de grupos vulnerables ante la pandemia. Por un lado, hay un trasfondo de resarcir la política criminalizante de la llamada guerra contra las drogas y los abusos autoritarios del pasado. Por el otro, está el rebasado sistema de cárceles de México, con capacidad para unos 170.000 reclusos, pero con más de 210.000 adultos encarcelados, según los últimos datos oficiales disponibles. “En muchos países, los centros de reclusión están atestados”, externó Bachelet la semana pasada. “A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, dijo.

En esas dos dimensiones también se expusieron las críticas de la oposición: si en realidad se repara el daño con la ley y si realmente ayuda en el combate a la epidemia. “Se quiere disfrazar este actuar de la mayoría como un gesto heroico y una acción humanitaria, pero no es así”, ha reclamado el senador independiente Emilio Álvarez Icaza. En el extremo más recalcitrante estuvo el PAN. “Es increíble que estemos aquí por capricho de López Obrador para apoyar a los delincuentes y no a los ciudadanos de bien”, ha asegurado Damián Zepeda, de esa bancada, que reclamó medidas para mitigar el impacto económico de la crisis.

La apuesta del presidente de apegarse a su programa de gobierno original, prácticamente sin ajustes de gran calado, para evitar el colapso es uno de los puntos más criticados por las patronales y los opositores. “La grave crisis sanitaria y económica exigen que el Senado se enfoque en su solución. Procesar la ley de amnistía propuesta por López Obrador no es prioridad hoy”, dijo el fin de semana Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Esto es apenas un comienzo, quizás no es el mejor texto porque solo concierne delitos del fuero federal y en el fuero común [de los Estados] es donde hay más personas recluidas, pero tiene mucho peso simbólico”, señala Ana Pecova, directora de la organización Equis Justicia. “No es una solución definitiva, pero sí abre la vía para que un gran número pueda salir”, agrega.

Pecova dice que ahora el papel del Ejecutivo y del Judicial será clave para empezar a aplicar la ley y producir las excarcelaciones en un contexto en el que las capacidades burocráticas están reducidas por la cuarentena. “El coronavirus te lleva a una situación de emergencia y de necesidad de actuar rápido, hay que ver otras vías de liberación”, sostiene. Unas 600 mujeres encerradas por delitos contra la salud podrían beneficiarse y unos 4.000 hombres podrían salir, según Equis Justicia, aunque advierten de que las cifras ni los plazos son claros todavía.

Tres Estados se adelantaron a la aprobación de la ley y anunciaron liberaciones de sus presos la semana pasada. El Estado de México, en el centro del país, liberó el pasado viernes a 59 personas por razones humanitarias y puso brazaletes electrónicos a 1.835 reos que fueron sacados de forma anticipada. En total se podrían sumar 3.000 reclusos beneficiados en las próximas semanas. La capital liberó a 78 presos, pero el número podría crecer hasta las 800 liberaciones. Y Coahuila, en el norte, anunció que dejará libres a 45 personas en estos días. “Son esfuerzos en la dirección correcta, pero todos los Estados deben sumarse”, apunta Pecova.

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