Los indígenas de México se cierran para frenar al coronavirus

Las comunidades mayas, zapotecas, huicholes o purépechas de Estados mexicanos como Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Sinaloa, Michoacán o Quintana Roo, sobreviven casi sin contagios frente a los miles de casos que se extienden las grandes ciudades, y así quieren seguir.

Aunque México no ha cerrado sus fronteras, al interior del país, más de 300 municipios han bloqueado sus accesos y solo permiten el acceso al personal médico o a vecinos con un salvoconducto, según datos de las fiscalías de Derechos Humanos estatales. En Tlaxiaco, en Oaxaca, los vecinos que salen deben regresar con un certificado médico si quieren volver a casa.

Hasta el momento el virus no ha impactado entre los indígenas y en todo el país hay ocho casos de coronavirus frente a los casi 9.000 positivos en el resto del país, según las cifras oficiales que difunden cada tarde Hugo López Gatell, subsecretario de Salud del país. De los ocho indígenas atendidos, cuatro están hospitalizados y el resto fueron atendido en ambulatorios y dados de alta.

“En las zonas rurales la gente es más obediente y disciplinada y entiende las consecuencias. En el campo trabajan para uno mismo, para su familia y para la comunidad. Saben que la comunidad se puede enfermar y que los centros de salud están muy lejos por eso se saben cuidar”, explica Gisela Lara Saldaña, coordinadora del programa del Seguro Social (IMSS) dedicado a atender a las poblaciones más pobres y remotas del país.

El programa que encabeza, con 40 años de existencia, cuenta con casi 700 médicos para atender a 12 millones de personas, 4,4 millones de ellos indígenas. Conscientes de los estragos que podría causar entre los indígenas la llegada del virus, las radios comunitarias emiten estos días mensajes en 22 lenguas distintas. Las brigadas médicas aceleran estos días los consejos para detectar los síntomas o fabricar su propio gel antibacterial y mascarillas.

Sin embargo, en algunos municipios, muchos de ellos regidos por el sistema de ‘usos y costumbres’ la contundencia de las medidas ha chocado con las leyes vigentes o con las denuncias de abusos del Defensor del Pueblo en Oaxaca (DDHPO).

Al menos 50 municipios de Oaxaca han prohibido el acceso a cualquier persona ajena, según el organismo. Hay decenas de denuncias de pueblos donde los vecinos han sido aislados a la fuerza, se ha exhibido a pacientes enfermos, se ha acosado a trabajadores de la salud, se ha prohibido la venta de comida a familiares de pacientes presuntamente contagiados o han impedido el regreso a casa de emigrantes obligados a volver desde Estados Unidos por la pandemia, denunció desde Oaxaca Bernardo Rodríguez en un comunicado. Ante los abusos, el jefe de esta oficina de Derechos Humanos exigió medias legales con periodos claros de aplicación y respetuosos con la dignidad humana.

La oficina puso como ejemplo lo ocurrido en Zimatlán de Álvarez, donde una mujer que salió a vender nieves (helados) fue encarcelada y multada o la retención de una decena de trabajadores del ambulatorio de San Idelfonso Villa Alta. Su alcalde insiste en que no se oponen a la salida del personal, sino a que quieran regresar a la comunidad sin ser examinados previamente.

Uno de los casos más polémicos sucedió hace diez días, cuando personal médico del Hospital Regional de Pochutla, se negó a atender a un paciente trasladado desde Huatulco, presuntamente con la covid-19.

Cuando el personal médico supo que la ambulancia iba en camino movilizó a la población a través de mensajes de WhatsApp para que bloquearan la entrada al municipio y atravesaron vehículos y una ambulancia para bloquear el acceso al hospital. En esta zona de la costa oaxaqueña que incluye a Puerto Escondido, Zipolite o Huatulco, con gran presencia de turistas europeos o canadienses, muchas las poblaciones prohíben el acceso a los extranjeros.

El argumento del personal médico es que no cuentan con equipos de protección para tratar esos pacientes. Hasta el momento, muchos gobernadores se han quejado por la ridícula ayuda del Gobierno central, que se limita a unas pocas cajas con batas y mascarillas de ínfima calidad. “Pero me parece bien y son muy lógicas las medidas que han tomado estos pueblos. No pueden arriesgarse”, explica un cirujano del hospital de Huatulco, un centro con 12 camas frente a las 60 de Pochutla.

La siempre tensa relación entre los ‘usos y costumbres’ y las leyes que aplican en el resto de país se ha replicado en Guerrero, con 166 municipios bloqueados o en Veracruz donde las autoridades calculan que hay otros 30 pueblos con acceso controlado. El sistema de ‘usos y costumbres’ es un modelo de autogobierno practicado en casi 2.500 municipios de población indígena de México. El modelo, recogido en el artículo dos de la Constitución, es una de las grandes victorias del indigenismo principalmente en Oaxaca, donde más de 400 los 570 municipios, se rigen por este marco.

En la Sierra de Puebla, en el pequeño Pahuatlán, de 3.000 habitantes, mitad otomí y mitad náhuatl, la semana pasada los vecinos levantaron un retén que impedía la entrada a foráneos, pero la comisión de Derechos Humanos les obligó a retirarlo. Desde entonces, muchos ancianos han decidido irse con familiares a Querétaro o la Ciudad de México, para estar cerca de un hospital, describe Giuliana Ibarra, vecina del lugar. “De alguna forma sentíamos que el retén nos protegía, porque aquí no hay hospitales y la carretera es casi una pista de tierra”, dice vía telefónica.

En Morelos, un destino tan turístico como Tepoztlán, ha replicado las medidas de aislamiento. Ahí las autoridades defienden que es una decisión de la comunidad y que se mantendrá por tiempo indefinido, debido a que no hay hospitales.

La reacción los indígenas de México no es muy distinta a la de otros grupos originarios del continente. En Brasil, la Confederación de Pueblos Indígenas (APIB) pidió una atención especial “porque sin lugar a dudas, nosotros, los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más vulnerables”. El pánico a que una nueva enfermedad llegada del exterior los esquilme, como ha ocurrido desde la llegada de los españoles con la malaria o la viruela, los ha puesto en estado de alerta.

Sin necesidad de viajar a tiempos de la colonia, en 2009, la influenza N1H1 mató cuatro veces más a los indígenas de Estados Unidos que al resto de grupos raciales juntos, según un estudio de 2009 encargado al CDC, un grupo de epidemiólogos, funcionarios de salud e indígenas de Alaska, Nuevo México Utah.