El Gobierno de México rectifica y comenzará a distribuir medio millón de pruebas

El Gobierno mexicano ha iniciado el reparto de 300.000 pruebas PCR para detectar la Covid-19. En las próximas semanas, la Administración de Andrés Manuel López Obrador ampliará este número hasta llegar a las 560.000. Esto significa un cambio radical para uno de los Gobiernos que menos pruebas hacía en el mundo por millón de habitantes, solo detrás de India, para detectar el SARS-CoV-2. En la fase 1 de la epidemia, el Gobierno repartió únicamente 9.100 pruebas, menos de 300 por cada una de las 32 entidades del país. La presión de gobernadores y de los especialistas en salud, en contra del criterio del portavoz encargado del combate al coronavirus, Hugo López-Gatell, sin embargo, han hecho corregir el rumbo a la Administración federal, que durante semanas había restado importancia a este tipo de pruebas.

El cambio de postura llegó después de que el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebraran el miércoles una videoconferencia con once gobernadores. Muchos de los mandatarios locales llevaban semanas reclamando al Ejecutivo federal que impidiera la importación de este tipo de pruebas, compradas por ellos pero bloqueadas por la autoridad sanitaria federal por carecer de permisos. “Los gobernadores han presionado con éxito”, ha dicho una persona presente en la conferencia a este diario. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) será el encargado de repartir las pruebas a los servicios estatales que no tengan pruebas en sus depósitos e inventarios.

Las pruebas llegarán en diferentes cargamentos provenientes de China, Estados Unidos y Europa. El tipo utilizado será la PCR (reacción en cadena polimerizada por sus siglas en inglés), un test molecular que detecta el material genético del virus. Los 32 centros de salud estatales mexicanos ya utilizan pruebas de este tipo, que requieren de una máquina de alta tecnología y personal capacitado para interpretarlos. Algunas marcas como Abbott y Xpert están avaladas por la Food and Drug Administration (FDA) del Gobierno de Estados Unidos. El Gobierno de Morena se había mostrado renuente a aumentar su aplicación. López-Gatell había insistido en más de una ocasión que no eran lo más importante, pese a que países como Corea del Sur o Alemania, que han hecho innumerables, habían contenido la velocidad de propagación del virus. “Reto a cualquiera a que me dé una colección razonable de artículos científicos o simplemente técnicos que muestren cuál es el rendimiento de esa intervención”, aseguró en una entrevista a este diario a finales de marzo.

López-Gatell ha defendido la estrategia del Gobierno de México a partir de la vigilancia epidemiológica, conocida como Centinela, que utiliza, como si se tratara de una encuesta, los datos de 375 unidades de salud para realizar una estimación de casos. De momento, México ha confirmado 194 muertes y 3.441 positivos, pero el sistema Centinela calcula que los contagiados pueden ser ocho veces más y calcula que, al menos hasta este viernes, podría haber 26.000 casos de contagio. Este sistema, defiende el subsecretario de Salud, permite a partir de la estimación de casos adoptar una serie de medidas como las que ha puesto en marcha el Gobierno de México. La medición, no obstante, no tiene nada que ver con la aplicación de las pruebas, que, según los países que las han aplicado en masa, podrían ayudar a contener la propagación.

El lunes, un grupo de nueve gobernadores opositores pidieron a López Obrador no minimizar la emergencia sanitaria. Entre las cinco exigencias que hacían a la Administración federal se encontraba la aplicación de más pruebas moleculares. “Ha sido una demanda reiterada insatisfecha”, aseguraba el documento, que también solicitaba un inventario “verídico” de la capacidad hospitalaria, mascarillas y ventiladores y presupuesto suficiente para hacer frente a la contingencia. El documento estaba respaldado por los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, todos ellos del PAN.

El vocero de uno de estos gobiernos afirma que el Gobierno federal aún tiene que cumplir su palabra. “Hay una carencia brutal de cosas”, dice el portavoz, quien prefiere no ser identificado, pero cuyo Estado estuvo representado en la reunión del miércoles con el canciller Ebrard y la ministra de Interior, Sánchez Cordero. “No ha llegado nada. Cero. Ni un cubrebocas”, revela desde una entidad del centro de México a la que le fue prometida cientos de ventiladores y pruebas para ser aplicadas durante la crisis. Este grito de SOS contrasta con las versiones lanzadas desde Palacio Nacional, donde se reitera que los aparatos sanitarios federales y locales están preparados para contener la ola que los golpeará en las próximas semanas. Como muestra de esta falta de preparación están los brotes masivos que se han descubierto recientemente en hospitales públicos. Más de 60 trabajadores sanitarios han sido contagiados en las últimas horas en centros de salud del Estado de México, Baja California Sur y Morelos.

“¿Por qué no sucedió antes?”, se preguntaba el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, este miércoles tras el cambio de postura del Gobierno central. Alfaro llevaba semanas enfrentado a las políticas federales por el tema de las pruebas. Incluso había anunciado una compra de 20.000 tests a un vendedor alemán que terminó frustrándose. Otros Estados, como Guanajuato y Nuevo León, también habían intentado ir por la libre para aplicar más pruebas. Alfaro dijo el miércoles que reactivará la compra de miles de pruebas para aplicarlas en su Estado, que tiene 139 casos y 8 fallecidos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció el martes que agilizará los permisos de importación al país de las llamadas pruebas rápidas y de los ventiladores pulmonares que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos contra el coronavirus. Muchos de los donativos de insumos sanitarios que México recibía se quedaban a la espera de los permisos correspondientes. El gigante chino Alibaba, por ejemplo, donó 50.000 pruebas para detectar el virus. Ahora, la Cofepris promete hacer expeditos este tipo de permisos de comercialización durante el periodo de emergencia decretado por el Gobierno. Solo falta que los insumos lleguen a los destinos prometidos, algo que los eventuales beneficiarios aún ponen en duda.

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