El abogado de la UE se opone a encarcelar a los dirigentes de Baviera por permitir la contaminación del aire

Hace cuatro años, los motores diésel dejaron de ser santo y seña de la industria automovilística alemana para convertirse en símbolo de uno de sus mayores escándalos. Nada ha vuelto a ser lo mismo para los grandes fabricantes desde que se descubriera que Volkswagen trucó los controles de emisiones contaminantes de sus vehículos. Numerosas ciudades y países han anunciado en ese tiempo planes para restringir su circulación y mejorar así la calidad del aire, pero hay quien todavía se resiste: el Estado alemán de Baviera se ha negado repetidamente a cumplir una resolución judicial alemana que lo conmina a prohibir el tránsito para cumplir con los valores límite de dióxido de nitrógeno.

Este jueves, el asunto ha llegado a los tribunales europeos: el abogado de la Unión Europea ha concluido que su rechazo deliberado a tomar medidas para paliar la contaminación no puede culminar con la detención de los dirigentes de Baviera que se oponen a impedir el paso de vehículos diésel por determinadas vías de Múnich, la capital, donde se registran niveles muy superiores de partículas contaminantes desde hace años. El caso pasará ahora al TJUE, que deberá dictar sentencia sobre el tema próximamente, aunque suele seguir el criterio del abogado en la mayoría de casos.

El danés Henrik Saugmandsgaard Øe interpreta que "por muy grave que sea el comportamiento de los cargos públicos que se niegan a dar cumplimiento a una resolución judicial firme", no existe en Alemania una ley que contemple claramente la posibilidad de que el ministro presidente de la región o el titular de Medio Ambiente sean arrestados por este motivo. "La obligación del juez nacional de hacer todo lo que sea de su competencia para dotar de plena eficacia a una directiva, en particular a una directiva en materia de medio ambiente, no puede cumplirse menoscabando el derecho fundamental a la libertad", concluye.

La consulta a la justicia europea llegó desde un tribunal alemán. Dado que la inmunidad parlamentaria protege a los máximos responsables, los magistrados germanos preguntaron si sería razonable exigir a los altos funcionarios del ejecutivo de Baviera, bajo amenaza de arresto, que cumplieran el dictamen de los jueces, incluso actuando contra el criterio de su superior jerárquico, pero el abogado general cree que una medida así vulneraría el derecho a la libertad.

Su negativa a defender medidas estrictas contra los mandamases de Baviera no es óbice para que el abogado de la UE se muestre muy duro con su desafío a la justicia. "La negativa a cumplir la resolución judicial puede conllevar consecuencias graves tanto para la salud y la vida de las personas como para el Estado de Derecho, que constituye uno de los valores en los que se fundamenta la Unión", advierte.

El abogado ofrece dos alternativas si se quiere aumentar la presión contra los dirigentes bávaros: aprobar una ley que permita encarcelar cargos públicos por este motivo, y el procedimiento de infracción por incumplimiento de las normas comunitarias. Esta última vía ya está en marcha: la Comisión Europea interpuso un recurso contra Alemania por la contaminación del aire en Múnich, uno de los caballos de batalla de Deutsche Umwelthilfe, la ONG alemana que presentó la demanda en 2012 y consiguió una sentencia contra Baviera que la obligaba a introducir un plan anticontaminación por permitir niveles desbocados de dióxido de nitrógeno.

Según Bruselas, más de 400.000 europeos mueren de forma prematura cada año por culpa de la mala calidad del aire, y otros muchos sufren dolencias respiratorias y cardiovasculares causadas por la contaminación. Sus efectos también golpean a las arcas públicas: la contaminación cuesta más de 20.000 millones de euros anuales a la economía europea por el incremento de los costes médicos y al descenso de la productividad laboral.