Dos mujeres asesinadas por el mismo hombre en 17 años

Amanda del Carmen Cabeza, 22 años, y Ana Lúcia Da Silva, 45 años, murieron asesinadas por Salvador Ramírez con 17 años de diferencia pero parecida crueldad. Entre el humilde piso de Algeciras alquilado en 2002 y el también modesto que compartió hasta hace 10 días en Córdoba antes de incendiarlo con su nueva pareja dentro, Ramírez pasó 16 años en la cárcel que no atenuaron su instinto iracundo y saña. Dejó ocho huérfanos, los tres hijos de su matrimonio con Cabeza y cinco de Da Silva, que había llegado de Brasil en la primavera del año pasado. Da Silva dejó a cuatro hijos en su país, y solo trajo a España a Rosa, de 16 años.

Más información

Ana Lúcia da Silva, la víctima 1.000 de la violencia machista, la segunda de Salvador Ramírez

1.000 asesinadas por violencia machista: la cuenta pendiente

“El ataque fue muy violento y brutal”. El fiscal Emilio Lledó recuerda el escalofriante asesinato de Cabeza a manos de su esposo, un mes después de decirle que se quería separar de él. A pesar de tener tres hijos pequeños y carecer de empleo, la joven estaba decidida a poner fin a las peleas y golpes en casa. “Tras un forcejeo, le anudó el cordón de la plancha sobre el cuello, le apretó fuertemente produciéndole fractura de tráquea y pérdida de consciencia, y en tal estado la arrastró hasta el cuarto de baño, introduciéndola en la bañera, llena de agua, y falleciendo ahogada”. La crueldad que describe la sentencia del primer crimen de Ramírez cometido en Algeciras (Cádiz) se repitió la semana pasada cuando asesinó a Da Silva a cuchilladas, antes de quemar el piso de ambos y suicidarse.

¿Cómo pudo asesinar por segunda vez tras asistir a un curso de violencia de género en la cárcel y si su reinserción iba sobre ruedas, según los informes internos?

La tasa general de reincidencia en delitos de violencia de género ronda el 25%, según el estudio más completo realizado en 2014 por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat catalana. Sin embargo, no hay estudios sobre asesinos de parejas que vuelven a matar, confirma el experto y catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona Antonio Andrés Pueyo.

“Las estadísticas demuestran que cuanta más intervención, menor reincidencia. El tratamiento es voluntario en prisión, pero la voluntad es relativa porque obtienen más puntos para salir antes en libertad”, subraya la experta psicóloga de prisiones María Yela. Lo extraordinario de Ramírez es la gravedad del crimen, con ensañamiento, reflexiona Yela.

La semana pasada Da Silva se convirtió en la víctima mortal número 1.000 de la violencia machista desde que hay registro oficial. La misma pregunta sin respuesta se repite entre amistades y familiares: ¿Por qué confió Ana Lucía Da Silva en ese hombre con ese pasado después de que la alertaran sus familiares?

Entre ambos crímenes, el asesino siguió un curso sobre violencia de género, tuvo “buena conducta”, un expediente “sin sanciones”, “numerosos permisos sin incidencias” y su riesgo de reincidencia en la calle era “medio-bajo”, según los informes aportados por la prisión de Córdoba al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número ocho, que dictó su semilibertad en régimen de tercer grado en octubre de 2017. Los programas para los condenados por violencia machista incluyen una intervención psicoterapéutica y educativa que persigue modificar actitudes sexistas, la justificación de los hechos violentos y la empatía hacia las víctimas.

“Él tomaba pastillas y las dejó. Le dijimos que siguiera tomándolas y otra vez nos contó que las había retomado”, cuenta una mujer que coincidió con él en su grupo de la iglesia evangélica cordobesa. “Era muy introvertido, solitario, y en la primera reunión contó que se había intentado suicidar tres veces”, añade esta mujer. Otra persona que lo trató un tiempo en Algeciras, le define: “Tenía un punto primitivo, no sabía dominarse y era muy impulsivo”. Entonces Ramírez trabajaba de guarda de seguridad a cambio de 800 euros en los céntricos aparcamientos de El Carmen. Su abogado en el juicio, José Antonio Fernández, alega que su estabilidad mental quedó tocada tras asesinar a su joven esposa: “Le comía la culpabilidad y psicológicamente le afectó bastante el crimen”.

El magistrado ponente de la Audiencia de Cádiz que sentenció este primer crimen, Manuel Gutiérrez Luna, lo recuerda “con claridad”: “La declaración del acusado fue bastante fría y creía que estaba en su razón de hacer lo que cometió. Desde su punto de vista, él narró que tenía el derecho de matarla y hacía lo correcto. Arrepentimiento poco, casi ninguno”, rememora. Es decir, su sentimiento de posesión y cosificación hacia la mujer le provocó esa falta de remordimiento que asombró en la sala de vistas, pese a la gravedad del delito. Los médicos forenses dictaminaron que Ramírez no sufría ninguna enfermedad mental.

Al tanatorio apenas acudieron tres vecinos para velar a la joven fallecida, entre ellas Ángeles Delgado, que conoció a la víctima al compartir el mismo colegio sus hijos, y ahora vive en los mismos bloques de la barriada La Piñera de Algeciras. “Ella a mí no me contaba las palizas para evitar que me enfrentara al tonto, como le llamaba ella”, dice en referencia a Ramírez.

Criada en una familia desestructurada, Cabeza había dado a luz por primera vez a los 15 años y los siguientes dos años tendría otros dos hijos que hoy están acogidos por una familiar. Cuando empezó la violencia en casa, un día acudió a la asociación de mujeres progresistas Victoria Kent para asesorarse, pero no lo hizo con regularidad para que hicieran un seguimiento. Rocío Benítez, presidenta de Victoria Kent, personada en el juicio como acusación, equipara el caso al patrón general que han visto desde que iniciaron su ayuda a las mujeres maltratados en 1991, cuando se creó: “La mujer le pone límites y el hombre no asume que una mujer de su propiedad le ponga límites”.