Ana Lúcia da Silva, la víctima 1.000 de la violencia machista, la segunda de Salvador Ramírez
Madre de cinco hijos, la mujer llegó de Brasil hace dos primaveras. Su familia pide ayuda para repatriar el cadáver. Su presunto asesino mató a su primera mujer en 2002
Ana Lúcia da Silva es la víctima mortal número 1.000 de la violencia machista. La Delegación del Gobierno en Andalucía acaba de confirmar que la mujer, asesinada el pasado viernes, ocupa ese puesto en la larga y triste lista de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando arrancó la cuenta oficial. Su cadáver fue encontrado el pasado día 14 junto al de su pareja, Salvador Ramírez, por los bomberos que acudieron a una vivienda en el barrio cordobés de Valdeolleros tras un aviso de incendio. El equipo de Policía Judicial que se dirigió hasta el lugar minutos más tarde encontró un escenario “poco habitual” para un incendio, según fuentes policiales. Desde entonces, la hipótesis de que él había asesinado a la que era su pareja cobró peso. Finalmente, ha sido confirmada este miércoles después de que el juzgado de instrucción que empezó el caso se inhiba en un juzgado de violencia sobre la mujer.
Da Silva es la segunda mujer asesinada por el malagueño Ramírez, de 45 años. En 2002, confesó haber matado en Algeciras a su entonces esposa, Amanda del Carmen Cabeza, cuando él tenía 27 años y ella 22. Eran padres de tres hijos pequeños y los malos tratos eran habituales, según recogen informaciones de aquel hecho. Estaban separándose. El cadáver de ella apareció en la bañera con signos de estrangulamiento. Fue condenado a 17 años de prisión en 2004. La pena extinguía en 2020, pero según fuentes de la Subdelegación del Gobierno obtuvo el tercer grado en octubre de 2017 y la libertad condicional en febrero de 2018. En prisión se comportó tan bien que disfrutó de muchos permisos. Se apuntó, incluso, a un programa contra la violencia de género.
El 21 de diciembre de 2017, la Junta de Tratamiento propuso al juez la libertad condicional por un periodo de dos años, adjuntando un informe con pronóstico favorable a su reinserción social. El 23 de enero de 2018, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba acordó la libertad condicional y le impuso reglas de conducta, como la obligación de residir en la Casa de Acogida de Cáritas y “mantener hasta el final de la condena la buena conducta y comportamiento que han determinado el pronóstico individualizado y favorable a la reinserción, emitido en el informe final base de la concesión de la libertad condicional”.
Ana Lúcia da Silva llegó a Córdoba desde Brasil en la primavera del año pasado, según explica su hermana, Priscila da Silva. Dejó cuatro hijos en su país, pero llegó a España con una hija, Raquel, de 16 años. En el momento del asesinato de su madre estaba en el instituto, donde recuerdan como “un drama” el momento en el que le dieron la noticia a la joven. Poco después se acercó hasta la vivienda en compañía de su tía.
La fallecida mantenía una relación con Ramírez desde finales del año pasado y vivían en el humilde barrio cordobés de Valdeolleros. El humo que salía por la ventana fue lo que llevó a varios vecinos a llamar a los bomberos sobre las 11.00 de la mañana del viernes. Por la tarde, el balcón mostraba aún manchas por el humo, aunque el incendio solo afectó a una habitación. Su puerta permanece precintada por la policía.
La mujer había dado pasos para rehacer su vida en Córdoba. En su proceso de adaptación a su nuevo país, Da Silva empezó a principios de este año a acudir a clases de español. El primer día la acompañó su pareja. “Era reservada, pero siempre mantenía una sonrisa”, asegura una compañera. Acudía a clases dos veces a la semana. Nunca faltaba. Pero dos meses después debió dejarlas porque había encontrado trabajo como empleada doméstica. Una ONG local la había ayudado en ese tiempo a crear un itinerario de inserción sociolaboral, aunque lo halló sola. El viernes la esperaban para trabajar.
“Unas veces trabajaba en hostelería, otras limpiando casas o cuidando a personas mayores”, cuentan algunos miembros de la iglesia evangelista del barrio de Santa Rosa, conocida popularmente como El Laurel. La víctima mortal número mil del machismo se reunía allí cada domingo por la mañana con un grupo de creyentes. Él también la acompañó varias veces. “Nos lo había presentado. Quería que siguiera también su religión, pero él hablaba poco”, añaden las mismas fuentes, que destacan que Da Silva “era muy buena y confiada”. Por eso, a pesar de conocer los antecedentes de Salvador, no tuvo reparos en que fuera a vivir con ella y su hija. Su entorno le recomendó que no lo hiciera. “Era una superviviente, luchaba para salir adelante desde unas circunstancias complicadas”, añaden sus compañeros de la iglesia evangelista, que subrayan que el hecho de compartir piso con el hombre también estaba relacionado con compartir gastos, ya que la situación económica de ambos no era buena.
Al salir de prisión el juez impuso a Ramírez la obligación de residir en la Casa de Acogida de Cáritas y posteriormente él solicitó la autotutela y la Fiscalía mostró su conformidad. Había empezado a trabajar como friegaplatos en un restaurante hace un año gracias a una ONG local que ayuda a personas en riesgo de exclusión social. Sus compañeros explican que su comportamiento “era ideal”. El viernes se extrañaron de que Salvador no acudiera a su puesto de trabajo a las 10 de la mañana. Poco después conocían lo que había pasado. Es lo que cuentan quienes tuvieron trato con él. En el barrio donde ambos residían apenas eran conocidos. “Les hemos visto alguna vez, pero poco más”, cuentan en los establecimientos junto al piso en el que residían.
La familia quiere lanzar una campaña en Gofundme para recoger dinero para repatriar el cadáver de Ana Lúcia da Silva hasta Brasil. Necesitan unos 5.700 euros.