La cifra sí importa
EL PAÍS inició su propio recuento de víctimas mortales de violencia de género en 2001, un documento que luego usó la Administración
Si no hay datos, no hay tema. Si no hay tema, ¿para qué hablar sobre ello? Cosas del periodismo. Y claro, lo que no se cuenta no existe. O resulta anecdótico a falta de contexto. Así estábamos en España respecto a la violencia de género al comenzar este siglo. Era una tragedia habitual sin cifras oficiales solventes y a menudo contada como un suceso al que se buscaba más la justificación que la explicación. “Un hombre mata a su mujer por celos”, se titulaba con frecuencia.
Cuantificar bien es clave para conocer la dimensión de un problema. No hacerlo permite restarle importancia, ningunearlo. En esas estábamos en 2001. El Gobierno de José María Aznar (PP) se resistía a establecer medidas contundentes —y estadísticas oficiales exhaustivas— respecto a lo que llamaba “violencia doméstica”. En paralelo, las organizaciones feministas pedían una ley integral contra la “violencia de género”. ¿Qué hacer desde el periodismo? ¡Pues… contar!
Contar para conocer el alcance, medir para actuar, para sistematizar también datos relevantes como la existencia, o no, de denuncia previa. Por entonces, la estadística oficial se centraba en las cifras del Ministerio del Interior, lentas e incompletas. Cuando por fin comenzaron a afinarse algo más, los datos gubernamentales solo incluían a las mujeres muertas a manos de maridos y novios. Las víctimas asesinadas por sus exparejas no contaban.
En los primeros meses de 2001, EL PAÍS inició su propio recuento de las vidas femeninas segadas por la violencia de género, incluidos los casos en los que el agresor era la expareja. Fue una iniciativa de las secciones de Sociedad y Documentación, un trabajo conjunto en tablas de Excel cuyas celdas se rellenaban con profesionalidad, eficacia y duelo. Era la única manera de poder calibrar mejor el alcance de lo que pronto se conocería como “lacra”.
“Según el recuento de este periódico”. Esa fórmula avalaba el dato que figuraba en las informaciones. Las cifras de víctimas mortales del diario eran más altas que las oficiales, pero la estadística de EL PAÍS era más fiable que la del Gobierno. Tanto, que cuando por fin decidió hacer bien los números, la Administración solicitó consultar los Excel de este periódico.
En aras también de una información mejor, comenzó el aquilatamiento de los términos. De ahí el neutro “violencia machista” que enarboló este diario. No era perfecto, pero aportaba imparcialidad cuando la derecha la calificaba de “doméstica” y la reducía al ámbito familiar, y la izquierda apostaba por el más amplio de “violencia de género”, aquella que sufren las mujeres por serlo según la doctrina internacional, al que se oponía también la Real Academia Española. Así hasta que la ley integral de 2004 consagró el último término.
La estadística oficial considerada válida se remonta a 2003. Y se esgrime desde hace un año, cuando el flamante Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad marcó la pauta de ofrecer la cifra completa cada vez que se confirma un nuevo dígito mortal. Ya son 1.000 las vidas de mujer segadas desde 2003. A ellas se podrían añadir las que contabilizó este diario en 2001 (46) y 2002 (52) y otras muchas que antes nadie contó con solvencia. La cifra sí importa. Hasta que sea cero.