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La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía investigan los sobornos de la diálisis

Uno de los facultativos implicados fue alto cargo del Gobierno autonómico del PP de Francisco Camps

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra. En vídeo, declaraciones de Ana Barceló, consejera de sanidad de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía investigan si médicos de hospitales públicos han recibido “pagos inapropiados” y otras prebendas del gigante sanitario Fresenius a cambio de facilitar a la empresa información confidencial sobre concursos públicos y favorecer sus productos en los centros sanitarios.

Según reveló ayer EL PAÍS, dos de los médicos implicados son Antonio Galán, jefe de servicio del Hospital General de Valencia, y María Dolores del Pino, que ocupó hasta hace unas semanas el mismo cargo en el Hospital de Torrecárdenas (Almería) y es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. Galán también fue nombrado director general Calidad y Atención al Paciente de la Generalitat Valenciana durante el Gobierno de Francisco Camps (PP).

Fresenius: "Hemos despedido a todos los directivos responsables"

La multinacional Fresenius ha salido al paso esta mañana de la publicación del acuerdo alcanzado con las autoridades de EE UU, en el que reconoce que durante más de una década hizo "pagos inapropiados" a médicos de la sanidad pública. La compañía ha asegurado que "al igual que en otros países", también en España han destituido a "todos los directivos responsables de esta conducta".

Fresenius argumenta que, tras tener noticia de los hechos por una fuente anónima, iniciaron "una investigación interna de la que hizo partícipe a las autoridades de Estados Unidos". "Desde entonces, la empresa ha tomado todas las medidas necesarias para abordar y resolver completamente estos problemas", asegura la compañía.

"Hemos tomado medidas para fomentar una cultura de comportamiento empresarial ético en toda la compañía y para fortalecer nuestros programas de cumplimiento y controles internos tanto a nivel mundial como en los respectivos países. Y seguiremos haciéndolo en estrecha cooperación con las autoridades, ya que existe una tolerancia cero para cualquier conducta de ese tipo dentro de nuestra organización", añade Fresenius. 

El acuerdo con EE UU prevé que durante dos años la actividad de la compañía estará sometida al escrutinio y control de un experto independiente con plenos poderes que velará por el cumplimiento de buenas prácticas empresariales.

“Obviamente, [la Consejería de Sanidad] ya está investigando la cuestión”, afirmó ayer la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, que aseguró que si se descubre “algún ilícito penal, el caso se derivaría a los tribunales”. La actual consejera valenciana de Sanidad, la socialista Ana Barceló, manifestó: “Me parece muy grave utilizar la sanidad pública en provecho personal. No vamos a permitirlo y tomaremos las medidas necesarias”, informa Ferran Bono. La Generalitat ordenó la apertura de un expediente informativo sobre la actuación de Galán. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, aseguró por su parte que si se confirma la existencia de “un supuesto soborno por parte de una farmacéutica”, los facultativos responsables “serán reemplazados”.

Los dos Gobiernos reaccionado así a la publicación de la confesión hecha por Fresenius ante las autoridades de en Estados Unidos de que ha destinado millones de euros en España a “pagos inapropiados”, contratos de “consultoría sin control”, “regalos” y “viajes”, entre otras prebendas, para lograr también que los facultativos “enviaran a pacientes a sus clínicas” y “utilizaran los productos más caros de la compañía”. España es uno de los 17 países en los que la multinacional ha incurrido en estas prácticas. La compañía ha aceptado pagar 231,7 millones de dólares (207,6 millones de euros) para evitar ser procesada por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Galán no ha ofrecido por ahora su versión de los hechos, mientras Del Pino niega los hechos y asegura sentirse en una situación de “indefensión”. “No sé lo que ha dicho la empresa en EE UU, pero nos es cierto. Mi poder [sobre la adjudicación] era nulo”, afirmó. La Sociedad Española de Nefrología salió en apoyo de su presidenta en un comunicado en el que destaca que su gestión ha estado caracterizada por la “rigurosidad, transparencia y profesionalidad”.

El informe de la SEC también destaca un caso en el que la empresa compró a seis médicos públicos una clínica de diálisis, siguió pagando un 5% por paciente recibido desde la pública y alquiló locales de su propiedad, por lo que los facultativos recibieron de forma “inapropiada” hasta tres millones de dólares. En esos años, Fresenius compró dos clínicas de diálisis a médicos de los hospitales barceloneses Clínic y del Mar. Un portavoz del Gobierno catalán afirmó que “en estos momentos esta es una práctica extinguida”. “Si tuviéramos noticia de cualquier indicio [de que se mantiene], no dudaríamos en actuar”, añadió.

La publicación del caso también provocó la reacción airada de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que reclamó a las autoridades sanitarias que apliquen “de manera inmediata” las sanciones correspondientes.

“Las sociedades científicas deben eliminar sus ingresos de las farmacéuticas”

Amando Martín Zurro.
Amando Martín Zurro.

Una serie de seis artículos sobre la infiltración de la corrupción en la gestión sanitaria, publicada en Diario Médico hace dos años,han convertido al médico de familia y editor científico Amando Martín Zurro en una de las voces más respetadas sobre la materia.

Pregunta. ¿Podemos concluir algo del caso Fresenius?

Respuesta. Sí. Que hay cosas que están fallando a varios niveles. En el más elevado, los cargos políticos deben diseñar y ejecutar políticas severas contra la corrupción. A nivel de dirección y gestión de centros, hay que avanzar hacia una profesionalización total que acabe con toda dependencia política. Las organizaciones profesionales tienen ser firmes en el castigo de estas prácticas y la prevención de las condiciones que las favorecen. Y las sociedades científicas, eliminar sus ingresos desde la industria.

P. La de Nefrología ha salido a apoyar a su presidenta.

R. En este momento es lo lógico. Pero el problema viene de lejos. Un estudio de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria reveló en 2011 que la mitad de las 18 sociedades estudiadas llevaban logos de farmacéuticas en sus páginas web. Algunas incluso han prestado su sello para campañas de la industria alimentaria o de bebidas Muchas están sobredimensionadas, con costosas estructuras que las hace dependientes de los ingresos de la industria. Deberían reajustarse a los recursos que reciben de sus miembros y centrarse en lo exclusivamente científico.

P. Muchos dicen que todo esto ya se sabía. ¿No resulta chocante?

R. Sí. Y lo peor es que, en parte, tienen razón. Regalos, viajes, investigaciones pagadas, supuestas consultorías... Hace años que se habla de esto y no solo no se ha puesto fin a ello, sino que existe la sensación de que no hay una firme voluntad de hacerlo.

P. Pero los expertos dicen que la percepción de la corrupción de los ciudadanos en su contacto con la sanidad pública es casi nula, al nivel de los mejores países. En una frase, que a nadie le piden un euro para ser asistido mejor.

R. Eso es cierto. Y hay que celebrarlo. Nadie permitiría que le pidan dinero para ser atendido. Tenemos grandes profesionales y un mostrador muy limpio. Pero un problema en la trastienda, donde persisten zonas grises allí donde confluyen muchos intereses. Son zonas en las que persiste una opacidad a la que hasta ahora nadie ha sabido poner fin.

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