España ya podía tener su ley de eutanasia

Hay que empezar de cero cuando ya había mucho trabajo adelantado. El mazazo emocional que ha supuesto la muerte de María José Carrasco, cuyo marido, Ángel Hernández, le prestó sus manos para que dejara de sufrir, ha redoblado el afán de los partidos partidarios de regular la eutanasia; ha sumido en la discreción a los que no lo están; y ha hecho que quienes han impedido que la ley estuviera en vigor, a fuerza de dilaciones del procedimiento parlamentario, trasluzcan pesar y mala conciencia. Los dirigentes políticos han reparado en que la eutanasia es transversal, no tiene ideología, y que se han puesto en contra de una mayoría social que no entiende por qué Ángel Hernández ha pasado la noche en el calabozo y se le ha abierto una causa judicial. No puede ser de otra manera, porque su acción implica la comisión de un delito recogido en el Código Penal.

Cuando en la calle y en las redes sociales se opina a favor de una ley de eutanasia, cabal, controlada y garantista, cabe informar de que España podía tener ya en vigor esa norma que hubiera evitado al esposo de María José Carrasco tenérselas que ver con la justicia. Sí, desde octubre la ley está bloqueada. Una mayoría parlamentaria aprobó el pasado mes de junio, hace 10 meses, la proposición de ley del PSOE para regularla. En esa mayoría estaba Ciudadanos, además de Unidos Podemos y los grupos nacionalistas. A partir de ahí todo fueron dilaciones.

Un espejismo se produjo cuando en el mes de octubre el PP, con su mayoría junto a Ciudadanos en la Mesa del Congreso, la activó. Pero no fue para que empezara su tramitación, sino para presentar en su contra una enmienda a la totalidad. Esa sesión se utilizó para manifestar la posición en contra de la eutanasia e introducir la confusión al enfrentar el suicidio asistido con los cuidados paliativos en los enfermos terminales.

De nuevo, la mayoría parlamentaria formada en torno al PSOE rechazó esa pretensión del PP y, a partir de ahí, debiera haberse iniciado su tramitación. Pero la ley quedó varada. Por 19 veces el PP, sin que Ciudadanos hiciera nada por impedirlo, solicitó la ampliación del período de presentación de enmiendas y así ha seguido hasta que la legislatura se disolvió por la convocatoria de elecciones. El consenso conseguido en torno a esa proposición socialista no sirvió de nada y eso que no había sido fácil llegar a ese punto.

Un año antes, el PSOE votó en contra de una proposición sobre eutanasia de Unidos Podemos y otra del Parlamento de Cataluña. No se arrepienten los socialistas de haber rechazado la articulación normativa que ese partido y esa cámara legislativa hacían de la eutanasia. A su entender, no reunía las garantías suficientes para acreditar, sin el menor atisbo de duda, que quien se sometía al acto final de su vida, con ayuda de otra u otras personas, lo hacía en plenitud de conciencia.

La ley del PSOE, elaborada por expertos de varias ramas, reunía, al fin, los requisitos y las garantías que una mayoría parlamentaria estaba dispuesta a aprobar. Además, quedaba aún todo un margen para la discusión de enmiendas de todos los grupos. Además, establecía la eutanasia como un “derecho individual” al que podrán acogerse quienes sufran “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado” o “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que cause “un sufrimiento insoportable”. Pero no ha visto la luz. Habrá que esperar a las próximas elecciones para calibrar si hay una mayoría suficiente para abrir con garantías de éxito el debate sobre la eutanasia.