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La investigación del crimen de Castellón se centra en el “riesgo bajo” que estableció la policía tras una denuncia

El Defensor del Pueblo pide a Interior más datos del protocolo con el que se evalúa el peligro que corren las víctimas

Concentración en Castellón en septiembre, tras el asesinato de las dos menores.
Concentración en Castellón en septiembre, tras el asesinato de las dos menores.

“Tenemos controlada a la víctima pero no al agresor. Si no sé qué pasa en la cabeza de los agresores, ¿cómo voy a poner medidas?”. Paloma Sánchez, que ejercía como jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno en Castellón cuando Nerea y Martina fueron asesinadas, hacía esta reflexión en su despacho días después del crimen. Cuando las víctimas acuden a la policía a denunciar deben responder a un cuestionario que, hasta el pasado 13 de marzo, no contemplaba el riesgo de letalidad para la mujer ni los riesgos para los hijos. 

“Denuncié, me dijeron que no pasaría nada y mis hijas ya no están”

La investigación del crimen de Castellón se centra en el “riesgo bajo” que estableció la policía tras una denuncia

El 25 de septiembre del año pasado, dos niñas de dos y seis años fueron asesinadas en Castellón por su padre, Ricardo Carrascosa. Después de matarlas, se tiró por la ventana. La madre, Itziar Prats, denuncia por primera vez públicamente el abandono de las instituciones a las que pidió protección. Lea aquí la historia completa.

Cuando Itziar Prats denunció en la comisaría que su exmarido podía matar a sus hijas, la policía consideró que había un riesgo “bajo” en su caso. La responsable del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón se basó en esa valoración, entre otros argumentos, para negarle la orden de protección que pedía para las niñas.

Un día después del asesinato, el 26 de septiembre, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, abrió una investigación de oficio en la que requirió información a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado. Prats se personó en ese expediente a través de su abogado y primo, Gabriel Rubio. El letrado anuncia que, cuando el defensor termine sus pesquisas, interpondrá una reclamación patrimonial al Ministerio del Interior y señala responsables al Gobierno “tanto del PP como del PSOE” por no haber revisado antes el protocolo.

La Fiscalía reconoció al defensor que “existían antecedentes de violencia de género” en el caso en un escrito que la oficina de Fernández Marugán remitió a Prats a finales de diciembre. Por un lado, se refiere a la denuncia del médico que atendió a la mujer en enero y que detectó en su ansiedad un posible caso de malos tratos. En la Comunidad Valenciana funciona un sistema de cribado sanitario que permite dar la voz de alarma desde los ambulatorios y hospitales. La Fiscalía también se refiere a la citada denuncia policial de febrero, siete meses antes de que Ricardo Carrascosa matara a sus dos hijas.

La Secretaría de Estado de Seguridad respondió más tarde al defensor, el pasado viernes. En su escrito hace referencia a esa valoración de riesgo “bajo” pero no aclara cómo se elaboró ni si hubo algún tipo de negligencia. Fernández Marugán ha pedido nuevos datos a Interior para conocer la “evolución” de los trabajos de implementación del protocolo, que acaba de ser reformado.

Para el abogado Gabriel Rubio, la clave está en ese documento: “Es vergonzoso que el nuevo protocolo para la evaluación de riesgo en relación con las denuncias de violencia de género, que entró en vigor hace escasamente una semana, llegue con casi cinco años de retraso”.

Rubio argumenta que el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres —el llamado Convenio de Estambul que España ratificó en 2014—, obliga a los Estados a adoptar medidas “para que todas las autoridades pertinentes puedan llevar a cabo una valoración del riesgo de letalidad”, según el artículo 51.1, que Interior ha incluido ya en 2019 en su última revisión del documento.

“El culpable de los asesinatos de Nerea y Martina fue su padre y asesino, pero no hay duda de la responsabilidad de la Administración, que de forma absolutamente negligente e injustificable ha omitido en todos estos años activar ese filtro que sin duda alguna hubiera paliado el número de muertes en las estadísticas”, sostiene. “Interior ha entregado su trabajo fuera de plazo, y deber responder por ello”.

Asesinados por sus padres biológicos

Menores asesinados. La estadística oficial recoge a los menores asesinados por violencia machista desde 2013. Desde entonces han muerto 27 niños y niñas a manos de sus padres o las parejas de sus madres.

Padres biológicos. En la mayoría de los casos registrados, como ocurrió con Nerea y Martina, los asesinos eran los padres biológicos. No fue así en cinco de esos casos y no consta la información en otros dos.

Mujeres y huérfanos. En 2003 empezó la recopilación de datos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Suman 987 en 16 años, más que las víctimas mortales de la organización terrorista ETA en 43 años de lucha armada.

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