El Gobierno pide a la Iglesia datos sobre los casos de pederastia

El Gobierno ha solicitado este jueves a la Conferencia Episcopal Española (CEE) información sobre los casos de pederastia de los que tiene constancia, los que está investigando y los que ha instruido en el pasado con el objetivo de "arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad". A través de una carta oficial al presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha subrayado que los casos de abusos, "sean en el seno de la Iglesia como en cualquier otra institución, no pueden ser ocultados ni considerados como hechos privados", sino que merecen "la contundente respuesta del ordenamiento jurídico penal".

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La CEE ha informado de que aún no han recibido la carta de la ministra y ha subrayado que les extraña haberse enterado “de esta petición por los medios”. La Conferencia ha destacado que “ha puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que ha tenido conocimiento”. La cúpula eclesial ha subrayado que apoya a las víctimas de abusos, y ha indicado al Gobierno que “una sincera inquietud por las víctimas, exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen” dichos delitos.

La ministra recuerda en la misiva que las recientes denuncias de las víctimas de abusos "han tenido una enorme repercusión pública" y ha manifestado su intención de "abordar conjuntamente" con la Iglesia española el problema de la pederastia por "la sincera preocupación" de ambas instituciones. "Más allá de la depuración de responsabilidades penales, es necesario arrojar luz sobre unos hechos que nuestra sociedad no puede permitirse seguir manteniendo ocultos si desea afrontar el futuro con dignidad", ha añadido Delgado en el texto, en el que ha incidido que hay que evitar "extender injustamente la sospecha a toda la institución".

En varias ocasiones, la CEE ha advertido de que es un órgano colegiado y que los obispos a los que representa no le deben obediencia, por lo que no dispone de datos referentes al número de casos y de investigaciones que cursan las diócesis de manera independiente con la supervisión del Vaticano. Por otro lado, la Conferencia se ha negado a realizar un informe para esclarecer su pasado, como ya han hecho sus homólogas alemana o irlandesa. El Gobierno tampoco le ha propuesto realizar una investigación conjunta a través de un grupo de técnicos independientes.

La petición del Ejecutivo deja fuera a los casos que se producen dentro de las congregaciones religiosas, ya que gran parte de estos delitos son cometidos por religiosos. Las órdenes son independientes de las diócesis, por lo que son ellas las que instruyen los episodios dentro de los colegios en los que trabajan. El Gobierno ha afirmado a este diario que su intención es la de pedir datos sobre los delitos que se hayan cometido en toda la Iglesia española, tanto en diócesis como en las órdenes. La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), organización similar a la CEE pero relativa a los religiosos, ha admitido que no tiene un registro de los casos de pederastia en las congregaciones, pero ha subrayado que su compromiso "ante la sociedad y la Iglesia es la búsqueda de la verdad y la transparencia” y el apoyo a las víctimas. “No tenemos constancia de que a la CONFER lleguen denuncias de abusos. Pero, independientemente de esto, nuestras puertas están abiertas para investigaciones o lo que sea”, ha afirmado una portavoz de la entidad.

El pasado martes, Justicia solicitó a la Fiscalía General del Estado datos sobre las causas abiertas por pederastia a miembros de la Iglesia. El motivo: “Una importante alarma social” y “una fuerte demanda para que el Gobierno aborde este fenómeno”. En las últimas semanas, casos como el del colegio salesiano de Deusto (Bilbao) o los de la diócesis de Tarragona, destapados en los medios de comunicación, han saltado a la agenda política. En el caso de los salesianos, el Ayuntamiento de Bilbao pidió a las “instituciones competentes” que investigasen las denuncias de, hasta ahora, 14 víctimas y la Generalitat ha confesado que encubrió un caso de un religioso en 2011.

Desde el pasado octubre, este diario ha publicado los relatos de más de una treintena de víctimas de clérigos en los que sus casos no fueron juzgados y que, en ocasiones, fueron silenciados o encubiertos por los obispos o superiores de órdenes religiosas. Poco después de las primeras publicaciones, la CEE decidió crear una comisión reservada para actualizar sus protocolos contra los abusos, que en la actualidad no obligan a los responsables eclesiásticos a denunciar la pederastia ante la justicia civil.

La responsable de la cartera de Justicia ha preferido no responder este jueves por la mañana en una entrevista en Televisión Española a la pregunta de si, como fiscal, "ha tenido constancia de encubrimiento" en algunos de los procesos que han salido a la luz pública. Lo que preocupa al Gobierno, ha comentado Delgado, "es la materia de la prescripción de estos delitos". La ministra ha recordado la preocupación del Gobierno sobre el periodo legal para que las víctimas denuncien, razón por la que, según ha insistido, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia para que se puedan denunciar dichos crímenes hasta los 45 años. En la ley actual, el delito prescribe 15 años después de que el afectado tenga la mayoría de edad.