Un tribunal reconoce la invalidez permanente a una mujer violada hace 22 años por las secuelas psicológicas

Una llamada al timbre o cruzarse con alguien en la escalera le provoca terror, incluso ataques de pánico que le impiden salir a la calle. Y así los últimos 22 años. Todo empezó en 1997, cuando fue secuestrada y violada por un hombre que acababa de salir de la cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de reconocerle en una sentencia pionera a esta mujer, que hoy tiene 51 años, la invalidez por las secuelas psicológicas que le dejó aquel trauma y considera que lleva padeciendo desde entonces un "calvario psíquico".

La sentencia reconoce que la víctima, que trabajaba como agricultora por cuenta ajena, presenta una "afectación psicológica" fruto de la agresión sexual de hace 22 años, cuando fue secuestrada y violada por un ciudadano que acababa de quedar libre tras asesinar a dos personas. Desde entonces recibe un tratamiento continuo que produce "una interferencia significativa" en su vida personal, social y familiar.

Las secuelas de la violación determinan "una limitación funcional que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos que son imprescindibles", según el fallo del Alto Tribunal. La "ansiedad postraumática" que sufre se presenta "tanto en trabajos de exigencia física como en los sedentarios, por cuanto no se trata de una afección física sino psíquica".

La mujer conoció a mediados de 2017 que su agresor iba a ser puesto en libertad y eso acentuó su sintomatología postraumática y la ansiedad. En diciembre de 2017 persentó una demanda en el Juzgado de lo Social 1 de Zamora tras solicitar sin éxito en julio a la Seguridad Social la incapacidad permanente.

Los letrados de la Seguridad Social intentaron convencer a la sala de que la mujer podía realizar "con plena eficacia" el trabajo en el campo y pidieron que se declarase que ella podía "desarrollar todo tipo de trabajos sedentarios o livianos". El juzgado de Zamora reconoció sin embargo el  derecho de la víctima a esa baja permanente  -cuya base reguladora es de 669, 19 euros-  y el Tribunal Superior de Castilla y León acaba de ratificarlo.

La jueza consideró probado que la mujer sigue un tratamiento del Servicos de Psiquiatría de Salud Mental y otro de psicología del Servicio de Salud de Castilla y León desde 1997 y que el cuadro de trastorno por estrés postraumático agudo dio lugar con el tiempo a un trastorno crónico.

Esta afectacion le impide "llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos que son imprescindibles en cualquier profesión", según la sentencia, tanto en trabajos de exigencia física, como la agricultura, como en los más sedentarios. Contra este fallo cabe recurso de casación.