Fracasa el primer burdel gestionado por prostitutas en Ámsterdam

My Red Light (Mi Luz Roja), el primer burdel holandés gestionado por las prostitutas, abrió en 2017 en el Barrio Rojo de Ámsterdam, y no sale a flote. El Ayuntamiento proporcionó un inmueble a la cooperativa formada al efecto, pero el local debe cumplir las normas del resto del sector, y tiene deudas, ha registrado cuatro posibles episodios de tráfico de personas -uno de los delitos que se pensaba combatir- y no está bien gestionado. Así lo dice un informe encargado por la alcaldesa, Femke Halsema, del partido ecologista.

Corinne Dettmeijer, experta en comercio ilegal de seres humanos y violencia sexual, y autora del estudio, llega a afirmar que el Consistorio “nunca debió haberse embarcado en esta aventura”. Sin embargo, “ahora que está en marcha, tiene que involucrarse más en la gestión de My Red Light, si se quiere reforzar la posición de los trabajadores del sexo. Aunque ello suponga que el Ayuntamiento pueda parecer el dueño de un burdel; la otra opción es el cierre”, indica. Por otro lado, alaba “la atención personalizada y el excelente estado de las instalaciones, además de la presencia de una antigua prostituta capacitada para la gerencia”.

Eberhard van der Laan, el alcalde anterior, pensó que dejar en manos de las prostitutas el burdel donde trabajan reforzaría su seguridad y evitaría la presencia de proxenetas. Sin embargo, “las ambiciones eran demasiado grandes, y la idea no fue realista desde el principio”, señala Dettmeijer. “Por otro lado, no puedes cambiar este mundo en un año y medio. Tal vez poco a poco. Hay que rebajar las expectativas y recurrir a apoyos estatales. No digo que haya más control, sino mayor presencia municipal. Quizás en dos años mi recomendación tampoco funcione, pero hay que intentarlo”, añade.

Justine le Clercq, artista, escritora y portavoz de My Red Light, aseguró poco después de la apertura que esperaban que sirviera “para emancipar y empoderar a las mujeres (también transexuales y varones) que ejercen voluntariamente la prostitución”. Y ahí radica, en parte, el aparente descalabro del proyecto. El propio informe indica que el Consistorio deseaba que la cooperativa se convirtiera en un modelo de gestión, abierto a las mejoras en un sector conflictivo. “Pero es un experimento y necesitamos ayuda. El informe nos parece bien, porque recomienda una colaboración mejor entre la organización y el Ayuntamiento. Los consejeros ejecutivos hacen ahora un buen trabajo en la gestión financiera, y la investigadora también indica que hay buen contacto con el banco [Rabobank, uno de los colaboradores]. Las expectativas de ambos lados no eran realistas”, dice Lyle Muns, trabajador del sexo y miembro de la junta supervisora del burdel.

My Red Light tiene ahora entre 14 y 20 trabajadores, y se presenta en su página de web como “el primer colectivo donde se han unido para alquilar las habitaciones de forma independiente”. Cuando chocaron con la normativa municipal, que impide buscar clientes a través de Internet o Facebook [puesto que el edificio está en la calle y sus 14 ventanas son visibles] se llenaron de deudas. Las habitaciones permanecían vacías durante el día, y solo había visitantes nocturnos, de modo que los costes de mantenimiento superaron los ingresos. “Eso fue un golpe nada más empezar. Por la mañana hay poca demanda debido a los turistas, en el Barrio Rojo”, subraya Muns. Aunque el Ayuntamiento quería evitar la explotación del inmueble por parte de empresarios ajenos, no cambió las reglas. En 2018, Le Clercq lamentó que les trataban como si fueran un negocio del sexo similar al resto de los ubicados en el Barrio Rojo.

La búsqueda de prostitutas fue otro problema. Al menos cuatro de los ocho primeros candidatos no pasaron la criba de la policía porque tenían antecedentes penales. Y los agentes se quejaron de las frecuentes llamadas de auxilio desde la cooperativa, que carece de vigilantes particulares en la puerta. Pero el mayor peligro ha sido el tráfico de personas. Según fuentes policiales, al menos cuatro de las personas que ofrecieron allí sus servicios pudieron ser víctimas, y no se les informó a tiempo. Dicha demora le costó una multa de 25.000 euros al colectivo. “Cuando somos de los pocos que hemos denunciado. Nadie quiere sanciones, pero nuestra prioridad es la seguridad de las prostitutas y la relación con la policía ha mejorado”, asegura Lyle Muns. La alcaldesa Halsema tomará en los próximos meses una decisión sobre el futuro de la cooperativa sexual.