Ciudadanos y Podemos rechazan aunar prostitución y trata en una sola ley
El Partido Popular es el más favorable al borrador que maneja el Gobierno
Ciudadanos y Podemos mostraron ayer su rechazo a aunar en una sola ley la lucha contra la trata y la prostitución, como propone el borrador encargado por el PSOE —y del que el Gobierno toma algo de distancia— y al que se ha mostrado más favorable el Partido Popular. El texto fue avanzado ayer por EL PAÍS.
El PSOE, abolicionista contra la prostitución, la vincula de forma clara con la trata de mujeres y la considera una forma más de violencia de género. Esta filosofía recorre, de hecho, el borrador elaborado por un grupo de expertos para este partido. Un documento aún no público que maneja el Gobierno junto con otros informes para abordar la primera ley de trata de España y que el resto de partidos valora con distancia.
El borrador del Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual contempla penalizar al cliente de la prostitución, perseguir a quienes faciliten pisos donde se ejerza esta actividad, consideración de la trata con fines de explotación sexual como violencia de género y despenalización total de la víctima, que “no será considerada culpable en ningún caso y en consecuencia no será sancionada”. También castiga al proxeneta por lucrarse de la prostitución, aunque no emplee violencia para ello.
Desde el PP, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social, considera clave “la prevención, la protección a las víctimas y la persecución de los proxenetas y de todo aquello que promueve la explotación sexual de las mujeres”. Advierte, como otras personas consultadas, que no conoce el texto completo, avanzado este jueves por EL PAÍS, y por tanto su valoración no es cerrada. Su partido sí comparte la necesidad de una ley de trata en la que se incluya la explotación sexual y la prostitución y no dos normas por separado: “Creo que nos pondremos de acuerdo para luchar lo mejor posible contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual”.
El Gobierno señaló el jueves que el borrador es, de todos los documentos con los que trabaja, “el más alejado” de lo que plantea legislar, aunque no aclaró por qué. Ese documento fue repartido el 13 de noviembre en el Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad del PSOE, una reunión que presidió la vicepresidenta Carmen Calvo. Tampoco el PSOE ha querido opinar sobre la distancia con la que el Ejecutivo ha recibido esta propuesta.
Explotación
“El diagnóstico que hace no es la realidad”, señala la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes. Pide diferenciar entre trata con fines de explotación sexual y “prostitución voluntaria” que su partido no considera violencia machista. Cree que sancionar al cliente “no es la solución”. Ciudadanos se reunió con el sindicato Otras —que el Gobierno aprobó “por error” en el BOE y cuyos estatutos ha anulado la Audiencia Nacional—. “Hay que afrontar un debate. El Gobierno lo primero que dijo es ‘somos abolicionistas’ y no se bajan del burro”, critica.
La diputada Sofía Castañón (Unidos Podemos) considera que es necesaria “una ley específica de trata, separada de la de prostitución”. Critica que el Gobierno aún no ha presentado nada formal salvo “titulares y tuits”: “Es más importante centrarnos en aquello en lo que nos podemos entender que en lo que discrepamos”.
El debate de la protección de las mujeres
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) secundan el borrador, “sobre todo la no penalización de la víctima en ningún caso”, aunque prefieren una ley específica de trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución, “o que se incluya esto en la Ley contra la Violencia de Género de 2004”. Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, destaca que se amplíe la sanción al proxeneta, aunque no haya violencia: “Fue lo que propusimos en el movimiento feminista cuando se modificó el Código Penal. Nos pareció una de las razones de que prolifere el mercado sexual en España”.
Lorena Garrido, integrante del grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que el texto “confunde los términos de trata con fines de explotación sexual con el abordaje de la prostitución” y que no deberían ir en la misma ley. Teme que perseguir la prostitución —aunque el borrador solo penalice al cliente— “conlleva desplazar a las mujeres a zonas de mayor precariedad”. Cristina Garaizábal, de Hetaira, considera que esta propuesta “va contra los derechos de las trabajadoras del sexo, las penaliza porque obligará a tratos más rápidos en las calles”.
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