Los salesianos ignoraron tres años las acusaciones a un misionero en Benín

Los salesianos españoles desoyeron durante tres años las primeras acusaciones contra su misionero Juan José Gómez, denunciado por abusos de menores en su centro de niños de la calle en Benín, como informó EL PAÍS. Dos voluntarios que habían trabajado allí con una ONG salesiana presentaron un duro informe en 2013 en el que señalaban que los menores sufrían maltrato físico, recibían comida en malas condiciones, los de mayor edad abusaban sexualmente de los más pequeños y vivían todos en un ambiente de violencia constante. En el dossier, Gómez es acusado de dirigir prácticamente una “red mafiosa” que le servía para controlar todo lo que pasaba a su alrededor. Pero la orden no hizo nada. Portavoces de los salesianos justifican que “no consta” el informe y afirman no haberlo conocido ni recibido.

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Las acusaciones no quedaron ahí. En 2015 otros cinco voluntarios volvieron a advertir de lo que ocurría y finalmente presentaron una denuncia en la Audiencia Nacional que contabilizaba al menos una decena de víctimas —este periódico ha informado de dos más— y en la que aparecían testimonios de afectados, testigos y educadores. Afirman que los abusos de Gómez eran una cosa conocida por mucha gente en Porto Novo, la ciudad donde se encontraba el centro. Su actividad era enorme y atendía a miles de menores: en 2012, especifica el informe de los voluntarios, trabajó con 2.120 niños, de los cuales 305 estaban alojados en centros e instalaciones. Pero, tras la denuncia, los salesianos tampoco actuaron. Es más, permitieron que el acusado, que en ese momento estaba en España, regresara a Benín.

La sede de la orden en España asegura que la primera noticia que tuvo sobre dichas acusaciones fue en abril de 2016, cuando cinco víctimas contactaron directamente con un superior salesiano español, José Miguel Núñez. Y que a raíz de ello supieron luego, en octubre, del proceso abierto en la Audiencia Nacional. Alegan que fue la provincia salesiana de África francófona occidental —la orden se divide en áreas administrativas que se denominan provincias— la que llevó el caso y que no les informó, pese a que Gómez es español. No obstante, ocultaron a este diario hace un mes que había una causa contra él, y también explicaron que habían presentado una denuncia “verbal” en la Audiencia. En 2016, con el testimonio de estas cinco víctimas, se abrió una investigación canónica, que desembocó en abril de 2018 en un proceso en la Congregación de Doctrina de la Fe del Vaticano, aún abierto.

Los dos voluntarios que redactaron el primer informe en 2013, que prefieren el anonimato, relatan que lo entregaron al centro de acogida de Benín y a los responsables en Madrid del voluntariado de la ONG salesiana Asociación Foyer Don Bosco de Porto Novo. Al margen de las acusaciones, el informe era muy crítico con el trabajo y los resultados del programa de los salesianos en Benín. Afirman que también intentaron ponerse en contacto con el por entonces provincial salesiano de la zona, Faustino García Peña —conocido como Faus—, pero no consiguieron contactar con él. “Nos dijeron que iban a evaluar el proyecto y a cambiar la forma de trabajar con ellos, pero por lo que sabemos, no cambió nada”, cuenta uno de los cooperantes a este diario. Uno de los voluntarios que denunció en 2015 también se refiere a este responsable: “Algunos de mis compañeros fueron a hablar con Faus para que les dijera qué estaba pasando y este dijo: ‘Habéis tomado el camino de la justicia. Yo ya no tengo nada que hablar con vosotros”.

Durante su estancia, estos colaboradores escucharon rumores de que Gómez solía llevarse a menores a su habitación para que “le dieran masajes a cambio de dinero”. Pese a asegurar que presenciaron algún hecho que confirmaba sus sospechas, no lo denunciaron ante la justicia “porque no tenían pruebas físicas suficientes”. “La habitación de Juanjo estaba en el edificio donde dormían los niños y de noche no había supervisión. Nosotros le vimos salir un día de su cuarto acompañado de un chico joven, de unos 15 años, que iba secándose los brazos con una toalla, como si se acabara de duchar”, relata uno de los dos voluntarios.

Comida con insectos

La investigación señala que Gómez era el único que gestionaba los recursos, sin informar al equipo directivo, que desconocía dónde se destinaba el dinero de algunas de las partidas de los proyectos de organismos públicos. “Los educadores que le pasaban información recibían sobresueldos, según nos informaron otros trabajadores”, dice el mismo voluntario. Otro de los puntos alarmantes del documento hace referencia al castigo físico y psicológico de los educadores hacia los menores, incluidos aquellos que tenían algún tipo de discapacidad. La investigación también detalla cómo los niños, en ocasiones, tenían que comer alimentos “contaminados por insectos”, a pesar de haber suficiente comida en los almacenes.

Un niño encuentra un gusano en la comida del centro de Benín

Portavoces de los salesianos en España aseguran que “no consta” dicho informe. “Si es así, si lo entregaron y no se hizo nada, desde luego no es la manera de proceder de la congregación”, afirman. Tampoco saben nada de una denuncia de otros cooperantes en Benín ese mismo año, según denunció una de las víctimas, Patrick Yehouenou, en EL PAÍS. Señalan que las primeras noticias de problemas en Benín les llegaron en abril y mayo de 2016 con las llamadas y mensajes de cinco víctimas a Núñez, superior de la orden. Una de ellas, Yehouenou.

Explican que Gómez, denunciado en noviembre de 2015, informó entonces a su superior en Benín, su provincia de referencia en la congregación, y no a la de España. Por eso, justifican, no supieron nada del caso. Fue en el país africano, sostiene la orden, donde se tomaron medidas en noviembre de 2015: un proceso canónico y una denuncia ante los tribunales de Benín. Pero ambos terminaron en nada. La justicia de este país archivó el caso en marzo de 2016 —si bien las víctimas afirman que recibieron dinero o amenazas— y la investigación interna se cerró en junio con el mismo resultado. Los instructores consideraron que las acusaciones no tenían fundamento.

La orden en España, que insiste en la presunción de inocencia del acusado, afirma que no han sabido nada de amenazas ni pagos a las víctimas en Benín por su silencio.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es