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El nuevo auto sobre La Manada reabre el debate sobre el sistema judicial

Políticas, feministas y expertas muestran su indignación sobre la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a los cinco hombres condenados por abusar de una joven en los sanfermines de 2016

Algunos de los miembros de La Manada, el pasado 26 de diciembre a la salida del juzgado en Sevilla.

La decisión de mantener en libertad provisional a los miembros de La Manada por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha abierto de nuevo el debate en torno al sistema judicial, pese a que es una práctica común que los condenados sin sentencia firme estén en la calle a los dos años. Políticas, juristas, feministas, abogadas y diversos colectivos manifiestan su indignación ante la nueva decisión de un tribunal que lleva más de dos años en el centro de la polémica por sus decisiones sobre el caso de los cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven de 18 años en la primera noche de San Fermín en 2016. Primero, por la condena por abuso sexual con prevalimiento y no por agresión, después, por su puesta en libertad y ahora, por la continuación de esa situación de libertad. La Audiencia ha generado además perplejidad en más de una ocasión, como cuando tomó en consideración durante el juicio el informe sobre la actividad de la  joven en redes sociales redactado por unos detectives privados que había contratado una de las defensas.

“Muy decepcionante”, así es el veredicto para Yolanda Besteiro, la presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas. “Con una condena a nueve años de la Audiencia Provincial ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo normal es que hubiesen ingresado en prisión porque, previsiblemente, el Tribunal Supremo [que tiene que pronunciarse sobre la sentencia a nueve años por abuso sexual con prevalimiento después de que todas las partes recurriesen el veredicto del TSJN] no va a rebajar la pena. Desde esa perspectiva no está justificado que continúen en libertad”. Pero lo que más preocupa a Besteiro es que esto contribuya a generar desconfianza en el sistema por parte de la ciudadanía: “Esta nueva decisión es ratificar la plena vigencia de la cultura de la violación, que es lo que se está produciendo en el caso de La Manada, que tiende a restar gravedad a los hechos cometidos por los agresores y culpabilizar a las víctimas de su propia agresión”.

Soledad Murillo, la secretaria de Estado de Igualdad, recuerda que “es importante insistir en que aunque haya dos o tres sentencias problemáticas que nos dejen perplejas, hay muchos otros jueces que están actuando con total diligencia, que emiten sentencias que protegen a las mujeres y ofrecen seguridad”. Aunque no es este el caso y Murillo, que explica que cuando tiene que dar alguna opinión sobre las decisiones judiciales lo hace sin pudor, fue tajante al pronunciarse en Twitter: “Acato pero no respeto. Qué barato sale la violación en grupo: fianza de 6.000 euros y libertad provisional. Mientras su abogado en los platós de TV, pero sin la réplica de una jurista experta”.

En esa misma línea ha emitido su comunicado la Plataforma 7N contra las violencias machistas, en el que reclama al Tribunal Supremo “que subsane este insulto a la seguridad y libertad de las mujeres” y al Gobierno “que se tramiten de forma inmediata las reformas legislativas que impidan este tipo de atrocidades judiciales”. También se han manifestado políticos como Irene Montero, de Podemos, que ha recordado que la ONU insiste en que “con justicia patriarcal no hay igualdad”, o Gabriel Rufián, de ERC, que ha colgado un escueto tuit con el texto “La Manada lleva toga”. Y el debate ha llegado de nuevo al ámbito académico. Por ejemplo Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha escrito: “Claro que sí. La prisión provisional sirve para que políticos que aprobaron en el Parlamento una declaración simbólica y nunca han sido condenados lleven más de un año en la cárcel. No para unos simples violadores condenados ya dos veces a 9 años”. Una idea con la que el feminismo está de acuerdo. Conocidas tuiteras como Bebi Fernández también hicieron su valoración. Ella avisaba: “Si la justicia no protege a las mujeres, será ella quien tenga que protegerse. No nos quedaremos como estamos. Estas negativas al cambio necesario en la sociedad constituyen un aliciente más para que próximamente no seamos dos millones y nos convirtamos en decenas de millones”.

¿Prisión o libertad provisional?

La prisión provisional, explica el abogado penalista Raúl Ochoa, "es una medida extraordinaria de nuestra legislación, con ella lo que se hace es cumplir condena de forma anticipada. Lo normal, como apunta la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que sin sentencia firme estén en la calle a los dos años. La libertad forma parte de los derechos de toda persona con una sentencia que al no ser firme, puede ser modificada”. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) explicó en un comunicado el pasado verano que la prisión provisional constituye, efectivamente, "una medida excepcional en nuestro derecho que solo debe acordarse cuando concurren concretas circunstancias relativas al riesgo de fuga, de sustracción y ocultación de pruebas, fundamentos basados en la protección de la víctima y peligro de reiteración delictiva”. Pero también apuntaron que "la ley permite la adopción de esta medida cautelar que, en el caso de que exista una sentencia condenatoria no firme, puede prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta".

Lucía Avilés, de AMJE, añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal también dice que se tengan en cuenta las circunstancias de cada caso: “Y en el auto no se habla del delito contra la intimidad por el que el TSJN ordenó a la Audiencia Provincial dictar nueva sentencia por haber sido grabada la víctima, por ejemplo”. Además, en este caso “parece que el tribunal olvida la gravedad de la condena, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra”. La magistrada se remite al convenio de Estambul, el acuerdo europeo firmado en 2014 contra la violencia de género: “Tal y como dicta el convenio, la mirada de género debe estar en todas las fases del proceso penal para proteger los derechos fundamentales de las víctimas”.

Algo que Sara Vicente, abogada y miembro de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, no cree que se cumpliera cuando el pasado 22 de junio los miembros de La Manada salieron en libertad provisional: "Fue entonces cuando se cometió el fallo. Pero ahora no es nada nuevo. La pena es provisional porque no hay sentencia firme y no hay una situación objetiva que les lleva a cambiar el criterio por el que los dejaron libres el pasado junio. Jurídicamente es así". Sin embargo, concluye, otra cosa es qué piensan de esto los colectivos feministas: "Y nos parece mal. Nos pareció mal que salieran en libertad en junio y nos parece mal ahora".

Una decisión "previsible" y dos recursos en marcha

La decisión judicial de mantener a La Manada en libertad no pilló por sorpresa a Carlos Bacaicoa, uno de los dos abogados de la víctima, que estaba “convencido” desde hacía días de que eso era lo que iba a suceder. Al teléfono, en varias ocasiones, avisaba de que todo dependería de Raquel Fernandino, la magistrada cuyo voto decidió su excarcelación el pasado 22 de junio de 2018. “Y no creo que vaya a cambiar a de opinión”, espetó Bacaicoa antes de Navidad.

No se equivocó. “No puedo estar de acuerdo con esta decisión, aunque no nos queda más remedio que acatarla”, explicó el letrado, que en principio asegura que recurrirán en súplica. “Aunque al recurrir ante el mismo órgano que ha dictado la resolución que recurres, ya se puede prever lo que sucederá”. También recurrirá el Ayuntamiento de Pamplona, según ha explicado su alcalde Joseba Asiron: "No compartimos esta decisión, es un auto que nos parece que ahonda en esa profunda brecha a la que más de una vez nos hemos referido que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad".

Tanto Fernandino como el juez Ricardo González —el de aquel voto particular que hablaba de “jolgorio sexual” al narrar el abuso sexual con prevalimiento que cometieron los cinco hombres en la primera noche de los sanfermines de 2016— han votado a favor de la libertad de los encausados. Solo el presidente de la sala, José Francisco Cobo, ha emitido un voto en contra; pedía prisión provisional comunicada y sin fianza, tal y como solicitaron la fiscalía de Navarra y las acusaciones a principios del pasado diciembre.

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