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Igualdad cambiará los contratos del teléfono 016 y del servicio de pulseras a maltratadores

El ministerio revisará los pliegos de ambos contratos para modificar los convenios y evitar que las trabajadoras sean consideradas empleadas de un 'call center'

Manifestación en Barcelona en el día contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre.
Manifestación en Barcelona en el día contra la violencia de género, el pasado 25 de noviembre.

El Ministerio de Igualdad revisará los pliegos de condiciones de dos servicios contra el maltrato: el teléfono 016 de atención a las víctimas de violencia de género y el sistema de las pulseras de control a maltratadores, el llamado servicio Cometa. Fuentes del departamento han confirmado que se revisarán los pliegos de condiciones de ambos servicios, elaborados durante el anterior Gobierno del PP, para mejorarlos "en la medida de lo posible". La intención del Gobierno es cambiar los convenios por los que se rigen en la actualidad -de telemarketing para el 016 y seguridad privada en Cometa- para incluir a las empleadas que atienden las urgencias en el convenio de intervención social en los pliegos en próximas convocatorias que se habilitarán a partir de 2019.

Introducir un nuevo convenio en la revisión de los contratos supondría de entrada un cambio de filosofía, que las plantillas dejen de ser consideradas como operadoras telefónicas u operadoras de alarmas y que su trabajo ya no quede bajo un modelo organizativo "típico de los call center" con mediciones de los tiempos de actuación, como denunció UGT a finales de noviembre. Si además las empleadas son reconocidas como personal especializado, la modificación conllevaría también una mejora de las retribuciones económicas.

En el servicio Cometa, las 47 operadoras contratadas por Telefónica cobran 901,61 euros brutos mensuales, según los datos que incluyó el sindicato UGT en un informe que denunciaba a finales de noviembre las condiciones de las empleadas de ambos servicios públicos gestionados por empresas privadas y con condiciones "low cost". La mayoría de las mujeres que trabajan en el 016, 14 de las 24 personas contratadas, están empleadas como “gestoras telefónicas” por la adjudicataria del servicio, la empresa Atenzia, por 1.064 euros brutos mensuales.

El servicio Cometa se rige por tiempos de respuesta de tres minutos. Si un agresor se salta la distancia de separación fijada, la respuesta del servicio se debe completar en ese plazo, según la denuncia del sindicato. En ese tiempo, la trabajadora debe localizar a víctima y agresor, pasar aviso a la policía, llamar a la víctima, informar de nuevo a la policía y llamar otra vez al agresor, según denunciaban las trabajadoras preguntadas para el informe. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género aseguró entonces que esos tres minutos son los fijados en los pliegos como "tiempo máximo para responder ante alarmas".

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, se reunió recientemente con parte de la plantilla del 016 y con representantes de Comisiones Obreras para conocer de primera mano sus posibles quejas. No ha habido encuentro con UGT, que en su denuncia pública pidió al Gobierno que asumiera la gestión directa de ambos servicios “en cuanto concluyan los contratos ya suscritos”. El Ejecutivo no se plantea asumir ambas plantillas como propias, pero si la revisión incluye finalmente un cambio de convenio y son incluidas como especialistas (psicólogas, trabajadoras sociales, educadora sociales), los salarios de las actuales operadoras del 016 y Cometa pasarían a 1.479 euros mensuales brutos, según los cálculos que incluía UGT en el informe, elaborado por la investigadora Marta Cabezas.

En la delegación de Gobierno para la Violencia de Género y en la Secretaría de Estado de Igualdad sentó muy mal la denuncia del sindicato UGT. Fuentes de ambos departamentos señalan que no les consultaron antes de hacerlo público para recabar también su versión y que las protestas a las que hacen referencia corresponden a la gestión del anterior Gobierno. También critican que, durante la presentación del informe, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, asegurara que el servicio tal como se está prestando "pone en riesgo" a las mujeres.

Fuentes de UGT aplauden el compromiso asumido por el Gobierno y añaden que estarán vigilantes con la revisión de los pliegos. Desde el sindicato señalan que llevan años denunciando las condiciones de las trabajadoras en ambos servicios, con distintos gobiernos, y que con el informe pretendían sumar. UGT ha pedido una reunión formal con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, con la que aseguran que sí contactaron antes de elaborar su informe de denuncia.

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