Una sentencia canónica admite que la Iglesia “miraba hacia otro lado” ante los abusos

El tribunal eclesiástico de la diócesis de Mallorca dictó una sentencia canónica en marzo de 2013 sobre un caso grave de abusos a menores en la que admite la culpa de la Iglesia por encubrimiento de estas conductas. EL PAÍS hace pública esa sentencia, oculta hasta ahora como el resto de las impuestas por tribunales eclesiásticos.

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La resolución canónica, protegida por el secreto pontificio, se produjo con el papa Francisco recién elegido y vigente en Roma la doctrina de tolerancia cero frente a la pederastia. El fallo del tribunal eclesiástico admite en su apartado de hechos probados que “con el paso del tiempo se ha dejado de encubrir a estas personas [curas pederastas], que por el cargo que ejercían aparecían ante la sociedad adornadas de una honradez fuera de toda duda”.

La sentencia también señala las debilidades de la Iglesia frente a estos casos: “Se miraba, con frecuencia, hacia otro lado, disimulando los hechos que aparecían. Hoy en día se habla de tolerancia cero ante los comportamientos abusivos, de los cuales se considera un agravante la autoridad con que los abusadores se presentan delante de las víctimas inocentes menores de edad”. Firmada por tres jueces y un notario eclesiásticos, todos ellos sacerdotes, la sentencia aplicó a este caso el castigo más duro que prevé el Código Canónico: “Siendo muy graves, por su naturaleza y también por su número, los abusos sexuales cometidos por el acusador, se le impone a Pere Barceló Rigó, presbítero, la pena máxima de expulsión del estado clerical”.

Es la primera sentencia eclesiástica en España tras el endurecimiento de la política vaticana que impuso el papa Benedicto XVI que concluye con la expulsión del sacerdote abusador. Los hechos juzgados se remontan a 1998, cuando el catequista Mateu Ferrer sorprendió al cura Pere Barceló en ropa interior junto a una niña de 10 años en el sofá de la parroquia de Can Picafort. Ferrer investigó el caso por su cuenta, preguntó a otros niños de la catequesis, habló con el sacerdote que había ocupado la plaza antes del supuesto abusador y conoció otros abusos del mismo cura en Cala Rajada a otras niñas. Durante ese tiempo, el sacerdote siguió abusando de la menor. Ese mismo año, el catequista comunicó los hechos a la diócesis de Mallorca y a las autoridades civiles.

La Iglesia no hizo nada, ni siquiera abrió un procedimiento en el tribunal eclesiástico. El fiscal Pedro Horrach ordenó diligencias para investigar lo sucedido, pero la niña a la que el catequista había visto con el sacerdote negó los abusos y la causa se archivó un tiempo después. Tuvieron que pasar más de 10 años para que el caso renaciera tras un reportaje que emitió la televisión autonómica de Cataluña, TV3, donde se recordaba el episodio de Can Picafort. El obispado de Mallorca se movilizó y abrió un procedimiento a comienzos de 2011. En febrero de ese año, una mujer que supuestamente había sufrido abusos de Pere Barceló en Cala Rajada —ya prescritos ante la justicia— denunció los hechos a través de la asociación de la Red de Ayuda de Niños Abusados (RANA) ante la diócesis de Mallorca. En marzo, el obispo, monseñor Murgui Soriano, decidió “cesar de todos los oficios pastorales, apartar de todo trato con menores y prohibir el ejercicio público del ministerio” a Barceló.

Roma no solo avaló esta decisión, sino que la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el también mallorquín Luis Francisco Ladaria, levantó el plazo de prescripción de los supuestos delitos y ordenó abrir el proceso penal contra el sacerdote. La víctima que dio origen a este caso y que negó los abusos en 1998 admitió por primera vez los hechos en noviembre de 2012 y también se animó a denunciarlos tanto a la justicia ordinaria como en la diócesis. En su declaración ante el Tribunal Eclesiástico detalló cómo Pere Barceló la había violado en una decena de ocasiones. Además de abusar de ella, el cura hizo uso de la violencia física, según su relato. Le agarraba los brazos cuando ella forcejeaba o le “tapaba la boca cuando ella sufría dolor ante la penetración”. La víctima explicó que si no lo contó en su día fue por miedo ante las amenazas del cura: “Me avisó de que si decía algo lo pagaría caro”.

El acusado negó todos los hechos ante los jueces eclesiásticos y los atribuyó a una venganza del catequista que lo denunció y del cura que ocupó antes su puesto en Can Picafort. En marzo de 2013, el tribunal eclesiástico falló contra el sacerdote, al que expulsó del estado clerical. Es la primera vez que la Iglesia condena a un sacerdote a la máxima pena antes de que se publique una sentencia por los mismos delitos en la justicia civil. La Iglesia católica española silenció durante décadas los casos de pederastia que instruyó en sus tribunales eclesiásticos o conoció. Tampoco hizo públicas las medidas que adoptó, si lo hizo, contra los abusadores. Las 70 diócesis españolas guardan silencio sobre los casos de pederastia que han instruido en las últimas décadas, se niegan a facilitar las sentencias de sus tribunales eclesiásticos porque siguen estando, sostienen, bajo secreto pontificio.

La Conferencia Episcopal rechaza, de momento, revisar el pasado de abusos como han hecho las cúpulas eclesiásticas en Alemania, Irlanda y Francia. Desde que EL PAÍS hiciera pública esta circunstancia, más de 200 personas han trasladado a este periódico su experiencia como supuestas víctimas de abusos a manos de curas que nunca se atendieron por parte de la Iglesia. Los casos abarcan desde la década de los cincuenta hasta nuestros días. En los tribunales de justicia apenas hay 40 sentencias condenatorias a curas en los últimos 30 años.

Los protocolos de la Iglesia, hasta hace dos años, no obligaban al obispo a poner en conocimiento de los tribunales de justicia ordinarios las denuncias de abusos que recibiera. La Conferencia Episcopal ha creado una comisión para actualizar los protocolos y obligar a los obispos a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. 

En los últimos días, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha admitido que durante años la Iglesia española guardó un “silencio cómplice” ante los casos de pederastia, aunque lo enmarcó en un contexto de “inacción de toda la sociedad”. El consejo presbiterial de Salamanca también emitió un comunicado en el que pide perdón por los casos de abusos sexuales que EL PAÍS ha destapado en las dos últimas semanas: “Reconocemos que es un escándalo y asumimos como propio el dolor causado sinceramente y pedimos perdón”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es